La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, ponderó el fallo que hoy rechazó una medida cautelar solicitada por Telecom contra el DNU que declara a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable como “servicios públicos esenciales en competencia” y señaló que “es una validación a la decisión a la decisión de preservar el acceso de la ciudadanía por parte del Ejecutivo”.
En diálogo con Télam, la funcionaria explicó que la presentación realizada por la empresa del grupo Clarín apuntaba tanto contra el congelamiento de las tarifas establecidas a través del decreto 690/2020 como así también contra la obligatoriedad de la Prestación Básica Universal “alegando que constituían un perjuicio económico de la empresa”.
“El fallo retoma la relevancia del decreto 690, firmado en el marco de la pandemia con todo lo que supone, retoma la convalidación que hizo la bicameral y el Senado, y destaca el posicionamiento de la ONU sobre el acceso a Internet como un derecho básico y esencial para la ciudadanía”, explicó.
Pero además, “el juez (Walter Lara Correa) establece que Telecom no pudo explicar en qué medida estas acciones impactan el estado de sus finanzas”, dijo y agregó que “no había sustento económico financiero y, por lo tanto, no dieron lugar a la medida cautelar”.
El decreto 690 publicado en agosto de 2020 estableció que los servicios TICs son servicios públicos esenciales en competencia, dicto la obligación de una prestación básica universal por parte de las prestadoras y congeló las tarifas durante 2020.
“Cuando terminó el año, se inició un proceso de descongelamiento de tarifas que habilitó incrementos del 5% para el mes de enero para la mayoría de las empresas y del 8% para aquellas con menos volumen de facturación”, comentó Sánchez Malcolm.
Sin embargo, “Telecom ha emitido facturaciones con un porcentaje que ronda hasta el 20%” y es “en función de ese incumplimiento que hace la presentación” ante la Justicia.
En ese sentido, si el juez “llegaba a habilitarle un porcentaje mayor, ponía en tela de juicio cuál iba a ser la resolución sobre la devolución de ese 15%”, pero luego del rechazo, “el aumento establecido tiene fuerza de ley y está reglamentado, es del 5% y el Enacom va a continuar lo que inició la semana pasada que tiene que ver con las intimaciones”.
Por otra parte, señaló que “la reglamentación del Decreto habilita que las empresas que consideren ineficiente o escaso, puedan hacer presentaciones al respecto para ser evaluadas por el Ente”.
“Hay una instancia. Nosotros mantenemos la mesa de diálogo con todas las empresas, con todas las cámaras y cooperativas del sector”, añadió.
