El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró hoy que las modificaciones en el régimen de coparticipación deben abordarse “en el Congreso
de la Nación”, cuestionó la decisión del Ejecutivo porteño de recurrir a la Corte Suprema y entendió que hubo “un robo a favor de la Ciudad” cuando en 2016 le aumentaron los fondos coparticipables.
“Esto debe resolverse en el Congreso, ir a la Justicia es echar un balde de nafta en el fuego”, remarcó el letrado, quien sostuvo que “no hay derechos adquiridos cuando ha habido un robo”, en referencia al decreto a través del cual en la gestión de Cambiemos le fueron concedidos fondos coparticipables extra a la ciudad de Buenos Aires.
“No creo que la iniciativa de ir a la Justicia resuelva esto porque la Corte no puede tomarse la atribución de poner alícuotas y, si tiene que aplicar un fallo, tiene que declarar la nulidad de los decretos desde el 2003; es jugar con fuego”, dijo el letrado en declaraciones a radio Provincia.
Allí, remarcó que “la única alternativa es el Congreso” porque “ahí se debe dar el debate”.
“Esto debe resolverse en el Congreso, ir a la Justicia es echar un balde de nafta en el fuego””
En ese sentido, criticó el planteo del gobierno porteño de pedir que se suspenda la quita del punto de coparticipación, en tanto se resuelve la cuestión de fondo.
De esta forma, se refirió a la decisión del Gobierno nacional que, a través de un decreto, dispuso una quinta de un 1 por ciento de los fondos coparticipables que recibe el distrito porteño en favor de la provincia de Buenos Aires, para la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
“Coincido que una resolución cautelar no puede implicar prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, de manera que veo fantasmática esta intención de buscar que no se avance en la modificación del porcentaje”, planteó.
Agregó que “no hay derechos adquiridos cuando ha habido un robo” y señaló que “el 3,75 % transmutado a 3,50 es un robo a favor de la Ciudad”, motivo por el que dice que “no” advierte “elementos de racionalidad”.
Barcesat explicó que “la Ley de Coparticipación Federal establece un mecanismo complejo para la aprobación” porque “primero debe ser aprobado por el Senado y se debe lograr el 50 % + 1 del total de ambas cámaras y además debe ser ratificada por las 23 legislaturas y la Capital Federal”.
“Si se hace una ley correcta, las provincias lo van a ratificar, porque han tenido su voz y voto, pero hay que ponerle término a esto porque si la Corte tiene que fallar de acuerdo a derecho debe anular todo desde el 2003 con lo cual la Ciudad de Buenos Aires se quedaría sin coparticipación”, advirtió.
