El argumento de la baja natalidad, si bien no es válido para justificar el cierre de jardines maternales ni la fusión de grados en escuelas primarias –hechos que en varias ocasiones fueron informados en este medio– mucho menos justifica un proceso de vaciamiento en los bachilleratos populares que están ubicados en las zonas más postergadas de la Ciudad.
Sobre finales de 2025, el Ministerio de Educación porteño inició un proceso de actualización de documentación mediante la Resolución 1425/MEDGC/25 para las Unidades de Gestión Educativa Experimental y Bachilleratos Populares.
Tras la presentación de los documentos requeridos, la cartera educativa impuso la firma de un “convenio de colaboración” que precariza el trabajo de las y los docentes y desconoce las responsabilidades que el Estado había asumido. Actualmente en la Ciudad, hay alrededor de 30 bachilleratos con estas características, que operan bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE).
“Esta actualización nos parecía hasta positiva porque en general la presencia del Estado en estas escuelas a veces es muy poca, ni hablar en cuanto a la respuesta de infraestructura, de materiales, de financiación para que la escuela funcione. Pero cuando leímos el documento, la actualización establece pautas de funcionamiento y nosotros preguntamos qué eran esas pautas«, contó a Tiempo Alfonso, uno de los profesores del Bachillerato Popular 2 de Diciembre que funciona hace 18 años dentro de la Escuela República de Haití ubicada en Lafayette 1879, en el barrio de Barracas.
«Primero nos respondieron que no iban a modificar mucho y luego de presentar la primera parte de la documentación nos dijeron que la escuela se tiene que hacer cargo, a través de una asociación civil o de una cooperativa, del pago de los servicios, la luz, el agua, el gas, etc.”, agregó el docente.
Los Bachilleratos Populares porteños garantizan el acceso a la educación secundaria a jóvenes y adultos que no pudieron finalizar sus estudios en el sistema tradicional. A estas escuelas asisten generalmente trabajadores y trabajadoras precarizados, vecinos de barrios populares y una gran cantidad de mujeres que son jefas de hogar.
En noviembre pasado, la Unión de trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), publicó un comunicado donde advertía esta situación: “Tras reunirnos referentes y delegados de los distintos Bachilleratos Populares y UGEEs, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la Resolución N° 1425/25.”, desde el sindicato denunciaron que la documentación solicitada a las instituciones excede los requerimientos establecidos en la normativa anterior para su reconocimiento.
“Nosotros funcionamos en una escuela pública y el Estado nos dice que nos tenemos que hacer cargo del edificio, de los servicios, y hasta de la limpieza de la escuela. Es decir, el Estado no garantiza ningún presupuesto para el funcionamiento del edificio escolar. Además nos dice que cualquier problema legal que se tenga, ya sea laboral, civil o penal, es la escuela a través de la cooperativa o la asociación civil la que se tiene que hacer responsable de eso”, agregó el docente.
El vaciamiento de los bachilleratos populares
El vaciamiento y posterior cierre de los Bachilleratos populares, es un viejo anhelo del macrismo porteño. En 2023 se filtró una resolución del GCBA firmada por la ex Ministra de Educación Soledad Acuña, que amenazaba la continuidad de estos espacios. Ese documento también fue presentado como una nueva reglamentación y, entre sus artículos, destaca que el ministerio decide si va a financiar o no a los bachilleratos. Además, elige a sus autoridades y pasa a todo el personal a planta transitoria.
“Esta iniciativa del Ministerio de Educación porteño, tampoco garantiza tampoco el 100% de los salarios docentes. En el convenio dice que la cartera educativa se va a hacer cargo parcial o totalmente de la Planta Orgánica Funcional (POF), y establece una fecha de vencimiento, o sea, el convenio vence a fines del 2027, lo que no garantiza ni siquiera el término de un ciclo completo, porque el bachillerato dura tres años: un estudiante que ingresa este año se estaría recibiendo a fines del 2028”, remata el docente.
Desde los bachilleratos Populares aseguran que esto no se trata de una actualización administrativa: es un intento de desresponsabilización del Estado y de avance sobre las condiciones de trabajo docente y sobre el derecho a la educación de jóvenes y adultos.
El próximo miércoles 1 de abril, el bachillerato popular de Barracas convoca a organizaciones del barrio, sindicatos, centros de estudiantes, espacios culturales y a quienes defienden la educación pública a pronunciarse por esta situación, a las 20,en nuestra escuela, ubicada en Lafayette 1879 (Escuela República de Haití), CABA.
Fuente Tiempo Argentino
