“Las compañeras no tienen ni para la Sube. Por eso muchas veces no llegan al sistema de salud. Entre llevar a su niño al médico e ir ellas, prefieren llevar al chico. El efecto de eso se nota. Vemos compañeras que esperan hasta lo último para atenderse. Que están con bronquitis, neumonía. La plata no alcanza para nadie, pero si no tenés trabajo, tenés chicos y una patología de por vida como el VIH, todo se vuelve peor”.
Catalina Castillo describe con crudeza cómo impacta la crisis sobre los cuerpos de las mujeres que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Sabe de qué se trata: convive con el diagnóstico hace 21 años y es referenta de la Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH. En la previa del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, su voz es parte de todo un colectivo que advierte que “sin presupuesto no hay respuesta al VIH”.
El documento elaborado por la Asamblea Nacional del Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, integrada por más de 30 organizaciones de todo el país, resume así la situación que atraviesa esta población bajo el actual gobierno: “Milei nos sube la carga viral”.
No solo pastillas
“Sabíamos que el despido de casi el 70% del personal en la Dirección Nacional del área (a principios de 2025) iba a traer problemas. Antes si había un faltante de medicación nos comunicábamos y daban una respuesta. Ahora, no”, dice Castillo. En esta gestión hubo al menos tres recambios al frente de la dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. Por momentos, permaneció acéfala.
“En este tiempo vimos problemas por cambios de tratamientos y entrega de medicación fraccionada. Te dicen ‘tomá esto porque no hay otra cosa’. Las obras sociales no están entregando en tiempo y forma, sobre todo Pami. Con lo que hemos trabajado en estos años para que las personas sean adherentes al tratamiento, fundamental para llegar a tener carga viral indetectable e intransmisible, todo se puede ir por la borda si cuando vas a la ventanilla te dicen ‘no hay, llega la semana que viene’”, lamenta.
“Cuando hablamos de adherencia decimos que es mucho más que tomar la medicación todos los días. Tiene que ver con acceso a vivienda, trabajo, alimentación, calidad de vida, atención de la salud mental. Claramente este gobierno no está haciendo todo eso”, resume Mariana Iacono, activista desde hace más de dos décadas por los derechos de las personas con VIH.
Un dato como antecedente para entender el contexto: cuando en 2022 se votaba en la Cámara de Diputados la Ley 27.675, de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis, el por entonces diputado Javier Milei fue uno de los pocos que se pronunció en contra. Argumentó que ese tipo de normativas “agrandan el Estado” y “destruyen al sector privado”.
“Todos los días es pensar qué podría pasar si no estuviera más esa ley que nos asegura el acceso al tratamiento. Porque en sus discursos (Milei y Victoria Villarruel, quien votó en el mismo sentido) argumentaron que, si teníamos VIH, era responsabilidad nuestra. Que por qué el Estado debería ser responsable de ese ‘gasto’, no entendiéndolo como una política pública. ¿Y si un día se levanta este loco y dice ‘se acabó esto’? Hay una incertidumbre constante en nuestras cabezas”, describe Iacono.
Un giro preocupante
Los temores son fundados. Un informe de Fundación Huésped advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 “supone un giro preocupante en la respuesta al VIH: de una estrategia integral de prevención, diagnóstico y tratamiento con miras al cumplimiento de la Ley Nacional, hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales, dejando de lado la prevención y la detección temprana”.
“Esto puede traducirse en más infecciones, diagnósticos tardíos, mayor desigualdad sanitaria, y mayores costos en tratamientos futuros”, alertó Huésped. Y señaló que “un aspecto crítico del proyecto es la no mención de la PrEP y PEP en sus metas”. Se trata de medicamentos de profilaxis preexposición y posexposición. El Ministerio de Salud respondió a este diario que el ítem no figura en el presupuesto porque “no son medicaciones que estén discriminadas y se vean diferenciadas. Se compran todas dentro del programa de asistencia a pacientes con VIH”. Sin embargo, hasta 2023 figuraban de forma específica y la omisión generó preocupación.
Quedar afuera
El informe de la ONG detalla que hay 71.564 personas con VIH registradas bajo programa. El Presupuesto 2026 contempla antirretrovirales para 71.500. Pero cada año se suman nuevos casos: en 2024 fueron 6.692. “Globalmente, el 70% de las personas con VIH en el país cuenta con cobertura pública exclusiva, por lo que es dable suponer que casi 5.000 nuevas personas precisarán tratamiento antiviral. Si además no se diferencian los tratamientos para PrEP y PEP, queda la duda acerca de cómo estableció esta meta el Ministerio de Salud, ya que no alcanzaría para cubrir las necesidades de la población bajo programa”, concluyó Huésped.
La cartera de Mario Lugones respondió que sus políticas apuntarán a “ampliar la estrategia de Prep (pese a que no figuran en el Presupuesto); distribución de preservativos con prioridad en espacios de poblaciones claves; distribucion de test rápidos (VIH y sifilis) para ampliar el uso en el primer nivel de atención”.
En 2025 el Estado Nacional no compró preservativos. El Presupuesto 2026 sí los incluye, pero la recuperación proyectada no compensa el año sin compras y reduce a menos de la mitad lo estipulado en 2023. Algo similar pasó con los test rápidos: en 2023 se distribuyeron 1.120.380 y para 2026 se prevén 581.000.
“En el otoño-invierno hubo faltante de reactivos y de un retroviral. La Provincia de Buenos Aires tuvo que salir a comprar de emergencia. El tema es qué pasa en otras provincias”, señala Sergio Gravier, fundador y coordinador del Grupo de Pares en el Hospital de San Isidro, espacio de asistencia y contención. “La gente en el grupo antes pedía chapa para sus viviendas. Ahora vienen a pedir comida. Creo que es simbólico”, contrasta.
La quita de pensiones que golpeó a las personas con discapacidad también afectó a la población con VIH. “De los 30 que somos en el grupo, se la sacaron a diez”, apunta Gravier. Daniel y Walter viven con VIH, tienen 58 años, son pareja y están al frente de Puente Positivo, que brinda asistencia y capacitación en el municipio bonaerense de Moreno. Hace seis meses, a Walter le cortaron su pensión. “Vivimos los dos con una pensión, que no alcanza para nada, y la ayuda del Municipio. Más alguna changa, como cortar pasto. Trabajo no se consigue, nos discriminan. A Walter –cuenta Daniel- lo despidieron durante el macrismo, cuando se enteraron que tenía VIH. Hizo juicio y ganó. Pero trabajo nunca más consiguió”.
No esperar a algún síntoma
Los diagnósticos tardíos son una de las problemáticas que enfrenta el colectivo con VIH. “En el Boletín de Respuesta la VIH y las ITS en Argentina del año pasado se encontró que el 45% de los diagnósticos eran tardíos. Es necesario concientizar a toda la población y a los médicos sobre que toda persona sexualmente activa tiene que testearse periódicamente para VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis”, remarcó Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas. Y enfatizó que “no hay que esperar a tener algún síntoma” para comenzar a testearse.
En materia de tratamientos, los avances apuntan a mejorar la adherencia de los pacientes a la medicación. “En este sentido se están iniciando las terapias parenterales con inyecciones que se aplican cada dos meses (si bien tienen utilidad en algunos pacientes, no en todos). Es un avance terapéutico muy importante”, describió.
Entre esos avances, la combinación de Cabotegravir y Rilpivirina ya está en Argentina y llega lentamente a pacientes con indicación específica. “Todavía no a quienes tienen cobertura pública exclusiva. Las mejoras de tratamiento tienen la disparidad del sistema de salud”, planteó Leandro Cahn, director de Fundación Huésped.
El resurgimiento de la discriminación: «sidoso»
Se advirtió hasta el cansancio: la proliferación de discursos de odio y expresiones violentas desde el poder habilita y fomenta su réplica. En el colectivo de personas con VIH ese impacto se siente de lleno.
“Hay un resurgimiento de la discriminación. Una de las cuestiones más claras es cuando hacemos alguna publicación en redes o en medios sobre los reclamos por faltantes o por la no compra de preservativos. Cuando salimos a hablar, hay una caterva de comentarios odiantes. ‘Puto sidoso, te hubieras cuidado’. Cosas así recibo montones cuando hago referencia a la situación de la respuesta al VIH”, cuenta José María Di Bello, psicólogo, activista y referente de Fundación GEP. “Nos pasa a varios compañeros que somos visibles, cuando hacemos publicaciones. ‘¿Por qué tenemos que pagarles con la nuestra que ustedes sean promiscuos?’. Ese tipo de comentarios, en consonancia con los discursos de odio que proliferan desde el Gobierno. Hacía años que no los escuchaba”.
“Lo que vemos con preocupación es que vuelven a aparecer algunas expresiones que creíamos desterradas ya del discurso púbico”, coincide Leandro Cahn, director de Fundación Huésped. “Esto de usar o acusar a una persona de vivir con VIH como un insulto. El uso de ‘sidoso’. El desear a alguien que se infecte o tenga sida. Lo estamos viendo con preocupación en redes sociales, expresadas por personas con cierta cercanía al poder. Frases que por supuesto contribuyen a limitar el acceso al testeo, a estrategias de prevención, y contribuyen a que la epidemia siga creciendo”.
crisis internacional
En la presentación del informe del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida advirtió que la respuesta mundial al VIH se enfrenta al “revés más grave en décadas”.
La ayuda internacional cayó “drásticamente”. Al punto que “la crisis de financiación ha puesto de manifiesto la fragilidad de los avances que tanto nos ha costado conseguir”, alertó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA.
Fuente Tiempo Argentino
