Los tres militantes anarquistas que lanzaron una bomba contra la casa del ex juez federal Claudio Bonadio y e hicieron detonar otra en la tumba del coronel Ramón L. Falcon en
el cementerio de la Recoleta quedaron en libertad condicional. Consiguieron el beneficio, en las últimas semanas, tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena a tres años de cárcel y por buena conducta.
Marcos Nicolás Viola, quien tiró la bomba el 14 de diciembre de 2018 debajo de la camioneta que estaba estacionada en el garaje de la casa de Bonadio en el barrio de Belgrano, cuando el juez estaba a dentro, “fue uno de los beneficiados”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
También están en libertad condicional por el 2×1, Hugo Alberto Rodríguez y Anahí Esperanza Salcedo que hicieron explotar la bomba en la tumba de Falcon, el ex jefe de la policía asesinado por un anarquista ucraniano en 1909.
Esos tres miembros del “Colectivo Anarquista Inconfidentes” y otros ocho detenidos después de los ataques habían aceptado un juicio abreviado ante el fiscal de juicio Miguel Angel Osorio.
Los otros ocho, que no participaron de los ataques, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y cuatro horas de tareas sociales por semana por el juez del tribunal oral federal 1 (TOF 1), Adrián Grünberg en agosto de 2019.
Bonadio, el juez más atacado por la vicepresidenta Cristina Kirchner porque la procesó en la causa de los Cuadernos de la Coimas, entre otras, falleció de un cáncer el 4 de febrero de 2020.
La actual vicepresidenta lo trató de “juez sicario” y en forma constante le lanzaba epítetos descalificativos, tanto ella como sus seguidores.
El fiscal Osorio también acusó a los anarquistas del delito de tomar parte de una agrupación que tuvo “por objeto la imposición de sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor (arts. 189 bis -inc. 1°-, tercer párrafo, y 213 bis del Código Penal)”.
Salcedo, Rodríguez y Viola fueron condenados por el delito de estrago doloso con peligro para los bienes comunes, así como también con peligro de muerte para las personas.
A los dos primeros fue en grado de consumación y a Viola, en cambio, en grado de tentativa porque el artefacto explosivo no estalló por un desperfecto técnico.
A estos delitos se le sumó la tenencia simple de material explosivo y de sustancias y materiales destinados a su preparación de bombas hallados en una casona de la avenida Pavón al 2.300 en el barrio de San Cristóbal.
En ese lugar, se secuestró material para el armado de explosivos caseros, caños, sistemas de relojería, bombas fumígenas, pancartas anarquistas, e instructivos de cómo armar bombas.
En el interior de la casa se encontró una una placa metálica en la que obraba estampada la frase ‘SIMON VIVE EN LOS CORAZONES DE TODXS LOS INSURRECTXS.CAI’”. También se observó un folleto pegado en la puerta en el que se lee “No a la cumbre del G20, fuera FMI”.
En esos meses se habían registrado varios ataques con bombas incendiarias sobre todo en marchas por la muerte accidental del artesano Santiago Maldonado en Chubut.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, junto al fiscal Carlos Rívolo.
El 14 de noviembre de 2018, a las 19.20 horas, “Marco Nicolás Viola arrojó desde la vereda un artefacto explosivo de fabricación casera al interior del perímetro del domicilio particular” de Bonadio, señaló Ercolini en su auto de elevación a juicio.
Así se puso “en peligro la vida del magistrado, de sus familiares y de toda persona que pudiere transitar por el lugar”, destacó.
Ese artefacto fue arrojado por Viola hacia el sector de un vehículo que estaba estacionado en el garage semicubierto del interior del juez.
El aparato explosivo casero “contaba no sólo con poder explosivo, sino también incendiario, al estar unido a garrafas de gas butano”.
Asimismo, tenía adosada a su superficie una “serpentina de caño de cobre, cuya fractura, de producirse la detonación, tenía aptitud para generar fragmentos (esquirlas metálicas) que al desprenderse con la explosión potenciarían su capacidad de daño y lesiones”.
Por suerte, el explosivo no se activó completamente, ya que “el detonante consistía en un artilugio de pirotecnia que, una vez encendida la mecha y arrojado por el nombrado, se desprendió del cuerpo principal y explotó por separado sin activar el artefacto”.
Luego de arrojar la bomba Viola se escapó pero fue perseguido y alcanzado por personal policial.
El artefacto fue individualizado por la Brigada de Explosivos que actuó en el lugar y detonado en forma controlada, “habiéndose determinado que era apto para producir daños y lesiones”.
Por otra parte, Anahí Esperanza Salcedo y Hugo Alberto Rodríguez, fueron poco antes del ataque a Bonadio al cementerio de La Recoleta para “dirigirse al mausoleo en el que se encuentran los restos de Ramón Falcón -bóveda identificada con el número “111”-.
Allí “colocaron un artefacto explosivo que detonó y provocó daños en el lugar y en sectores adyacentes, así como lesiones a Salcedo, lo que motivó que fuera trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández”. En este contexto, para el magistrado con dicho accionar “se puso, también, en peligro la integridad física de personas indeterminadas”.
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