A seis años del inicio del expediente, el fiscal Eduardo Taiano sigue sosteniendo que la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, fue producto de un homicidio. Unos
500 testimonios de vecinos de Le Parc, el análisis de 26.000 imágenes de archivo, un entrecruzamiento de 45 mil llamados y una pericia tecnológica son algunas de las pruebas concluidas. Otro paquete de medidas en curso conducirá el caso hacia su clausura y pedido de elevación a juicio. Esta semana, la Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de Diego Lagomarsino y pidió avanzar con la pesquisa.
Son en total 24.000 fojas las que conforman el expediente en el que el juez Julián Ercolini junto al fiscal Eduardo Taiano determinaron en una primera instancia que Alberto Nisman fue asesinado. La Sala II de la Cámara Federal fue más allá en 2018, y pidió investigar si el crimen no guardaba relación con su actividad como fiscal y su denuncia contra quien era presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Tres días antes de aparecer muerto en su casa, había pedido investigarla por el encubrimiento del atentado de la AMIA tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Cuando procesó a los acusados, el juez Ercolini señaló que “la muerte del fiscal Nisman no obedeció a un suicidio y habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa”. A seis años los autores siguen siendo desconocidos y se investiga si los mismos responden al mundo de los servicios de inteligencia.
Diego Lagomarsino había apelado la decisión del juez Ercolini de no citar a un perito de parte de la Fiscalía, que el técnico informático pedía que declare. Según la resolución firmada ahora por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, las conclusiones del informe “fueron analizadas por junta interdisciplinaria”, y ese perito “puede ser citado a declarar en el debate oral”.
La defensa de Lagomarsino había alegado que el rechazo a la medida requerida “evidencia arbitrariedad en detrimento del legítimo ejercicio del derecho de defensa en juicio, en tanto importa restringir las posibilidades del imputado de resistir, mediante medidas de prueba orientadas a tal fin, la imputación que se dirige en su contra”.
Al respecto, los camaristas explicaron que las cuestiones de prueba forman parte de las facultades discrecionales del juez a cargo del caso.
En su voto, avalando el criterio de sus pares, el juez Farah pidió que se avance con mayor celeridad en la causa, “sin desconocer la complejidad de la investigación desarrollada, habiéndose superado holgadamente el plazo que para la instrucción establece el artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación, a mi juicio corresponde encomendar al Sr. Juez de grado inferior que proceda de conformidad con lo previsto en esa disposición, lo que permitirá oportunamente encauzar, debatir y decidir los agravios del recurrente en un contexto de mayor amplitud de conocimiento”, sostuvo.
A seis años del caso, la fiscalía ya terminó de tomar 500 declaraciones testimoniales a todos los vecinos del complejo de Le Parc. Todas fueron concluyentes en un mismo sentido: el lugar “no era infranqueable”. Había muchos puntos que las cámaras de seguridad no registraban, y ocho cámaras no funcionaban aquel enero de 2015. Por otro lado, los propios vecinos expusieron haber sido víctimas de diversos hechos de inseguridad sin que nadie se percate de lo sucedido.
Por delante queda concluir la recepción de declaraciones testimoniales a personal de la empresa de seguridad del lugar, como también la respuesta del exhorto remitido a Israel respecto a un ex espía de esa nacionalidad que dijo haberse reunido con Nisman para entregarle unos documentos vinculados a Cristina Kirchner.
Aún se realiza una pericia sobre otro conjunto de teléfonos que están vinculados a la AFI, proporcionados por el organismo de inteligencia durante la gestión macrista. Y dando un paso más allá, la fiscalía aún encuentra “inconsistencias en las explicaciones de Diego Lagomarsino (procesado como partícipe necesario del crimen) respecto a cómo conoció a Alberto Nisman”. Por ello, el fiscal Taiano pedirá una serie de testimoniales para desentrañar el inicio de ese vínculo que tiene su pata en las fuerzas de seguridad.
La fiscalía continúa avanzando en el expediente, bajo la premisa a la que arribaron el 26 de diciembre de 2017, cuando se dictó el procesamiento contra Lagomarsino como partícipe necesario del homicidio, y dos de los cuatro custodios también señalados como encubridores: Rubén Benítez y Luis Miño, acusados de no haber “protegido en forma debida” al entonces fiscal. Tenían a su cargo el dispositivo de seguridad los últimos días de vida de Nisman, quien, sostiene la justicia, fue asesinado.
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