La Corte otorgó una licencia de 30 días a los jueces removidos por los K

de Justicia antes de resolver el fondo del asunto: si es constitucional o no -como sostienen los magistrados-, el desplazamientos de los cargos que asumieron en 2018, les concedió una licencia de treinta días. Contaban con una de carácter ordinario hasta el 6 de octubre, y no había mayores certezas sobre qué ocurriría aquel día. Por lo pronto algo quedó en claro: sus cargos no podrán ser ocupados por otras personas.

Los jueces se encuentran con una licencia ordinaria requerida desde que el presidente Alberto Fernández firmó tres decretos avalando la remoción de sus cargos. Ese pedido de vacaciones adeudadas está vigente hasta el 6 de octubre, si para esa fecha la Corte no resuelve si es nula la remoción votada por el Congreso o válida, la opción era requerir otra licencia. “Dejamos la decisión en manos de la Corte”, señalaron ante la consulta de Clarín.

El escenario plantea de a momentos, una buena noticia: el tema de fondo del per saltum presentado por los tres jueces será tratado por la Corte Suprema de Justicia, pero había dudas sobre si el carácter suspensivo de la decisión del Máximo Tribunal, los habilitaba a regresar a sus cargos hasta que se expidan definitivamente.  

La primera certeza es que sus cargos no serán ocupados por otros jueces. El riesgo que esto presentaba, era que si asumían nuevos magistrados, prestando juramento si después había un pronunciamiento de la Corte para, por ejemplo, que Bruglia, Bertuzzi y Castelli sean restituidos, iba a ser de imposible cumplimiento. El Máximo Tribunal en su acordada ordenó el panorama.

Por un lado, dijo que era admisible el planteo de los tres magistrados y por el otro, ordenó al Consejo de la Magistratura que no avance en la cobertura de las tres vacantes, aún resta la decisión final de la Corte sobre el asunto neurálgico: si es inconstitucional o no la decisión adoptada por el Congreso de revisar el traslado de los magistrados.

En el caso de Bruglia y Bertuzzi, son integrantes de la Sala I de la Cámara federal porteña. La misma es responsable de la revisión de los fallos y decisiones de los jueces de instrucción. Fueron quienes intervinieron la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, confirmando los procesamientos contra Cristina Kirchner y los pedidos de prisiones preventivas (que después la Cámara de Casación dejó sin efecto).

Por otro lado, el juez Germán Castelli en 2018, fue trasladado de San Martín al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que es el responsable de realizar el juicio contra Cristina Kirchner y más de 50 procesados en el caso de los Cuadernos de las Coimas. Al igual que los camaristas, planteó ante la Corte la “inconstitucionalidad” de las medidas adoptadas por el Consejo de la Magistratura, el Congreso y finalmente el propio Presidente.

Ahora cuentan con una licencia de 30 días concedida por la Corte que a su vez, se instaura como un plazo ganado por el Máximo Tribunal para recibir información del Consejo de la Magistratura, del Procurador General de la Nación -aunque no sea vinculante su planteo-, y otros datos que pidieron. 

Hasta tanto la Cámara federal porteña funcionará con dos integrantes, Martín Irurzun y Mariano Llorens (este útlimo se recupera tras haberse contagiado de Covid19). Fue la Sala I la responsable de intervenir en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, confirmando los procesamientos contra la vicepresidenta. En tanto el TOF 7, responsable de realizar el juicio de dicha investigación, en el presente cuenta con dos jueces y así permanecerá hasta que haya un pronunciamiento final de la Corte.