La Iglesia criticó el fallo que absolvió al excura Carlos José, acusado de abusar de una nena por años

con la que llegó José a los estrados judiciales: “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tener un cargo eclesiástico”. Ahora, la Iglesia emitió un comunicado criticando la decisión judicial.

La diócesis de San Martín, donde José fue sacerdote hasta el 2017, expresó de forma escrita que se “solidariza con el sufrimiento de quienes han sido afectados y heridos durante todo este doloroso proceso, en particular con las víctimas, quienes esperaban un accionar claro de parte de la Justicia”. El escrito señala además que tal como se dieron los hechos, los denunciantes vieron vulnerados sus reclamos, y quedó una “incertidumbre en muchas personas acerca de la verdad de los hechos”.

La diócesis señaló además que mantiene “la firme voluntad de colaborar siempre con la verdad“.

Además, citando al Papa Francisco, desde la Iglesia sostuvieron que se comprometen firmemente “para que ningún abuso sea jamás encubierto ni infravalorado, y para erradicar este flagelo no solo del cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad”.

“Seguimos en oración y ofreciendo nuestra disposición a acompañar a todos los que han sido y se sientan vulnerados, para que no pierdan la fe en Jesucristo Luz, Camino, Verdad y Vida”, concluyeron.

​En 2017 Mailin Gobbo denunció por primera vez los abusos. Dijo que ocurrieron desde mayo de 1999, cuando ella tenía 12 años, hasta noviembre de 2008.

Ella era alumna del colegio parroquial que el cura dirigía en la localidad bonaerense de Caseros. Además, otras dos víctimas aguardan la decisión de la Suprema Corte bonaerense para poder impulsar sus propios procesos.

Ahora el cura está libre por un tecnicismo legal. Y hay una apelación ante la Cámara Federal pendiente. Especialistas en Derecho aseguraron que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Martín “carecieron de perspectiva de género”.

​Desde 2015, el momento en que la víctima denuncia un delito contra la integridad sexual cometido contra un o una menor de 18 años es considerado como punto de partida a partir del cual se contabilizan los plazos de prescripción. La reforma (introducida por la Ley 27.206) se hizo para evitar que estos delitos prescribieran con el paso del tiempo, ya que los plazos de las víctimas distan mucho de los de la Ley. Es la Corte Suprema de Justicia la que deberá decidir si esta modificación en la legislación se puede aplicar de manera retroactiva al caso que se debatió esta semana en el Tribunal de San Martín.

“Los abogados y los jueces son cómplices de un pedófilo. No lo puedo creer, no lo puedo creer”, expresó desconsolada ante los medios de comunicación Mailín Gobbo, una de las cuatro víctimas de José.

LGP

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