Una nueva ronda de indagatorias comenzará este viernes en la causa en la que
se investigan supuestas maniobras de espionaje político ilegal protagonizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos y concluirá en octubre con las declaraciones del secretario privado del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, convocó para mañana a las 10.30 al abogado y exagente de la AFI, Facundo Melo, quien ampliará su declaración indagatoria a través de la plataforma Zoom, en una audiencia virtual de la que también participarán los fiscales que llevan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
La nueva ronda de indagatorias implicará las ampliaciones de unos veinte exagentes de la AFI, la de la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo; las declaraciones de Arribas y Majdalani; y la primera convocatoria a Dario Nieto, secretario de Macri, para el 6 de octubre.
A todos se los acusa de “haber conformado una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”, desde la cual llevaron a cabo actividades de inteligencia ilegal en distintos períodos y en diversas jurisdicciones, según surge de la imputación que les fue remitida hoy a las partes y la que Télam tuvo acceso.
“Se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política”, sostuvo el juez Augé en el texto en el que detalló cómo fueron las maniobras que tuvieron como víctimas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.
Tanto los fiscales como el juez ubicaron a Arribas y Majdalani en lo más alto de la estructura del espionaje ilegal, en tanto que el magistrado especificó que “el objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país”.
“Las órdenes que (Arribas y Majdalani) impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”, sostuvo el juez.
Debajo de ellos se habrían ubicado el exjefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, y el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, quienes habrían oficiado de canal funcional para dar las órdenes a los espías que llevaban a cabo las tareas en el territorio, según surge del expediente judicial.
Al detallar los hechos, Augé señaló que “durante los años 2018 y 2019” fue observado y vigilado el jefe de Gobierno porteño, de quien “se tomaron fotografías y se efectuaron reportes enviados a los distintos grupos de WhatsApp que integraban los imputados en autos”, a la vez que relató que uno de los operativos se centró en analizar la relación existente entre Larreta y Analía Palacios, por entonces presidenta de la Comuna 9 de CABA.
“Otro objetivo de los agentes de la AFI consistió en analizar el vínculo existente entre Rodríguez Larreta, Ramón Muerza (representante gremial del Sindicato de Empleados de Comercio) y el empresario Alfredo Coto”, detalló el juez.
“Durante al menos diciembre de 2017 y julio de 2019 efectuaron acciones con el propósito de observar y vigilar de manera progresiva los movimientos y vinculaciones de Hugo y Pablo Hugo Antonio Moyano, como también respecto de movimientos políticos o sindicales en los que participaban los nombrados junto a otros dirigentes”, sostuvo el magistrado en otro pasaje del texto de más de 130 páginas en el que detalló maniobras para perjudicar judicialmente al líder de Camioneros.
La Vicepresidenta fue víctima de acciones de espionaje ilegal durante los años 2018 y 2019, según surge de las conversaciones que mantuvieron por alguno de los espías dentro de las cuales se destaca un mensaje del 30 de diciembre de 2017, en el que señalan que “Cecilia Moreau (la hija de Leopoldo) que está con (Sergio) Massa y tiene muy buena relación con el Coti (Enrique) Nosiglia es la que estaría negociando un acercamiento entre Massa y CFK”.
La organización también tuvo como “objetivo” la realización de tareas de espionaje sobre el entonces jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, en mayo de 2018; lo que para los investigadores probaría que había interés en conocer los movimientos políticos del dirigente que por esos días estaba en tensión con su propio espacio político y con Macri.
Otro de los “objetivos” que tuvieron los imputados fue el empresario Salvatore Pica, pareja de Florencia Macri, hermana del ex Presidente de la Nación: las actividades ilegales consistieron en recopilar información pública del nombrado a fin constatar cuál era el domicilio donde se encontraba residiendo para luego realizar observaciones en las inmediaciones de ese lugar con el propósito de determinar sus movimientos y dejar todo registrado mediante grabaciones y fotografías.
