Amado Boudou se convirtió en el primer ex vicepresidente de la Nación con condena firme en un caso de corrupción. La Corte Suprema de Justicia convalidó al Tribunal Oral
Federal 4 (TOF 4), que en agosto de 2018 lo encontró responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles, por la compra-venta de la imprenta Ciccone. Mientras el juez de ejecución de esa sentencia define la situación de Boudou, la causa en su contra por supuesto enriquecimiento -que lo llevó a prisión por primera vez- se convirtió en un expediente complejo que puede complicar al ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner.
En noviembre de 2017 el ex vice quedó detenido por orden del juez Lijo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La imputación del caso sostiene que Boudou fue “jefe de una asociación ilícita”, y que entre otras cosas esa estructura delictiva se utilizó para operaciones de lavado de dinero.
Aquella primera imputación derivó en la detención y posterior indagatoria de Boudou, una secuencia inversa a los procedimientos legales y por la cual Lijo fue ampliamente criticado. La fiscalía de Jorge Di Lello había detectado varias inconsistencias en su patrimonio, después de un peritaje contable ordenado por el juez que llevó más de dos años.
Di Lello determinó que Boudou contaba con “bienes que no puede justificar con sus ingresos”. Y que aquellas inconsistencias son “diversas y de importante envergadura”. Otra conclusión que fue determinante tras la finalización del informe pericial, es que el ex vice montó una “ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos”.
Como maniobra medular, el juez refirió al blanqueo de capitales del socio y amigo del ex vice -también condenado por Ciccone- Núñez Carmona con el dinero “de origen ilícito” que hicieron circular en el mercado.
Núñez Carmona se acogió al régimen fiscal en 2009 e ingresó al circuito legal 4.2 millones de pesos y 795.000 dólares, que convertidos a pesos a la cotización de esa fecha sumaban 7.267.850 pesos. Para esto blanquearlos, tuvo que pagar 72.678,5 pesos.
Esto se reflejó en las Declaraciones Juradas del 23 de agosto de 2009 y el 10 de noviembre de 2010, como también se plasmó en una modificación en su patrimonio de $1.585.602,14 al inicio del ejercicio del año 2007 a $7.748.007,49. Así, al finalizar ese período; representando un incremento patrimonial cuantitativo del 388,65% en el lapso de un año.
El juez Lijo consideró que Boudou y su amigo “fueron inyectando en el conjunto de sociedades que compartían, ya con apariencia lícita” las sumas de dinero “para aplicarlo a otros destinos con un origen presuntamente legal”.
Este vínculo societario, “no contaba con la capacidad ni la actividad económica tal que le posibilitara llevar a cabo ese blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionario público no podía acogerse a dicho régimen”, plantea la resolución.
“Existen elementos suficientes que permiten presumir que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública”.
Entre otras cosas, a Boudou se lo acusa de poner en “circulación en el mercado legal 80.000 dólares de origen ilícito”, a través de su declaración en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal del año 2002, realizada en 2009, sin “justificación de su origen y con la intención de generarle una apariencia lícita a ese dinero”.
En función del requerimiento de justificación, se señaló que el monto total objeto del delito de lavado de activos ascendería a 4.238.900 pesos y 995.000 dólares.
Con el avance de la instrucción, Lijo le amplió la imputación sumando nuevos hechos que se desarrollaron dentro de aquella estructura societaria. Así, hubo una nueva indagatoria y se sumó un segundo requerimiento de justificación. Boudou respondió a ambos pedidos explicando los números de su riqueza.
Cuando la causa parecía estar en un parate, el juzgado avanzó sobre nuevos hechos y maniobras que devinieron en un nuevo pedido de justificación no sólo para el ex vicepresidente sino también para Núñez Carmona.
Ahora el juez tiene que realizar un nuevo llamado a indagatoria sobre la última ampliación de su acusación por presunto enriquecimiento ilícito, y finalmente resolver la situación procesal de Boudou.
No son los únicos procesos que tiene abierto el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner. Fue enviado a juicio oral por rendir viáticos con facturas apócrifas cuando era Ministro de Economía y además la justicia federal de Formosa debe resolver cómo seguirá en el caso donde se lo acusa junto a Gildo Insfrán de corrupción en la renegociación de la deuda de la provincia con el Estado.
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