El rechazo del sector a la reforma del Ministerio Público Fiscal sigue extendiéndose y abarca otras latitudes. Esta vez fueron los procuradores generales y fiscales generales de los países miembros y
asociados del Mercosur los que aprobaron una declaración en la que manifestaron “nuestra preocupación por el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, el cual podría afectar su independencia y autonomía”.
Se trata del proyecto que cuenta con media sanción del Senado y que espera su aprobación total en Diputados. Principalmente, modifica la forma de elegir al procurador, que pasaría a ser designado por mayoría simple y no por los dos tercios del Senado como sucede hasta ahora.
El documento se conoció también cuando diputados ultra K como Rodolfo Tailhade quiere cambiar la composición del jury a fiscales para iniciarle un juicio político al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y el fiscal Carlos Stornelli. Este investigó el caso de los Cuadernos de las Coimas.
Además, sostuvieron los fiscales del Mercosur: “Destacamos lo oportunamente manifestado, entre otros pronunciamientos, en la pasada XXII REMPM, en el sentido que “los Procuradores Generales y los Fiscales Generales de la región expresan su creciente preocupación ante las continuas manifestaciones y acciones de otros poderes que buscan limitar la actuación de los Ministerios Públicos que Controlan directamente su independencia y autonomía“.
También reiteraron “lo ya manifestado en las Reuniones Especializadas de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM) realizadas anteriormente sobre la necesidad de que los Ministerios Públicos pueden ejercer sus funciones de manera independiente y autónoma, con los recursos necesarios para esos fines y así actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, persecución o amenaza, y exigimos respeto por estas condiciones mínimas de actuación”.
Por último, añadieron que una declaración similar a la presente fue efectuada en 2017 durante la Presidencia Pro-Tempore de la República Federativa del Brasil, ante un proyecto de reforma a la misma Ley argentina.
La firma del comunicado incluyó a las ciudades que nuclean a esos representantes de ministerios públicos latinoamericanos: Brasilia, Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá, Quito y Lima. Quienes le pusieron la rúbrica al texto fueron Augusto Aras, procurador general de la República Federativa de Brasil, y Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, fiscal General del Estado de la República del Paraguay, Jorge Díaz, fiscal de Corte de Uruguay, Jorge Abbott Charme, fiscal nacional de Chile, Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de Colombia, Diana Salazar y Zoraida Ávalos, fiscales generales de Ecuador y Perú, respectivamente.
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