Horas antes de la Navidad, cuando la Casa Rosada ya estaba casi vacía, asesores legales del Gobierno llevaron una noticia “positiva”: la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal N°
4, Rita Ailán, rechazó una acción de amparo presentada por un grupo de abogados porteños que pedía la inconstitucionalidad del decreto firmado en septiembre por Alberto Fernández, que avanzó con una quita a la Ciudad de Buenos Aires de 1,18 por ciento de la coparticipación que recibe del Estado Nacional. Ahora el Gobierno se apoya en los gobernadores para darle una señal a la Corte Suprema de Justicia.
La demanda, iniciada por miembros de la agrupación “Profesores Republicanos”, entre quienes se cuentan Guillermo Mizraji y Daniel Sabsay, cursaba en paralelo y sin vínculo con el reclamo que hizo ante la Corte Suprema de Justicia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero podía complicar los planes del Gobierno.
La presentación buscaba que se interpusiera una medida cautelar para lograr la suspensión del decreto 735/2020 y, en efecto, que no se hiciera ninguna detracción a los fondos de la de la Ciudad. Al ser abogados independientes a la Jefatura de Gobierno porteño, plantearon que, como vecinos de la Ciudad, se veían afectados sus derechos a la seguridad individual y colectiva, y que estos serían afectados por el decreto que recortó de 3,5 a 2,32% los fondos.
Al decreto de Fernández, no obstante, se sumó la ley que aprobó el Congreso recientemente, que establece un período de negociación de 60 días entre los gobiernos Nacional y de la Ciudad para acordar el monto (la Casa Rosada quería fijarlo en 24.500 millones de pesos) y la actualización que se destinará anualmente para la policía porteña.
Esa norma, que también la Ciudad busca frenar en la Justicia, fue impulsada por el Gobierno en acuerdo con los gobernadores para robustecer el Consenso Fiscal, firmado el 4 de diciembre por el Presidente de la Nación con los mandatarios, excepto Rodríguez Larreta.
Alberto Fernández con gobernadores durante la firma del consenso fiscal.
Allí, se acordó “que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en la Constitución Nacional, no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos previsto en la Ley N° 23.548 (de Coparticipación)”.
Esta cláusula, que fue decisiva para que el jefe de Gobierno porteño no firmara el Consenso Fiscal, fue el mensaje político que Alberto F. y los gobernadores se propusieron enviarle a la Corte antes de que se pronuncie sobre la cuestión de fondo: que el régimen de coparticipación no debió ser el mecanismo usado por Mauricio Macripara compensar a la Ciudad cuando le transfirió la Policía Federal.
En el Gobierno nacional apuntan que el desfasaje y el supuesto excedente (insisten en que fueron más de 100 mil millones de pesos, pero la Ciudad lo niega rotundamente) se originó no sólo por un cálculo deficiente del costo del funcionamiento de la fuerza de seguridad, sino por aumentar de 1,4 a 3,5% la coparticipación y luego no readecuar la cifra ante los distintos aumentos de la masa coparticipable.
El presidente Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta en una disputa por los fondos de coparticipación. Foto Presidencia.
Por eso, además de ser una señal política al Alto Tribunal, el Gobierno pretende que el Consenso Fiscal firmado este mes sea el antecedente para que ante la eventualidad de una nueva transferencia de servicios, los recursos que se asignen no sean transferidos con el mecanismo de la coparticipación.
Por otro lado, en Balcarce 50 festejaron la decisión de la jueza Ailán, porque en su fallo sostiene que la merma de los fondos no afecta a la seguridad de la ciudadanía porteña, como sostiene el Gobierno porteño, y que esa es “una afirmación genérica y no probada”.
Y, además, sostiene por otro lado, un argumento que el Gobierno remarca para asegurar que la distribución de los fondos debe ser resuelta por la política. “La misión más delicada de la Justicia es saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes y jurisdicciones, toda vez que el Poder Judicial es el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional. Y de ahí que un avance de este poder, menoscaban las facultades de los demás, lo que revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público”.
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