A las 3.10 del 24 de marzo de 1976 el general Jos Rogelio Villarreal oficializ el golpe de Estado al comunicarle a la entonces presidenta Mara Estela
Martnez de Pern, ‘Isabel’: “Seora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control poltico del pas y usted queda arrestada”.
Desde ese da y hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas, apoyadas por poderosos sectores de la sociedad civil, instauraron una poltica de terror, para lo cual implementaron un plan sistemtico de exterminio y desaparicin de personas.
Los comandantes generales del Ejrcito, Armada y Fuerza Area, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramn Agosti, se invistieron como los nuevos titulares del Ejecutivo al conformar la Junta Militar.
Cinco das despus, Videla se proclam presidente y las primeras medidas que dispuso fueron la clausura del Congreso y de todas las Legislaturas provinciales y municipales, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema por jueces adictos al nuevo rgimen, el allanamiento e intervencin de los sindicatos, la prohibicin de toda actividad poltica y la censura previa sobre todos los medios de comunicacin.
Los ministerios, con excepcin del de Economa y el de Educacin, fueron ocupados por militares.
Los gobiernos provinciales tambin fueron repartidos en su mayora entre uniformados de las tres fuerzas y lo mismo hicieron con los canales de televisin, que fueron adjudicados con ese criterio.
Bajo el argumento de la existencia de un enemigo interno, las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos, saquearon al pas endeudndolo en una dimensin desconocida hasta el momento, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, y desplegaron una poltica econmica que desindustrializ la estructura productiva y profundiz la pobreza y el hambre, mientras que la resistencia era exterminada bajo la creacin de no menos de 700 centros clandestinos de detencin, tortura y desaparicin.
Todo el aparato del Estado estuvo al servicio del terror planificado y sistemtico, institucionalizando el secuestro, la tortura y la desaparicin forzada de personas.”
Frente a este escenario, fueron los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, junto a sectores del movimiento obrero, los actores sociales que expresaron una voz que denunciaba a la dictadura.
Mientras las Madres y Abuelas reclamaban por la aparicin con vida de sus hijos y por la recuperacin de sus nietos apropiados, los sindicatos llevaron adelante ms de 300 protestas entre 1976 y 1979.
Luego, tras la debacle econmica del 80 y la derrota en la Guerra de Malvinas, los militares y sus socios civiles se autoamnistiaron y estatizaron sus gigantescas deudas privadas.
Fue la dictadura ms atroz que vivi la Argentina, se extendi por ms de siete aos y tuvo como consecuencia la desaparicin de 30.000 personas, 500 bebs apropiados y miles de exiliados.”
Con la llegada de la democracia, las fuerzas polticas y las organizaciones de Derechos Humanos comenzaron a organizar movilizaciones en la calle para recordar cada 24 de marzo.
La primera iniciativa se produjo en 1984 en Rosario, donde asistieron unas 700 personas que marcharon desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Deliberante, por la peatonal.
En 1985 fueron las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, las que empezaron a marchar cada 24 de marzo, aunque en esa primera oportunidad la movilizacin se realiz el 21 de marzo de aquel ao.
Nueve das despus comenz el Juicio a las Juntas, que estuvo a cargo de la Cmara Federal de la Capital que integraban los jueces Len Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aroz, Guillermo Ledesma y Andrs D’Alessio.
Luego, tras los levantamientos carapintadas, llegara la sancin de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Ambas leyes causaron un enorme retroceso en los procesos judiciales y estuvieron coronadas por el indulto establecido en los ’90, ya por el entonces presidente Carlos Menem.
Con la llegada de Nstor Kirchner al gobierno, tras la declaracin de inconstitucionalidad de las leyes a las que se defina como ‘leyes de impunidad’, se abri un camino para la reactivacin o directamente la apertura de los juicios por causas de lesa humanidad.
Esos juicios incluso se ampliaron y hasta el da de hoy permiten conocer detalles del horror ocurrido en la Argentina durante el perodo 1976-1983.
El 24 de marzo fue una fecha clave desde el retorno de la democracia y la instalacin de ese da como feriado nacional se produjo a partir de la sancin de la Ley 26.085 en el ao 2006, que lo declar Da Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia.
Esta norma intent ser manipulada luego, en el ao 2017, por el expresidente Mauricio Macri, quien dict un decreto estableciendo la movilidad de ese feriado, una decisin que fue rechazada de plano por los organismos de derechos humanos.
Once das despus, ante el rechazo de la sociedad civil en su conjunto, Macri debi revocar su disposicin por otro DNU.
Un retroceso similar ocurri, pero en este caso protagonizado por la Corte Suprema, luego de que el mximo tribunal aplicara el criterio del ‘2×1’, el 3 de mayo de 2017, en el llamado fallo Muia, por el cual se computaba doble el tiempo que hubieran estado detenidos los represores condenados por delitos de lesa humanidad antes de tener sentencia firme.
Un ao ms tarde, tras movilizaciones multitudinarias que repudiaron lo que fue considerado como un retorno de la impunidad, la Corte revirti con un nuevo fallo lo que haba resuelto antes y estableci que las condenas en crmenes de lesa humanidad no pueden ser reducidas con el beneficio del ‘2×1’.
