Lo que está en juego excede la aspiración de los sectores populares a ser ricos. Incomoda otra cosa, más difícil de nombrar: que accedan a bienes y espacios que, durante generaciones, funcionaron como fronteras invisibles de clase. Ese acceso deshace la distancia que hacía parecer natural la desigualdad.
El inventario de una época
Entre 1943 y 1955, la Argentina incorporó en apenas doce años un conjunto de derechos que atravesó todas las esferas de la vida social, y que conviene repasar área por área para dimensionar la magnitud del cambio.
Trabajo y descanso. El 8 de octubre de 1944, el Decreto-Ley 28.169, impulsado por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, estableció el Estatuto del Peón Rural, primera norma que reguló salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas y estabilidad para los trabajadores del campo, hasta entonces sometidos a prácticas semiserviles heredadas de la colonia. Meses después, el 23 de enero de 1945, el Decreto 1740 generalizó las vacaciones pagas para el conjunto de los trabajadores urbanos. El 20 de diciembre de ese mismo año, el Decreto-Ley 33.302/45 instauró el aguinaldo y la indemnización por despido injustificado.
Vivienda. La Ley 13.512, sancionada el 30 de septiembre de 1948 y firmada por Perón, creó el régimen de propiedad horizontal, que habilitó por primera vez la compra individual de un departamento dentro de un edificio. Un año antes, en 1947, el decreto 33.221 había fundado Ciudad Evita, el primer barrio planificado del país construido y financiado por el Estado para familias trabajadoras, a cargo de la Fundación Eva Perón.
Derechos políticos. El 9 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia de Perón, el Congreso sancionó la Ley 13.010, promulgada el 23 de ese mes, que reconoció a las mujeres argentinas el derecho a votar y a ser elegidas. El primer padrón femenino se usó recién en las elecciones de noviembre de 1951, y la diferencia entre votantes de 1946 y 1951 superó los cuatro millones de personas, más del 80% mujeres. Ese nuevo padrón fue decisivo en la reelección de Perón en 1951, con el 62,49% de los votos: el derecho político no solo fue reconocido, sino que transformó el mapa electoral.
Educación. El 22 de noviembre de 1949, mediante un decreto, el gobierno de Perón eliminó los aranceles universitarios, hasta entonces vigentes en todas las universidades nacionales. La matrícula pasó de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954, duplicándose en cinco años e incorporando a hijos e hijas de familias obreras a un espacio que hasta entonces operaba como reproductor casi exclusivo de las clases altas. La gratuidad universitaria se convirtió así en una de las piedras basales de la movilidad social ascendente en la Argentina.
Salud. Durante la gestión de Ramón Carrillo, designado por Perón al frente de la Secretaría de Salud Pública, creada en 1946 y elevada a Ministerio en 1949, se triplicó la cantidad de camas hospitalarias y se erradicaron y controlaron enfermedades endémicas como el paludismo, la sífilis y la tuberculosis. La construcción masiva de hospitales públicos universalizó el acceso a la medicina para una población que históricamente dependía de la caridad o carecía de atención. Bajo los gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955), la esperanza de vida aumentó de 61,7 años en 1947 a 66,5 en 1953, y la mortalidad infantil se redujo de 80,1 a 66,5 por mil en la misma década.
Previsión social. El sistema previsional, ampliado drásticamente a partir de 1944 y unificado por ley en 1946, ya bajo la primera presidencia de Perón, extendió las jubilaciones y pensiones a sectores masivos que hasta entonces estaban excluidos de cualquier cobertura en la vejez, como los empleados de comercio, los trabajadores rurales y los autónomos, sentando las bases de una red de seguridad social inédita para la época.
Ese inventario —el descanso, la casa propia, el voto, el título universitario, la salud pública y la seguridad en la vejez— explica por qué el período concentró un rechazo que excedió largamente cualquier discusión presupuestaria.
Tres oleadas contra el ascenso social
Cada uno de esos derechos fue, en algún momento posterior, objeto de una reversión deliberada. La historia argentina registra al menos tres oleadas sucesivas orientadas a desandar ese proceso de ascenso social, cada una con su propio instrumento.
1955-1956, la proscripción. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon Plaza de Mayo para asesinar a Perón: dejaron más de 300 muertos, en su mayoría civiles. Tres meses después, el golpe de septiembre derogó la Constitución de 1949 y las Fuerzas Armadas intervinieron la CGT. La persecución política llegó a su punto más extremo con los fusilamientos clandestinos de José León Suárez, en junio de 1956.
1976-1983, el ajuste. El mismo 24 de marzo de 1976 la dictadura suspendió el derecho de huelga y prohibió la actividad sindical y política. Desplegó, además, un aparato represivo que secuestró, torturó y desapareció a miles de personas: delegados sindicales, militantes obreros, estudiantes, niños y niñas nacidos en cautiverio y personas sin ninguna participación política. Dos días después, el FMI condicionó su primer desembolso a que el país solo pudiera endeudarse con el aval del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz —ex presidente de Acindar durante la represión a la huelga de Villa Constitución—, quien diez días después anunció un programa de apertura financiera y desregulación de precios. Entre 1974 y 1983, la participación de los salarios en el ingreso nacional cayó del 45% al 27%, y la pobreza pasó del 2,6% al 25,3% de los hogares. En 1980, el mismo gobierno de facto derogó el Estatuto del Peón Rural vigente desde 1944.
Entre 1991 y 2001, la convertibilidad y la apertura comercial profundizaron la desindustrialización iniciada en la dictadura, preparando el terreno para las privatizaciones de Menem.
1993-1994, la privatización. La Ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, creó las AFJP y trasladó una porción sustancial del sistema jubilatorio a la administración privada, en paralelo a la privatización de YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL y Gas del Estado. El sistema de capitalización individual se mantuvo vigente hasta 2008, año en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo reestatizó mediante la Ley 26.425. Esta medida retomó la tradición estatal que, desde los años cuarenta, había dado origen al sistema previsional público y puso fin al régimen de las AFJP, luego de que la crisis de 2001 licuara gran parte de los ahorros previsionales de los trabajadores.
La secuencia no se agota en el siglo XX. El aniversario número ochenta del decreto de 1945 sobre aguinaldo y vacaciones pagas encontró, en diciembre de 2025, un proyecto de reforma laboral que proponía excluir esos mismos dos derechos del cálculo de las indemnizaciones por despido. El Congreso lo convirtió en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, promulgada el 5 de marzo de 2026: el objeto de la disputa volvió, décadas después, a ser exactamente el mismo.
Del fusil al camión hidrante
Las tres oleadas comparten algo más que el objetivo: el instrumento. La proscripción de 1955 tuvo fusilamientos; el ajuste de 1976 tuvo un aparato represivo que secuestró y desapareció a miles de personas; la privatización no necesitó esa violencia cuando se impuso, pero la necesita hoy para sostenerse. Esa lógica no quedó en el siglo XX: desde 2024 rige un protocolo que autoriza a las fuerzas federales a intervenir en manifestaciones sin orden judicial previa. El repertorio cambia —del fusil al camión hidrante—, pero la función permanece: administrar por la fuerza lo que la política ya no logra contener por consenso.
Cuando el derecho se traduce como privilegio
“La justicia social […] conduce inexorablemente a la miseria.”
— Javier Milei, La Derecha Fest, Córdoba, 22 de julio de 2025.
Esa misma Argentina hizo exactamente lo contrario: llenó las fábricas de vacaciones, las urnas de boletas femeninas, las aulas universitarias de hijos de trabajadores y los hospitales de atención gratuita, al tiempo que aseguró la casa propia y la jubilación a millones de familias trabajadoras.
Ahí aparece la palabra que merece ser examinada: populismo. El mecanismo se repite con llamativa regularidad histórica. Una política social se presenta como prebenda. Un subsidio orientado a garantizar un servicio esencial se traduce como derroche. Una medida que sostiene el consumo popular se lee como irresponsabilidad fiscal. Una ampliación de derechos se interpreta como privilegio político.
Ese desplazamiento del vocabulario habilita presentar como generosidad excesiva del Estado lo que en verdad es la pérdida de un monopolio simbólico que las clases altas daban por garantizado.
Una clase dominante necesita, además de mejorar sus condiciones materiales, conservar las condiciones que le permiten reconocerse como clase. Si la universidad se masifica, deja de funcionar como espacio exclusivo. Así lo planteó María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el 30 de mayo de 2018: «¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?». Si el club se democratiza, pierde su carácter de privilegio. Si el barrio se vuelve accesible para nuevos sectores, cambia su identidad. Cuando un bien deja de marcar con claridad quién está arriba y quién está abajo, la desigualdad pierde parte de su dimensión simbólica, aunque su dimensión material tarde más en modificarse.
Dos resistencias, una sola disputa
Hay una diferencia decisiva entre la pobreza y la movilidad social. Una sociedad desigual puede tolerar, incluso administrar, que determinados sectores tengan poco. Lo que resulta disruptivo es que esos sectores empiecen a tener más. El trabajador que no accede a determinados bienes confirma, sin proponérselo, el orden social vigente. El que empieza a acceder a ellos lo pone en discusión.
El peronismo convirtió esa disputa en política de Estado entre 1943 y 1955, y por eso concentró un rechazo que tres oleadas sucesivas —la proscripción, el ajuste, la privatización— se ocuparon de desandar durante medio siglo, con métodos que fueron desde el decreto hasta las armas. Ochenta años después de aquellos primeros decretos, toda política redistributiva enfrenta dos resistencias simultáneas: la disputa por la riqueza y la disputa por el lugar que cada clase ocupa en la sociedad. La primera se juega en la distribución de bienes y recursos. La segunda explica por qué, cada vez que el bienestar popular avanza, el poder necesita nombrarlo como exceso, privilegio o amenaza.
Fuente Tiempo Argentino
