La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá a mediados de año un recurso extraordinario de Milagro Sala en la causa llamada “Pibes Villeros”. En este caso, la líder de
la Tupac Amaru fue condenada por la Justicia jujeña a 13 años de prisión por el desvío de 60 millones de pesos (unos 5 millones de dólares) en el 2015 que estaban destinados a planes sociales.
Parte del caso quedó grabado en un video en el que se ve a militantes de la Tupac Amaru apurados, por la asunción del gobierno de Mauricio Macri, sacando bolsos con dinero de la sucursal del Banco Nación en San Salvador de Jujuy.
La semana pasada el máximo tribunal pidió los cuerpos principales de esa causa a la Justicia de Jujuy, revelaron en exclusiva fuentes judiciales a Clarín. Sala se encuentra con arresto domiciliario desde principios del 2016.
Será su primera intervención en este caso, luego de que ayer manifestantes kirchneristas hicieron un acto de protesta, vandalizaron contenedores y tiraron basura frente al palacio de Justicia con el lema “Corte, basurero de la democracia”.
Después de la feria judicial, una vez de que lleguen los expedientes la Corte decidirá si se acepta el recurso extraordinario de la Corte. En caso positivo como estiman las fuentes que sucederá, deberá pedir la opinión del Procurador General Interino Eduardo Casal, cuya posición no es vinculante pero es un paso obligatorio.
A diferencia de los recursos ante la Corte de la vicepresidenta Cristina Kirchner que está procesada en ocho causas, Sala ya tiene dos condenas confirmadas en Jujuy.
Le queda la instancia de la Corte Suprema, aunque seguramente también reclamará, si el fallo confirma la condena, ante la Corte Interamericana de Justicia.
El ex fiscal anticorrupción de Jujuy Joaquín Millón confirmó al programa Dato sobre Dato de radio Milenium que Sala tiene una condena a 13 años en la causa Pibes Villeros. Además, tiene una condena a 3 años por agresiones y daños materiales de su agrupación al ex senador y actual gobernador Gerardo Morales y el ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, en el 2009 cuando informaban sobre irregularidades en el manejo de fondos sociales por parte de Sala.
También dijo que en la llamada Megacausa por el desvío de $800 millones destinados a viviendas sociales, se espera que sea elevada a juicio oral y público en los próximos meses.
La aliada del kirchnerismo, que fue visitada por el presidente Alberto Fernández aún antes de la aceptación de la candidatura presidencial en el 2019, también está procesada en el llamado caso de la “balacera de Azopardo” por coima, robo y destrucción de pruebas de una causa en que se la investigaba por un ataque a balazos.
En cambio, Sala fue sobreseída por prescripción de una causa por lesiones leves a dos militantes sociales, entre otras.
El año pasado la Corte confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión en el caso Ciccone. Antes había hecho lo mismo con la condena a Luis D’Elía a 4 años de prisión por la toma de la comisaría de la Boca en 2004. Al igual que Boudou, D’Elía tiene todavía arresto domiciliario.
Luego de D’Elía, el máximo tribunal confirmó la condena a 5 años y medio de prisión del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios imputados en la causa de la Tragedia de Once.
Hasta ahora la Corte, tras analizar los casos, aplicó el artículo 280 del Código Procesal que le permite confirman las condenas de los tribunales orales, ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal.
Habrá que ver si ante el caso de Sala, que tiene repercusión internacional, usa el mismo criterio o funda su eventual decisión por la confirmación total, parcial de la condena o la nulidad de la causa como quiere su defensa.
En la aplicación del artículo 280 se basó el kirchnerismo para criticar a la Corte. Incluso, el Gobierno avanzó en la redacción de un proyecto para crear un llamado tribunal de Sentencias Arbitrarias que esté por debajo de la Corte para restarle poder.
El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, quiere que ese tribunal especial también trate temas constitucionales. Si la vice es condenada no quiere el espejo del 280, quiere una confirmación en base a argumentos por escritos.
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