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Un proyecto de ley para declarar “bien histórico nacional” al Batallón de Infantería de Marina Nº5 (BIM 5) de la ciudad fueguina de Río Grande terminó reavivando el pedido de justicia por crímenes impunes y delitos de lesa humanidad cometidos por personal de esa dependencia durante la última dictadura militar, según reconstruyó Télam con distintas fuentes oficiales.
La iniciativa presentada en el Congreso por el senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco tuvo una derivación inesperada, cuando comenzaron a aparecer testimonios sobre homicidios sin resolver y otros hechos que estuvieron 38 años silenciados en la provincia.
El BIM 5 es una institución muy arraigada entre los riograndenses por su “incuestionable vinculación con el crecimiento de la ciudad en una zona patagónica de frontera” y por la “participación de algunos de sus integrantes en la guerra de Malvinas de 1982”, reconoció Yolanda Dips, miembro de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, en diálogo con Télam.
Sin embargo, esas circunstancias “no pueden tapar los crímenes” que comenzaron a salir a la luz a partir del proyecto para preservar las instalaciones del batallón, advirtió Dips.
Según contó la dirigente, uno de los casos es el de la maestra Florencia Angélica Rojas, conocida como “Lita”, quien el 13 de diciembre de 1982 recibió un balazo disparado desde el casino de oficiales del BIM 5 y murió a las pocas horas en el hospital de la ciudad.
Por entonces, el batallón estaba a cargo del capitán Carlos Robacio, y según la multisectorial de derechos humanos, el caso “nunca se investigó”, “no hay registros oficiales del hecho” y los familiares recibieron cómo única explicación por parte de Robacio que “un grupo de militares estaban pasados de copas y uno disparó”.
“Lita estaba con unas amigas dando la típica vuelta al perro en el auto. Ella viajaba como acompañante. La llevaron al hospital y murió. Nadie fue enjuiciado y en plena dictadura no era fácil reclamar”, sostuvo Dips.
Por su parte Nelly Gómez, una de las tres amigas de la maestra que viajaban a bordo del mismo vehículo “marca Renault”, recordó que habían salido a tomar un café para celebrar la finalización del año lectivo y que unos días después se iban de vacaciones.
“Me acuerdo que al pasar por el casino había chicos festejando el egreso de la escuela y tiraban petardos. Lita se quedó callada. No decía nada. Después descubrimos sangre y la llevamos urgente al hospital. El auto tenía varios orificios de bala”, señaló Gómez a una radio de Río Grande.
También dijo que al día siguiente hubo una manifestación de protesta, pero que al poco tiempo, un militar del BIM 5 le hizo saber que “te conviene dejar de joder porque ya sabemos quién sos y dónde vivís”.
Otro crimen vinculado al mismo batallón tuvo lugar en junio de 1982, todavía durante la guerra de Malvinas.
La víctima fue Marcela Andrade, “una niña de 9 años que viajaba en el auto de sus padres cuando en circunstancias nunca esclarecidas le dispararon desde el interior del BIM 5”, reveló un comunicado de la multisectorial fueguina de derechos humanos.
Dips agregó que sobre este crimen “existe muy poca información” y que “según una de las versiones, la familia estaba paseando, le dieron la voz de alto y luego le dispararon al auto hiriendo de muerte a la pequeña”.
Además, quienes objetan la declaración del BIM 5 como lugar histórico sostienen que aunque es reconocido el desempeño de miembros de la guarnición militar durante la guerra de 1982, en especial por “la defensa de monte Tumbledown frente a las tropas del Reino Unido”, varios de los jefes del batallón fueron “partícipes directos del terrorismo de Estado, y aplicaron tormentos, torturas y estaqueamientos a su propios soldados”.
“No nos olvidamos de los casos de Rodolfo Oscar Cionchi (alias el Gordo Tomás) y Cesar Binotti, presos por delitos de lesa humanidad, tampoco de Carlos Bianchi quien, reproduciendo las mismas perversiones y atrocidades de los dos primeros, fue denunciado por sus soldados y posteriormente, en 2007, apartado de la fuerza y de la jefatura de dicha Unidad de Combate por decisión del Ministerio de Defensa de la Nación”, detalló el comunicado de la multisectorial riograndense.
Por estos hechos, y otros denunciados por ex combatientes de la provincia de Corrientes, todavía tramita una causa penal en el Juzgado Federal de Río Grande, donde la jueza Mariel Borruto ya ordenó el procesamiento de cuatro ex oficiales y llamó a indagatoria a otros seis, confirmaron fuentes judiciales.
Los organismos de derechos humanos consideran que con estos antecedentes, nombrar al BIM 5 como “bien histórico” constituye un “antecedente peligroso” sobre todo para “otras unidades militares”.
Sin embargo, el senador Pablo Blanco defendió el proyecto y pidió separar “a las instituciones de las personas que las componen y de los hechos que puedan haber protagonizado”, afirmó en dialogo con Télam.
“El BIM 5 es una institución muy importante para la ciudad de Río Grande, por su historia y en especial por el rol durante el conflicto de Malvinas”, destacó el dirigente radical.
También recordó que la legislatura provincial aprobó en mayo de este año una resolución solicitándoles a los diputados y senadores fueguinos que impulsaran un proyecto como el que ahora se cuestiona.
“La propia Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue declarada monumento histórico nacional en 2008 por un decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere decir que una declaración de este tipo no implica absolver a nadie de los crímenes que pueda haber cometido”, argumentó el senador.
