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La decisin del Estado de tomar un rol ms activo como querellante en los juicios de lesa humanidad posibilit que en la actualidad, a 45 aos del inicio de la ltima dictadura cvico-militar que padeci la Argentina, las polticas de Memoria, Verdad y Justicia hayan cobrado un nuevo impulso.
A pesar de las demoras que la pandemia de coronavirus motiv en los debates de las causas por crmenes cometidos durante el terrorismo de Estado, la Secretara de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla se present entre agosto y septiembre 2020 en 13 causas, y desde la reanudacin de la actividad judicial, tras la feria de verano, comenzaron cinco juicios orales y pblicos.
Tambin comenzaron las audiencias del juicio de la causa que se sigue en Mendoza por la apropiacin de la hija de la pareja que formaban Carlos Poblete y Mara del Carmen Moyano.
En contraste con el rol activo de la Secretara de Derechos Humanos en 2020 y lo que va de 2021, entre 2015 y 2019 -durante la gestin de Cambiemos- el Estado slo se present como querellante en seis causas, mientras que otorg poderes especiales para intervenir en otras dos causas.
Adems, con el Gobierno de Mauricio Macri, la Secretara de DDHH que por entonces encabezaba Claudio Avruj dej de querellar en varias causas, que este ao fueron retomadas por “decisin poltica” de la administracin del Frente de Todos.
En esa lista figura, por caso, la investigacin contra los represores Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Daz por los secuestros y las torturas que padecieron Jos Jaima Blas Garca Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso, Rubn Palazzesi, Carlos Guillen y Cristina Guilln, que tramita en los Tribunales Federales de Crdoba.
Tambin en Crdoba, el Estado recuper su rol de querellante en otra causa contra 80 exagentes de la polica, el Ejrcito y otras fuerzas de seguridad.
Y en La Rioja, la Secretara de Derechos Humanos volvi a impulsar la investigacin por el asesinato del catequista Wenceslao Pedernera, referente del Movimiento Rural Cristiano y colaborador del obispo Enrique Angelelli, ocurrido en 1976.
Adems, el Estado mantuvo su presencia en los juicios orales que se desarrollaron en las causas de sub-zona 15 de Mar del Plata; Feced III (crmenes de lesa humanidad cometidos por la Polica de la provincia de Santa Fe) de Rosario; Operativo Independencia II en Tucumn; Destacamento 144, en Mendoza (que juzga a integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejrcito y a miembros de la Fuerza Area); Megacausa de San Juan y ESMA VI, entre otros.
En materia de complicidad civil y empresaria, el Estado querella en la causa ‘La Veloz del Norte’, en la provincia de Salta, en la que es investigado el empresario Marcos Levin (que hasta 2012 tuvo el 50% de las acciones de esa empresa de transporte de pasajeros) por hechos ocurridos en 1976 y 1977.
Sobre el rol que jugaron sectores del Poder Judicial en relacin al terrorismo de Estado, la Secretara de Derechos Humanos se present como querellante en la causa que investiga a los ex funcionarios judiciales Nstor Eduardo Meyer, Hugo Mezzena y Mariano Wenceslao Cardozo por delitos perpetrados contra ms de un centenar de vctimas.
El avance de varios juicios de lesa humanidad, sin embargo, se vio afectado por la pandemia de coronavirus, que interrumpi los debates o posterg el inicio de las causas que deban arrancar este ao.
A travs de la modalidad virtual, los procesos orales y pblicos suspendidos en marzo comenzaron a reanudarse entre los meses de mayo y junio: se adoptaron medios electrnicos en funcin de las restricciones sanitarias.
Por esta va se retomaron las audiencias de causas emblemticas como ESMA IV; la Mega-causa de Campo de Mayo; Operativo Independencia II; ‘Di Npoli’ (hechos cometidos en el arsenal naval de Zrate, en el buque patrullero ARA Murature y en la ciudad de Campana); sub-zona 15; Feced III; Brigada de San Justo y Destacamento 144, entre otras.
A pesar de las demoras que impuso la pandemia, en 2020 comenzaron juicios muy esperados en causas como la de Triple A en Baha Blanca; los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, en los Tribunales Federales de San Martn; Diedrichs-Herrera, en Crdoba (por crmenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Perla entre marzo y septiembre de 1976); la Causa Klotzman en Rosario (hechos ocurridos entre agosto y noviembre de 1976 en el campo de concentracin ‘Quinta de Fisherton’); Delitos sexuales en la ESMA; la investigacin unificada por Pozo de Quilmes, Banfield e ‘Inferno’, en la Plata; la de la sub-zona 52, en Neuqun, y el juicio al agente de inteligencia del Batalln 601 Carlos Espaadero, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde diciembre de 2019, con el recambio presidencial, el Ejecutivo retom una relacin fluida con los organismos histricos de Derechos Humanos, que fueron recibidos en varias oportunidades por el presidente Alberto Fernndez.
“Sentimos que este gobierno nos escucha y nos comprende, despus de cuatro aos en los que estuvimos casi prohibidos”, seal la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, en referencia a la relacin que los organismos mantuvieron con Macri, quien lleg a decir que los Derechos Humanos eran “un curro” con el que su gestin iba a terminar.
El proyecto para la creacin de un sitio de la Memoria en Campo de Mayo (demorado por la pandemia); la candidatura del predio de la exESMA como patrimonio mundial de la Unesco; la campaa ‘Memoria es Futuro’ de recopilacin de materiales sobre la ltima dictadura cvico-militar; y la preservacin de archivos de los organismos de DDHH, fueron otras de las iniciativas que el gobierno nacional reactiv y promovi en el ao 2020 en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
