Ante el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) puesto en marcha por el gobierno de Javier Milei, en julio último la Justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar cambios en el organismo por un período de seis meses. Sin embargo, trabajadores de ese espacio denuncian movimientos preocupantes y un estado de “militarización” de la sede central.
Desde la Asamblea Multisectorial del INTI –según consignó el portal Periferia– difundieron un comunicado en el que acusan al Gobierno Nacional de “violar la ley y avanzar en el vaciamiento del organismo”. Advierten que la conducción de Miguel Romero, bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, apunta a imponer “una centralización del Instituto rechazada por la Justicia, el Congreso y los propios trabajadores”.
Cuestionan, además, el cierre de sedes regionales (como Vaqueros, en Salta) y la suspensión de las becas y de las convocatorias de nuevos profesionales, algo que vulnera la ley de creación del INTI y paraliza las líneas clave de investigación.
Todo esto, sumado a un estado de “militarización” en las instalaciones del Parque Tecnológico Miguelete, en General San Martín. Desde el Consejo Directivo de ATE Capital dijeron a Tiempo que este lunes comenzó a haber personal de Gendarmería custodiando el sitio, en lugar de los efectivos de Policía Federal que históricamente cumplían ese rol. “Pusieron domos con radio de escucha en lugares que no son cercos perimetrales del INTI –que tiene muchas hectáreas- sino en zonas como el quincho, donde se hacen las asambleas, o en los diferentes locales gremiales. Con un sistema de identificación facial. Estamos prácticamente militarizados”.
Los cambios en seguridad se implementaron con el argumento de evitar robos, pero entre trabajadores cuestionaban que los domos de vigilancia no se pusieron en los perímetros sino dentro, y los equipos de escucha no se activan por la noche sino que funcionan cundo está el personal trabajando. “En el macrismo lo hacían con seguridad privada y ahora con Gendarmería, con la excusa de los robos, pero que siempre ocurren de noche”, relataron.
Además, si bien no hubo una nueva ola de despidos tras el freno judicial, sí se dio desde la semana pasada un recambio de gerentes y subgerentes de áreas de apoyo –no técnicas-. “Empezaron a poner gente ‘de ellos’, algo que no habían hecho hasta ahora. Unas 50 personas”, afirmaron desde ATE a este medio.
Orden Judicial
En julio el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar a una medida cautelar y la magistrada Martina Forns sostuvo había «circunstancias graves y objetivas» que justificaban «el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
El 7 de julio, con el decreto 462/2025, el gobierno de Milei había implementado una modificación de los organismos estatales, como el INTI, transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. El Ejecutivo planteó convertir al organismo “en una unidad organizativa que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”.
En septiembre, pese a esa orden judicial, la Asamblea Multisectorial denunció que el Gobierno Nacional -estaba violando la Ley fundamental del organismo, para luego centralizarlo. “Nosotros siempre comunicamos a la comunidad que la misión del Instituto es garantizar la calidad de las mediciones, cuidar la seguridad y la vida de la población argentina. Como así también, contribuir en el fortalecimiento de las economías regionales a partir del desarrollo de valor agregado (…) Por eso rechazaron el decreto de centralización del Instituto, hoy el Gobierno Nacional pretende burlarse de las y los legisladores porque continúa vaciando al INTI”, dijo por entonces Giselle Santana, miembro de la Asamblea Multisectorial.
Fuente Tiempo Argentino
