El ex presidente de EcuadorRafael Correa se enfrenta a la última instancia legal en su país, donde un tribunal de casación dará a conocer la
sentencia definitiva en el llamado caso “Sobornos 2012-2016”, de la que dependen sus aspiraciones políticas.
El ex Jefe de Estado fue condenado este año en primera y segunda instancias a ocho años de prisión y de inhabilitación política tras haber sido declarado culpable del delito de cohecho.
La resolución oral del tribunal de casación que, además de Correa, involucra a otros quince sentenciados, se conocerá en la capital ecuatoriana.
Así quedó determinado el pasado viernes tras la deliberación de los jueces que presidieron las audiencias de casación que comenzaron el jueves.
El caso “Sobornos” es sobre una supuesta red de corrupción mediante la cual se recibieron presuntamente “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
Durante la audiencia de casación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, explicó que el recurso de casación es técnico, y hay prohibición de reexaminar los hechos del Tribunal y volver a valorar la prueba.
En la segunda y última jornada de esas audiencias intervino Correa, vía telemática desde Bélgica, donde reside desde que dejó el poder en 2017.
“Jamás he permitido un soborno, es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí”, dijo el exgobernante, acusado como presunto autor del delito de cohecho.
El recurso de casación es la última instancia en Ecuador presentada por los 16 sentenciados que, además, definirá el futuro electoral de Correa, ya que tras este procedimiento legal las sentencias de primera y segunda instancias quedarían ejecutadas.
De ratificar el tribunal que no se produjeron irregularidades en el debido proceso, Correa no podrá participar en la vida política de su país, que se apresta a designar en 2021 al sucesor del gobernante Lenín Moreno, y a renovar la Asamblea Nacional.
En una transmisión telemática, en vivo, desde Bélgica Correa dijo la semana pasada aceptar su precandidatura a la Vicepresidencia, al mismo tiempo en que su hermana y representante legal intentaba registrar el proceso en las oficinas del CNE en Ecuador.
Al cierre de la aceptación de las precandidaturas el CNE tenía registrados 16 precandidatos presidenciales y 15 vicepresidenciales pues, según una enmienda de 2012, debe hacerse de forma “personalísima”.
Si el Consejo llegara a aceptar su nominación, lo que parece improbable a estas alturas, Correa disfrutaría de inmunidad temporal, y dependería solo del dictamen de casación que se conocerá este lunes.
Correa y su movimiento político actual, la Revolución Ciudadana, acusan a la Justicia ecuatoriana de una supuesta “politización” y de actuar bajo el influjo del Gobierno liderado por Moreno, quien fue su vicepresidente y correligionario, pero que se convirtió en uno de sus acérrimos críticos.
El ex Jefe de Estado (2007-2017) tilda de “traidor” a Moreno y asegura que, a través de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 7 de febrero, lograrán “recuperar la Patria”.
“Es evidente que todo es para inhabilitarme. La realidad es que están inmerecidamente inmortalizándome. El dolor es por la gente decente -funcionarios públicos y empresarios- que destruyen por dañarme a mí. Tanta infamia no pasará el juicio de la historia”, escribió Correa este lunes en Twitter.
Fuente: EFE y Clarín
PB
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