Jueces y fiscales pedirán la inconstitucionalidad de las intimaciones de la ANSES para que se jubilen

200 jueces y fiscales para que decidan qué harán con sus trámites previsionales: si se jubilarán o retirarán la carpeta, el Consejo de la Magistratura acudirá al fuero contencioso administrativo para pedir la inconstitucionalidad de la medida.

El 30% de los cargos del Ministerio Público Fiscal se encuentran vacantes. El 26.5% de los correspondientes a jueces nacionales y federal, también. La realización de concursos y designaciones para cubrir los puestos, en números oficiales, demora tres años y medio. Con este telón de fondo, el organismo que dirige Fernanda Raverta avanzó en el envío de cartas documento a 200 jueces y fiscales para que decidan si se jubilan o retiran el expediente iniciado para tales fines.

“Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de emplazarlo para acompañar dentro del término de 30 días hábiles administrativos la presentación de la renuncia al cargo que desempeña para poder concluir el trámite previsional”. Con esa escueta carta, la ANSES comenzó a intimar desde hace unos 20 días a unos 200 jueces y fiscales.

El organismo de la seguridad social, sostiene que se trata de una “medida ordenatoria”, por la cantidad de expedientes con los que se encontraron en stand by pese a estar abiertos hace años. Para muchos magistrados y fiscales, la determinación de intimarlos responde una de las tantas acciones del Gobierno “con las que buscan avanzar sobre la Justicia”, como señaló un allegado a la Asociación de Magistrados.

Después de analizar la situación y con la mayoría de los jueces y fiscales que integran la lista de la ANSES, la Asociación de Magistrados decidió que realizará en los próximos días, una presentación en el fuero contencioso administrativo en contra del Estado nacional.

En el escrito pedirán que se declare inconstitucional la medida impulsada por el organismo que conduce Raverta y que tiene bajo su órbita, desde hace un mes, las jubilaciones del Poder Judicial.

La medida fue acordada por el Consejo Directivo y según explicaron a Clarín fuentes judiciales, es una presentación de “carácter institucional y acompañando a los afectados que hayan sido intimados, si quieren accionar en forma individual”.

Desde ANSES critican la existencia de un “desorden administrativo”, ya que se encontraron con 200 carpetas previsionales iniciadas, pero sin concluir. De hecho sostienen que hay unos trece jueces en esa lista que tienen más de 75 años -la edad límite para que se retire un magistrado- con sus respectivas carpetas de jubilación sin terminar. Hay un caso de un juez de 82 años que aún está en funciones.

En el Poder Judicial, insisten en que esa metodología se encontraba avalada por el anterior régimen jubilatorio. Es decir, al cumplir 60 años los jueces y fiscales podía iniciar sus trámites jubilatorios, pero no concluía el proceso hasta tanto presenten su renuncia.  Por eso, la lectura de la circular de la ANSES que permitió el envío de cartas documentos, es visto como una presión sobre el Poder Judicial.

La modificación de ese sistema jubilatorio, se produjo el año pasado, cuando el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un ley de para cambiar el esquema jubilatorio de los jueces y fiscales. Los sacó del régimen especial y los pasó a la órbita de la Anses.

Además, en esa ley, se dispuso un incremento del 12% al 18% de los aportes adicionales de los jueces y el cálculo del 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber.

La cuenta que muchos hacen, es que la intimación a 200 jueces y fiscales podría generar una importante sangría dentro del Poder Judicial,
donde ya persisten cientos de vacantes. A la fecha, según los números oficiales, el 25,6% del sector se encuentra sin cubrir. El total de cargos Justicia federal y Nacional son 988, de los cuales vacantes hay 253 cargos. 

Al panorama descrito, puede sumarse otro frente de confrontación. El Ministerio Público Fiscal también cuenta con una gran cantidad de cargos sin cubrir. Según fuentes oficiales, hay cerca de cien fiscalías sin titulares designados: es decir, casi el 30% del MPF está vacante.

La lista

Clarín logró reconstruir parte de ese extenso listado, con el nombre de 75 jueces y fiscales. Entre ellos, varios tienen despacho en Comodoro Py el fuero encargado de investigar la corrupción. Entre los que recibieron la Carta Documento de la ANSES se encuentran los fiscales Eduardo Taiano (que investiga la muerte de Alberto Nisman, e interviene en el caso del vacunatorio vip), Carlos Stornelli, quien llevó adelante los 31 acuerdos de los arrepentidos del caso cuadernos.

También fue intimado el camarista Leopoldo Bruglia a quien buscó destituir el kirchnerismo y regresó a su cargo por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero de forma provisoria. Es el caso del juez de la Casación, Carlos Mahiques que es padre del fiscal Ignacio Mahiques quien investigó junto a su par Gerardo Pollicita, el caso de la obra pública contra la ex Presidenta y Lázaro Báez, su otro hijo Juan Mahiques asumió como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires e integró la gestión macrista en el Ministerio de Justicia. Cristina Kirchner en varias oportunidades apuntó contra los Mahiques.

Eduardo Riggi, juez de Casación, también fue notificado por la ANSES para que decida si seguirá con el trámite jubilatorio. En el último tiempo Riggi intervino en un expediente vinculado al caso Cuadernos, donde se investigó la cartelización de la obra pública. La Sala que integra dejó firme un procesamiento contra Cristina Kirchner por corrupción. 

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