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El Gobierno de Río Negro dispuso un aumento salarial para el personal policial provincial, que llevará el sueldo mínimo a $ 40.000, por lo que los integrantes de la fuerza decidieron levantar las protestas que llevaban a cabo en distintas ciudades.
El encargado de transmitir la decisión fue el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, quien dio precisiones a la vocera de los familiares de policías, Priscilla Gómez de Saravia, en un encuentro que mantuvieron ayer en San Carlos de Bariloche.
“Un agente policial que recién se inicia ganará 40.000 pesos netos y la actualización salarial alcanza el 30% para las categorías hasta sargento ayudante y 23% para los cargos superiores”, se informó.
Anoche, tras la ratificación del aumento salarial y con el compromiso de que no habrá sanciones para quienes se manifestaron en las regionales de las principales ciudades de Río Negro, los efectivos decidieron levantar las protestas.
La nueva grilla salarial de los policías y del Servicio Penitenciario Provincial incluye la “eliminación del sistema de guardia por tercias, y el compromiso de trabajar en la revisión de la Ley del Punto Policial, que fija los parámetros para la escala salarial”.
El jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Jara, destacó el incremento y detalló aspectos del sistema de guardias que se implementará a partir del 1 de octubre.
“Se fueron analizando las distintas posibilidades, y se llevó a $40.000 el sueldo neto, que con el agregado de otros ítems alcanza $46.000, lo que repercute directamente en los sueldos de los retirados y pensionados”, explicó.
El incremento se brindará en un solo tramo con los haberes de septiembre, a cobrarse en octubre, completó.
En tanto la gobernadora, Arabela Carreras, aseguró hoy que la toma de tierras -que en su provincia afecta a la zona de El Bolsón y Villa Mascardi- “es un problema complejo que no tiene soluciones lineales”.
En ese sentido, al hablar por radio La Red, Carreras se mostró “sorprendida” por el fallo del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien dispuso que el Estado disponga una solución habitacional en 15 días para quienes toman tierras en terrenos del INTA, en El Bolsón.
“En el caso de la toma de tierras del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en El Bolsón, el juez sorprendió con un fallo en el que no solo no hace lugar al desalojo, sino que impone encontrar una solución habitacional para unas 200 familias en 15 días”, explicó la mandataria rionegrina.
“Es un fallo sorprendente por sus fundamentos y por su parte resolutiva, que es de imposible cumplimento, y nosotros lo vamos a apelar”, resumió.
Carreras aseguró que la toma de tierras “es un problema complejo que no tiene soluciones lineales” al explicar que “en algunas personas hay una matriz de necesidad y pobreza, aunque también hay especuladores y organizaciones sociales que fomentan la toma de tierras”.
“Nosotros no nos sentimos solos, estamos trabajando con el Gobierno nacional aunque no pensemos igual siempre”, subrayó.
En este sentido, reiteró sus críticas hacia el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) por “no distinguir entre lo que es una comunidad pacífica que reivindica sus derechos a la ocupación de tierra y un grupo encapuchado y violento que azota a una región”.
“Nosotros no avalamos la violencia en ningún sentido, ni los desalojos violentos como en el caso de Mascardi que se llevaron una vida, pero somos muy firmes en que la única salida es con la ley en la mano”, manifestó la gobernadora.
En otro orden, al ser consultada sobre la situación de la provincia en relación a la pandemia de coronavirus expresó que tienen “un sistema de salud fuerte”, aunque reconoció que “en algunas localidades no hubo camas y hubo que hacer traslados de pacientes a otras localidades”.
También indicó que tienen “camas de terapia intensiva para armar, con todo el equipamiento, pero a veces faltan médicos intensivistas, lo que es un problema en varias provincias”.
