Es, sin lugar a dudas, uno de los juicios de mayor trascendencia internacional contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el mismo se juzgará el supuesto intento de encubrir a los cinco
imputados iraníes acusados como los autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) suspendió una audiencia preliminar que se iba a realizar el 14 de diciembre, sin embargo fuentes judiciales señalaron que el próximo paso a dar será “fijar la fecha de inicio del juicio”. Se estima que las audiencias podrían comenzar durante el primer semestre del próximo año.
El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la entonces senadora Cristina Kirchner. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.
Catorce días después, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el pedido de prisión preventiva y el procesamiento, pero dejó de lado la acusación por traición a la Patria. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah determinaron que los delitos que recaían sobre los imputados eran estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
Ele Según Bonadio y los camaristas, el pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa” a la que la justicia argentina sostiene hace más de dos décadas.
La cusa fue elevada a juicio oral en 2018, y quedó radicada en el TOF 8. Pese a reiterados pedidos de sus jueces a la Corte Suprema de Justicia para que les envíen más personal, no hubo respuestas. Otros planteos también generaron retrasos. El senador Oscar Parrilli, uno de los acusados, pidió la nulidad del proceso. Lo hizo después de que Ana María Figueroa, una de las juezas que intervino en la causa, revelara que sufrió presiones del Poder Ejecutivo durante la gestión de Mauricio Macri. Carlos Zannini también pidió la nulidad de su procesamiento y de la elevación a juicio oral del caso.
Fue el fiscal Marcelo Colombo quien instó a que los jueces inicien el debate oral. Sostuvo que la implicancia de los hechos investigados “imponen avanzar rápidamente a la instancia de debate para que sea allí, con la publicidad y amplitud probatoria que esta etapa garantiza, se resuelvan definitivamente las imputaciones”.
Los jueces del TOF 8 recordaron que integran un tribunal ensamblado, “donde cada uno de los judicantes interviene en numerosos juicios, tanto en sus tribunales de origen como en otros en los cuales prestan subrogación; que en innumerables ocasiones desde la adjudicación de esta causa hemos solicitado a las autoridades respectivas la dotación de recursos tanto materiales como humanos, los cuales no han sido atendidos”.
Pese a la cancelación de la audiencia preliminar, la próxima decisión será fijar la fecha de inicio del debate oral, ya que la prueba suplementaria es una etapa ya concluida. Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que durante el primer semestre del próximo año, signado por las elecciones legislativas, podría darse inicio al juicio que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner.
Quedaba pendiente una medida, ya que los jueces convocaron a una declaración testimonial anticipada por videoconferencia al ex director de Interpol Ronald Noble y a su segundo, Joel Sollier, quienes residen respectivamente en Dubai y Francia. Pero la declaración se fue posponiendo, y se informó que ambos gozan de inmunidad diplomática.
La querella de familiares muertos en el atentado de 1994, que representa Tomás Farini Duggan, analiza la posibilidad de pedir a la Cámara Federal de Casación Penal la nulidad del testimonio de Noble, ya que en el expediente principal por el ataque terrorista -que está en manos del juez Marcelo Martínez Di Giorgi- el ex titular de Interpol se encuentra imputado por supuestamente haber colaborado con la maniobra a favor de cinco funcionarios iraníes.
El caso por el pacto con Irán inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien días después fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero. El otro expediente, la Justicia sostuvo que el ex titular de la UFI-AMIA fue víctima de un homicidio y que se debía investigar si ello tenía relación con su denuncia.
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