Cristóbal López, a un paso de entrar a la moratoria fiscal con su firma Oil Combustibles

pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina Kirchner. La denuncia se radicó por una cifra que asciende a 8.000 millones de pesos. La anterior gestión de la AFIP sostenía que entre punitorios e intereses, la deuda supera los 10.000 millones. La jueza a cargo del proceso de quiebra estaba por distribuir entre los acreedores 100 millones de dólares. Sin embargo, el empresario K solicitó ingresar a la nueva moratoria fiscal y ahora la justicia lo habilitó a iniciar el trámite, que es casi automático.

Para acceder a la moratoria, fueron tres escritos los que presentó la defensa de Cristóbal López en el marco de la quiebra. El primero solicitaba a la jueza Valeria Pérez Casado, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 5, que detenga la distribución de los U$S 100 millones. Esa cifra es resultado de la venta de los principales activos de Oil Combustibles. Si se avanza con dicha instancia, lo que se hace es concluir con el proceso de quiebra, es decir, la liquidación total de la firma.

Ante ese primer requerimiento, la jueza sólo concedió un plazo de 90 días, porque además la empresa estaba buscando un avenimiento con la AFIP, es decir, un acuerdo para llegar a una modalidad de pago que no implique la distribución de los fondos de Oil. Transcurrido el tiempo, Pérez Casado dijo que no se había logrado tal negociación, y que la moratoria fiscal aún no se había aprobado en el Congreso.

Pero con el proyecto convertido en ley, los abogados de Oil volvieron a presentarse ante la magistrada a cargo de la quiebra, informando la intención de acogerse a la moratoria fiscal cuando sea reglamentada. También pidieron la suspensión de los plazos para la liquidación final de la petrolera.

La reglamentación de la ley se produjo hace poco más de diez días. Entonces los abogados realizaron el pedido formal ante la jueza para que se los autorice a avanzar en el ingreso a la moratoria. Para eso era necesario un paso: el trámite ante la AFIP, pero el mismo no puede ser iniciado por terceros, el trámite debe ser hecho por el contribuyente. Como la petrolera cuenta con síndicos tras su intervención y posterior quiebra, la defensa de López solicitó que se autorice a la sindicatura “para que delegue a la fallida la subadministración del relacionamiento con AFIP o,al menos, el acceso a ciertas áreas indispensables”.

Sin esta decisión, Cristóbal López no podía iniciar el trámite ante el fisco para acogerse a la moratoria fiscal. En un breve escrito, la jueza Pérez Casado autorizó hacer lugar a ese pedido, y finalmente Oil Combustibles comenzó a tramitar ante el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont el ingreso al plan de facilidades de pago. Este trámite es prácticamente automático una vez que se solicita. Por eso los abogados Oil pidieron a la justicia que hasta “el ingreso inicial al acogimiento a la moratoria fiscal 2020, se mantenga la suspensión de los actos liquidatorios”.

¿Por qué una empresa quebrada y sin funcionamiento pudo pedir una moratoria, aún  cuando sus dueños están bajo juicio oral por un supuesto fraude multimillonario al Estado? Porque así lo contempla la nueva ley que impulsó el presidente Alberto Fernández. 

Con la petrolera en proceso de quiebra, apostar a una moratoria para saldar su deuda era impensado. Pero el oficialismo aprobó modificaciones que allanaron el camino para Oil Combustibles: la nueva normativa incorporó como excepción que podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas que estén en proceso de quiebra. Y además, ahora sí pueden ingresar las deudas generadas por el ITC.

Así, López busca que la deuda de Oil ingrese en la moratoria y obtener una plan de pagos que además proporciona una quita de intereses. 

Otra discusión se abre en este punto. El juicio penal se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.

Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP, con la cual fue beneficiada por Ricardo Echegaray.

Hay otro reclamo reciente por parte del fisco: le reclaman una deuda de 20 millones de pesos generada durante estos dos años de su proceso de quiebra. La cifra que Oil finalmente podría incorporar a la moratoria, abre así, otro gran interrogante.

Según estableció la justicia federal en la instrucción de la causa, la petrolera fue utilizada por López para no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner. La deuda ascendió a 8.000 millones de pesos, y con dichos fondos -que mes a mes debían tributarse- el empresario K “se financió y amplió su conglomerado” adquiriendo más firmas, según corroboró la Justicia.

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