Una medida del Poder Ejecutivo que desarticula una función clave del Estado acaba de chocar con un freno judicial. La Justicia intimó al Gobierno nacional a revertir la resolución del INTI que suprime el Programa de Metrología Legal, un área técnica vital para certificar la precisión de instrumentos de medición de uso masivo. La acción fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado, que ve en esta decisión un paso más en la ofensiva oficial por desmantelar organismos públicos.
Desde el sindicato señalan que la maniobra, lejos de ser una mera reestructuración, constituye un vaciamiento encubierto que pone en la mira las tareas de control. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, denunció que la resolución suspende de facto la aprobación y la certificación de instrumentos en uso, generando un vacío de fiscalización. Esta política, según su visión, ataca específicamente las capacidades de auditoría del Estado.
Un gobierno contra el pueblo
Las repercusiones trascienden lo administrativo y se proyectan sobre la seguridad ciudadana y la transparencia del mercado. El programa intervenía en la verificación de elementos tan diversos como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros y equipos médicos. Su desaparición, según los críticos, introduce un alarmante margen de arbitrariedad en mediciones que afectan derechos económicos y condiciones de salud pública.
La advertencia más gráfica de los trabajadores apela a la confianza básica en las unidades de medida: la posibilidad de que un litro de combustible o un kilogramo de productos ya no correspondan a su valor real. Esta imagen sintetiza el tono de la protesta, que califica la medida como un retroceso histórico en las garantías colectivas. El conflicto judicial expone así el choque entre un proyecto de desregulación extrema y las resistencias que alertan sobre sus costos sociales.
Fuente Tiempo Argentino
