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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que el objetivo principal en el desalojo de los terrenos ocupados en Guernica fue “encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley”.
“El objetivo primordial del Gobierno de la PBA fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley”, indicaron fuentes oficiales.
El Gobierno bonaerense indicó a través de voceros que “antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado” y agregó que “luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados”.
En un repaso de los hechos, el gobierno de Axel Kicillof recordó que “luego de la denuncia judicial, el juez interviniente estableció un plan de trabajo para conseguir un desalojo voluntario del terreno”.
“El objetivo primordial del Gobierno de la PBA fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley””
“En el marco de ese plan de trabajo se realizó un censo entre los ocupantes que identificó 1904 personas. Del cruce con los datos del Renaper surgió que había 1098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente”, agregaron las fuentes.
Se precisó, asimismo, que la provincia de Bueno Aires “conformó un comité interministerial encabezado por el Ministro de Desarrollo de la Comunidad que se instaló en el territorio durante 40 días para encontrar una solución pacífica y voluntaria, ofreciendo distintas propuestas “a medida” para cada una de las familias”.
Además se recordó que el 29 de septiembre se presentó el Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que comprende distintas políticas, como “la construcción de viviendas, reactivación de obras de viviendas, generación de lotes con servicios, mejoras habitacionales, proyectos integrales de urbanización en barrios populares, regularización de actas y escrituras, Procrear y un registro provincial de demanda habitacional”.
“Con 734 familias se llegó a un acuerdo por el que se retiraron del predio”, según destacaron las fuentes y, de acuerdo a las necesidades recolectadas, se establecieron distintas medidas de auxilio para las necesidades más urgentes.
Entre ellas, algunas familias solicitaron materiales de construcción, y a otros se los asistió con medicamentos, alimentos, productos de higiene, colchones y frazadas.
“En un trabajo interdisciplinario también se realizaron operativos de documentación, de vacunación y de atención a situaciones de violencia de género”, se enumeró.
También “se establecieron tres paradores de forma transitoria para aquellas personas que no tuvieran donde ir hasta tanto se avance en las distintas propuestas de soluciones habitacionales que está desarrollando la provincia”.
El relevamiento oficial también recuerda que “con conformidad del fiscal y el juez interviniente se solicitaron 2 prórrogas para avanzar con el desalojo voluntario y pacífico”.
Se resaltó también que “después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial”.
“Por decisión del juez y a pedido del fiscal, dentro del plazo establecido y sin posibilidad de prórroga, habiendo agotado todas las instancias de diálogo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la orden de desalojo establecida, en las condiciones que ordenó el juez y con presencia y supervisión del Poder Judicial”, concluyeron las fuentes.
