En el juicio por la obra pública, la defensa de Cristina Kirchner no logró desmentir los sobreprecios para Báez

las 83 que se lanzaron en suelo santacruceño, y un conjunto de irregularidades que llevaron a Cristina Kirchner, a su ex socio comercial y a otros catorce acusados a juicio por presunta corrupción. Las defensas de ex funcionarios K sostuvieron siempre que la auditoría determinó que las obras se hicieron, pero dos auditores declararon en el juicio y refutaron ese argumento, con dos explicaciones muy simples. 

El caso conocido como Obra Pública fue el que condujo a Cristina Kirchner al banquillo de los acusados por primera vez. Durante la instrucción, la justicia encontró responsable a la vicepresidenta de haber comandado una “asociación ilícita que se dedicó al direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral”, es decir, habría beneficiado a Lázaro Báez, su ex socio comercial.

El juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques analizaron los 51 contratos que recibieron Austral Construcciones y otras firmas del holding, entre 2004 y 2015, por un total de 46.000 millones de pesos. Además, según los investigadores, la mitad de las obras adjudicadas no se concluyeron, pero todas se cobraron con un sobreprecios promedio, del 65%.

Ahora, en el juicio oral, hay que volver a exponer y sostener aquellas afirmaciones. En estos días se celebró una nueva audiencia presidida por el juez Jorge Gorini junto a sus pares Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Hasta ahora ya declararon cerca de 35 de los más de 150 testigos aceptados por el TOF 2.

Al analizar los planteos formulados, fuentes judiciales señalaron que de a momentos se intenta “desviar el eje de las acusaciones”, centrándose en cómo Lázaro Báez adquirió un conjunto de empresas. O en las declaraciones de quienes intervinieron en el diseño y entrega de las partidas presupuestarias, señalaron que todo fue aprobado por el Senado, justificando así los fondos percibidos por el Grupo Austral. “Lo que no se mencionó es que quedó en evidencia que no había ningún control real ni en el presupuesto ni en la cuenta de inversión, que se aprobaba después de cuatro años y que los jefes de Gabinete tenían discrecionalidad para modificar partidas sin pasar por el Congreso”, sostuvo una de las partes acusadoras.

Esto quedó claro en una auditoría de 2013, que realizó la Dirección de Vialidad después del escándalo televisivo de la Ruta del Dinero K, que derivó en el primer juicio contra Báez, señalado de haber lavado 60 millones de dólares. Con la firma de los ingenieros Martín González Oria y Marcelo Bianchi, se analizaron los convenios de Vialidad Nacional con las provincias, entre ellas Santa Cruz.

En ese documento, al que accedió Clarín, se concluyó en varios tramos que se carecía de controles respecto al envío de fondos en concepto de certificación sin previa confirmación de que las obras tengan el nivel de avance que declaraban las empresas. La pericia ordenada por el TOF 2 sobre cinco casos testigos se expidió sobre este punto.

Se pidió que los peritos determines si las empresas de Báez tenían capacidad técnica para realizar las 51 obras adjudicadas, en función de la información proporcionada por el Registro Nacional de constructores de Obras Públicas.

Según los peritos oficiales Eloy Bona y Roberto Panizza, los montos comprometidos por Austral y Kank & Costilla entre 2006-2007 fueron de 199.670.000 pesos y la capacidad otorgada de 72.373.403 pesos. “La diferencia de capacidad para este tramo de la pericia es de – $127.296.597, lo que demuestra que Kank & Costilla fue adjudicataria de obras por un monto muy superior al de su capacidad de contratación”.

Respecto a Austral Construcciones se determinó que los montos comprometidos a 2006 eran de 400.730.366 pesos y su capacidad otorgada de 72.88.93 pesos, lo que arroja una diferencia capacidad de – $407.470.295. “Este certificado de capacidad demuestra que a Austral Construcciones se le adjudicaron obras por un monto muy superior a su capacidad de contratación”, coincidieron. La perito por parte opinó lo contrario.

Por otro lado, se dijo que “en ninguna de las obras adjudicadas las empresas presentaron el certificado de contratación, tampoco consta en los documentos analizados intimaciones por parte de Vialidad Provincial ante esta irregularidad”. Esto había sido plasmado en parte en aquella auditoría de 2013, dos de los ingenieros firmantes lo ratificaron durante el juicio.

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri y bajo a dirección de Javier Iguacel, Vialidad ordenó otra auditoría que fue determinante en el avance de la causa y posterior clausura para su elevación a juicio oral. En ese documento se determinó Lázaro Báez recibió el 11,2% del presupuesto nacional del organismo vial, que además, “de los 83 contratos que se licitaron en Santa Cruz, 51 fueron ganados por su holding” -en algunos casos sólo competían sus empresas, garantizándose la adjudicación-,.

Entre otros aspectos, se señaló que a diciembre de 2015 el Grupo Austral tenía en ejecución 26 obras, de las cuales sólo tres no sufrieron modificaciones en sus plazos y 23 no cumplieron con los plazos estipulados en sus licitaciones, “dado que sufrieron ampliaciones promedio de sus plazos por 2,63 veces”.

Entre otros puntos, la auditoría firmada por los mismo ingenieros, señaló que las obras percibieron un sobrecosto promedio del 65%. Báez recibió del Estado, su único cliente desde mayo de 2003, $ 46.000 millones, y según el documento oficial la mitad de los contratos quedaron inconclusos, con plazos injustificados, irregularidades en sus adjudicaciones y un “marcado direccionamiento en las licitaciones”, indicaron los fiscales acusadores.

Hubo “concentración de obras en un único grupo de empresas”, resalta la auditoría en sus conclusiones, y aporta otro dato, los contratos “incumplieron de forma reiterada los plazos de obra”. Esto encareció todo aún más.

Sobre estos puntos, en el juicio oral las defensas no se concentran mucho, Sí lo hicieron, en cambio, en el siguiente punto que se encuentra en el “Relevamiento de obras”. Allí se dijo: “del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales”.

Cuando el fiscal ante el TOF 2 Diego Luciano pidió mayores presiones al respecto, los ingenieros explicaron que en ese punto refirieron a un trabajo “de inspección ocular sobre un muestreo de obras”, esto es, no sobre los 51 contratos. “Se pidió que se observen si un grupo de obras estaban” y la tarea se hizo durante una semana en Santa Cruz.

El ingeniero Oria aclaró algo que también consta en el expediente: fueron a ver las rutas bajo la sospecha inicial de si estaban todas o no, pero que ellos no hicieron la tarea sobre presuntos sobreprecios, irregularidades en las adjudicaciones como en las certificaciones de obras, “sólo se pidió un análisis ocular”, reiteró. La tarea sobre los pliegos y las deficiencias volcadas en los mismos -según la imputación-, fue una tarea que hizo la fiscalía y que en una ampliación de los hechos, realizó Vialidad Nacional.

A estos planteos, se suma otro documento clave: la auditoría ordenada por el TOF 2. La primera parte de aquel trabajo analizó si hubo sobreprecios. “Hubo una diferencia de precios de casi U$S 170 millones con respecto al Presupuesto Oficial y de más de U$S 198 millones sobre los presupuestos periciales”, concluyó el perito de la Corte Eloy Bona. Por parte de la fiscalía, Roberto Panizza señaló que el sobreprecio fue de U$S 173.500.497 y respecto a los presupuestos de adjudicación, calculó sobrecostos de U$S 202.140.616“.

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