La cámara federal porteña confirmó este viernes los sobreseimientos de los ex directores de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici, María Eugenia Talerico, Agustín Biancardi y Gonzalo Romero, en
una denuncia que le había hecho el gobernador kirchnerista de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Federici es uno de los “objetivos” de la vicepresidenta Cristina Kirchner por su rol en activo en causas como la Ruta del Dinero K.
Zamora, a través del polémico abogado Franco Bindi los denunció por haber intentado frenar el retiro en efectivo de más de 32 millones de dólares en efectivo de la cuenta bancaria de la provincia.
Primero el juez federal Julián Ercolini los sobreseyó, pero Zamora apeló, y ahora la Cámara confirmó el fallo que deja en claro lo que las autoridades de la provincia trataron de hacer y que la UIF actuó en el marco de la ley.
En noviembre de 2018, la UIF ordenó al banco Hipotecario no pagar en efectivo 30 millones de dólares que Zamora quería sacar de una cuenta de la provincia. El gobernador intentó justificar esa emergencia diciendo que era para el pago de los salarios de la provincia que no se pagan en efectivo y menos aún en dólares.
Entonces a través de su apoderado Franco Bindi –uno de los organizadores del Operativo Puf- Zamora denunció a las autoridades de la UIF por esa decisión.
La provincia de Santiago del Estero consideró que la resolución adoptada por Ercolini “es prematura porque a su criterio aún restan pruebas por producir que demostrarían el accionar irregular de quienes, desde la dirección de la UIF, habrían formado parte de un plan mayor”.
La maniobra, dijo Bindi, era para “disciplinar a las Provincias que no se sometían al poder central” del gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, dijo la cámara uno de los datos que encendió las alertas por supuesto lavado de dinero fue “junto a la magnitud del monto requerido, la insistencia para que la transacción se realizara en efectivo –en lugar de acudir a medios electrónicos- aun cuando el costo por el envío del dinero desde Buenos Aires superaba los US$ 500.000”.
La segunda presentación de la UIF dio cuenta de “un retiro en efectivo, aunque en esta ocasión la solicitud se había efectuado ante el Banco Nación. Allí dos personas designadas por el Ministerio de Economía provincial hicieron saber que debían retirar US$ 2.000.000 que serían destinados al pago de obras y sueldos públicos”. Las presentaciones de la UIF incluían medidas cautelares para frenar las extracciones de dinero.
En un fallo firmado por los miembros de la sala I de la cámara federal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens recordaron que en ese momento “se plantearon nuevos interrogantes en torno al destino de los fondos”.
Por una parte, “las personas designadas para efectuar el retiro del primer millón de dólares (del Banco Nación) habían consignado que el dinero se destinaría al pago de obras y salarios públicos. Por otra, en su declaración testimonial, el Ministro de Economía provincial reconoció que aquél había sido un error material y que los fondos serían resguardados en una caja de seguridad del Banco de Santiago del Estero”.
Nuevamente, “el panorama demuestra que las observaciones planteadas por la UIF fueron genuinas. A través de los procedimientos instados se lograron aclaraciones satisfactorias, y luego la entidad repitió su postura de no oponerse al rechazo de la cautelar y al archivo del expediente que ella misma había instado”.
“Lo expuesto nos lleva a confirmar la resolución apelada, en la convicción de que los integrantes de la UIF hicieron un adecuado ejercicio de las atribuciones que les habían sido confiadas. Lo contrario implicaría dejar latente, sine die, una investigación en la que ya se han producido elementos suficientes para adoptar una decisión definitiva”, señaló la cámara federal porteña.
