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El juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dentro del plazo de dos días informe si ha elaborado un protocolo de testeos de Covid-19 para personal docente y no docente de los establecimientos educativos dependientes de su órbita, dijeron fuentes judiciales.
El magistrado dispuso, además, que el gobierno porteño “puntualmente” informe “si está previsto realizar dichos testeos de manera previa al ciclo lectivo 2021, debiendo indicar, en su caso, lugar, fecha y modalidad de la realización”.
Ante la acción de amparo promovida por Claudio Luis Elías, quien reclamó que se obligue en el ámbito local a efectuar los testeos, Gallardo fijó audiencia -virtual- para el próximo 10 de febrero a las 12, a la que deberán concurrir en forma “personal e indelegable” la ministra de Educación de la Ciudad, María Soledad Acuña; y el de Salud, Fernán Quirós.
Según el sitio de internet judicial, la resolución dictada este lunes dispuso que la audiencia convocada por el juez para el 10 de febrero se realice en forma virtual, a través del sistema Cisco Webex, implementado por el Consejo de la Magistratura de la CABA.
Según la disposición del juez, en la audiencia podrán participar “todas aquellas personas que tengan interés en el resultado del litigio”.
Además, el magistrado requirió que se le informe también si la administración de Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto realizar testeos de “manera periódica” durante el ciclo lectivo 2021, “así como la adopción de otras medidas tendientes a prevenir la propagación del virus Covid-19 en el ámbito escolar”.
Los convocados a la audiencia, destacó Gallardo, “podrán formular las aclaraciones que estimen pertinentes respecto del objeto del litigio y de sus pretensiones y deberán, asimismo, brindar las explicaciones que el Tribunal estime conducentes para la resolución de las cuestiones planteadas”.
Entrevistado por Radio Télam, el magistrado, preocupado por “información inexacta” o “noticias falsas” que le atribuyeron la suspensión anticipada de las clases presenciales, precisó que “el juzgado lo único que ha resuelto es convocar a una audiencia” para que los ministros (por Acuña y Quirós) informen al tribunal sobre las condiciones para el retorno presencial a las aulas y, en ese sentido, explicó que les pidió detalles sobre “cómo se operará la regularización de la presencialidad” por lo que luego, señaló Gallardo, “se podrá tomar una decisión”.
Por tratarse de un “proceso colectivo”, el magistrado ordenó que su resolución se haga pública para “garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un interés en el resultado del litigio conozcan su existencia”.
El juez decidió que la acción de amparo promovida sea puesta en conocimiento de los gremios docentes con actuación en el distrito porteño, como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA).
Gallardo, titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario Número 2, notificó al gobierno de la ciudad a través de edictos publicados en el Boletín Oficial y con el envío de una mail a la casilla oficial del GCBA.
