El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, envió este miércoles a juicio a parte de la cúpula del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) por
el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado de activos, se informó oficialmente.
La resolución se produjo de manera parcial, ya que no incluye a su exsecretario general Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege, respecto de quienes se requirió su extradición desde el Uruguay, según reveló el sitio web oficial fiscales.gob.ar. Balcedo apoyó la candidatura a presidente de Daniel Scioli, entre otros compromisos con los K.
La decisión del Juzgado Federal Nº3 de La Plata alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y encubrimiento.
En la causa se secuestraron autos y motocicletas de alta gama; embarcaciones e inmuebles. Por ejemplo, se cuentan siete Audi, seis Land Rover, cinco Mercedes Benz, tres Porsche y hasta un Hammer H2. También hay parcelas, lotes e inmuebles en Bariloche, Adrogué, Saladillo, Tigre, Mar del Plata, Cariló y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En forma paralela, se pidió al Uruguay el decomiso de la chacra “El Gran Chaparral” y los bienes que Balcedo tenía en el vecino país.
Por último, el Ministerio Público Fiscal se encuentra a la espera de que Uruguay realice las medidas solicitadas para completar la materialización del decomiso de los bienes.
El escrito de la fiscalía dirigido a Kreplak en septiembre encontró a Mauricio Elías Yebra, Silvia Hebe Canal, Myriam Reneé Chávez -madre de Balcedo-, Guillermo Daniel Chaves -primo-, Pablo Andrés Landini, Hebert Raúl Da Cunha, Francisco Alberto De Marco y Julio César Pecollo como integrantes de “una estructura organizada, integrada por diversas personas, con diferenciación de roles, destinada a cometer delitos indeterminados, principalmente de contenido patrimonial”.
Es decir, una asociación ilícita de la que Marcelo Balcedo “fue su jefe y como tal estuvo a cargo de dirigir el funcionamiento”: se habría ocupado “de controlar la logística de las operaciones atribuyendo roles, distribuyendo las tareas (administración de los medios humanos y materiales) y disponiendo condiciones que permitieron el desarrollo de los hechos”. A Pecollo se lo encontró como organizador y a las demás personas, como miembros.
“La asociación, además, alcanzó trascendencia internacional como consecuencia de los recursos económicos obtenidos a partir de los ilícitos llevados a cabo, lo que se vio reflejado, entre otras cosas, en la posibilidad real de costear aeronaves particulares y/o de utilizar teléfonos satelitales para conectarse más eficazmente. Estos ejemplos demuestran el alto nivel de sofisticación y de organización que revela la asociación, lo cual permitió la consumación -con éxito- de, al menos, los hechos investigados en el marco de esta causa”, graficó la fiscalía.
Los fiscales le atribuyeron la autoría, además de a Balcedo, “al apoderado Yebra -calificado como su “mano derecha”, ya que también se desempeñó como secretario privado-; a Landini -empleado del sindicato, chofer y apoderado desde 2015-; Pecollo -contador y jefe de Tesorería del SOEME, apoderado y según la acusación, encargado “de confeccionar los cheques que permitieron la extracción de los fondos en cuestión como así también intentar justificar su destino”.
El fiscal federal Guillermo Ferrara y los cotitulares de la procuraduría especializada Mario Villar y Laura Roteta habían postulado esa decisión en septiembre de este año, luego de considerar que el sindicato “fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente” en perjuicio de la entidad.
Según destacaron, se acreditó “la existencia de una asociación ilícita en el seno del Soeme, la administración fraudulenta (desvío) de más de 500 millones de pesos entre 2012 y 2018 y maniobras de lavado de activos”.
En el requerimiento de elevación a juicio advirtieron que “el sindicato fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente a costa de dichas irregularidades y desvíos que, por supuesto, perjudicaron al sindicato como institución”.
Durante el transcurso de la etapa de instrucción brindaron colaboración la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Carmen Chena, y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, a cargo de Diego Solernó, que integran la estructura de la Procuración General de la Nación.
Las maniobras investigadas en el marco de esta causa habrían ocurrido en el ámbito y con el abuso de la estructura del Soeme, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2018.
No obstante, el requerimiento del Ministerio Público Fiscal resaltaba que para comprender los hechos “es clave tener presente que previo a ocupar Marcelo Balcedo el cargo de secretario general lo hizo, hasta su fallecimiento, su padre Antonio”.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal se requirió a la República Oriental del Uruguay la extradición de Balcedo y Fiege para que se les reciba declaración indagatoria.
La petición fue concedida por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 4° Turno de la Ciudad de Montevideo.
Sin embargo, la medida se suspendió hasta que concluya la causa que se les sigue en el vecino país -donde están detenidos desde enero de 2018– y se encuentra pendiente de cumplimiento.
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