La Justicia de Rafaela ordenó este miércoles mantener bajo prisión preventiva a Leonardo Andrés Peiti, el empresario rosarino que había sido detenido la semana anterior en relación a dos causas sobre
juego ilegal y lavado de activos.
Si bien ya había sido imputado el año pasado en el sur santafesino a partir de otra investigación similar, permanecía en libertad hasta la semana anterior por su colaboración con las autoridades.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló al hombre de 47 años como jefe de una asociación ilícita. Además lo consideran responsable de explotar apuestas clandestinas y defraudación contra la administración pública. De acuerdo a la hipótesis de los encargados del caso, el negocio se desarrollaba en diferentes locales vinculados al rubro y en un hotel de la principal ciudad del centro oeste provincial.
Por la operatoria de este último lugar detuvieron al empresario Edgardo Ángel Santucci Santillán (50), quien también fue señalado como cabecilla de la organización y permanecerá tras las rejas.
Las sospechas sobre actividades delictivas de Peiti en Rafaela surgieron a partir de su relación con David Alejandro Itatí Perona, fallecido en noviembre luego de contagiarse coronavirus mientras se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. Dos familiares de este último fueron imputados junto al rosarino en la misma audiencia como integrantes de una segunda estructura delictiva del mismo tipo.
La orden de detención del empresario no es la primera que solicita la Justicia. En marzo de 2019 fue capturado en Melincué, en el sur santafesino, donde ya tiene una causa en trámite. Sin embargo, su nombre recién ganó amplia repercusión en julio pasado, cuando incriminó a Patricio Serjal, por entonces jefe regional del MPA en Rosario, y al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.
En su declaración como “arrepentido”, dijo que le cobraban entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de protección e información reservada sobre investigaciones en curso.
A partir del testimonio, la investigación llegó a poner la lupa sobre el senador provincial Armando Traferri, uno de los principales referentes del Partido Justicialista (PJ). En diciembre, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron el desafuero del legislador para imputarlo como otro de los organizadores de la estructura delictiva, cuyo rol era vender “influencia a cambio de dinero”.
Si bien los encargados de la causa deslizaron que el dirigente peronista se reunía periódicamente con Peiti con objetivos ilegales, la Cámara alta consideró insuficientes las pruebas presentadas y expresó su rechazo por amplia mayoría ante la solicitud. La votación marcó el punto de máxima tensión del enfrentamiento público entre el exintendente de San Lorenzo y Marcelo Sain, quien aún estaba al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
La batalla legal sobre la situación de Traferri sigue su curso con menor intensidad desde entonces. El MPA pidió la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, pero la misma fue rechazada.
Ahora, el senador presentó una denuncia contra los fiscales por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A través de un escrito, señaló que los funcionarios judiciales no solicitaron el archivo de las actuaciones en su contra luego de la sesión para tratar el tema.
Rosario. Corresponsalía.
GL
