El vaciamiento en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) escaló hasta límites peligrosos para la vigencia de los derechos laborales. Ante la convocatoria a un «apagón informativo» previsto para este viernes, la Casa Rosada decidió avanzar sobre la medida de fuerza declarándola ilegal mediante el Decreto 274/26. La maniobra, que desde ATE calificaron como un acto que se ubica «fuera de la ley», logró suspender el paro previsto para la mañana de hoy, aunque dejó al descubierto la estrategia oficial de restringir el derecho a huelga bajo criterios de interpretación dudosa.
Precarización y paro
El conflicto de fondo es la precarización y el desguace del organismo. Desde ATE señalaron que la respuesta del Gobierno ante los 140 despidos y el cierre de 40 estaciones meteorológicas no ha sido el diálogo, sino la judicialización. Para Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, el argumento de la «esencialidad» es una construcción forzada: «Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental», disparó el dirigente, denunciando que el Ejecutivo utiliza su poder administrativo para prohibir una protesta legítima frente a la crisis operativa del sector.
La tensión alcanzó su punto máximo ante el riesgo de que la falta de información meteorológica afectara la navegación aérea y fluvial. El Gobierno utilizó ese riesgo potencial como ariete legal para frenar la medida, mientras que desde el gremio advirtieron que la verdadera amenaza para la seguridad operacional es, precisamente, la reducción de personal y la falta de presupuesto que el mismo Estado está aplicando sobre el SMN. «Si el Gobierno considera que es esencial, debe garantizar recursos en lugar de avanzar con despidos», enfatizaron.
Tras el decreto que amenaza con sanciones a los trabajadores, ATE decidió remplazar el paro por una asamblea general resolutiva en la sede de la avenida Dorrego. Si bien la operatoria aérea y fluvial se mantendrá sin alteraciones esta mañana, el conflicto está lejos de cerrarse. La decisión del Ejecutivo de intervenir por decreto ha dejado una herida profunda en el vínculo con los trabajadores, quienes ya anticipan que el plan de lucha continuará ante lo que consideran un intento deliberado de desfinanciar una herramienta estratégica para el país bajo el ropaje de la legalidad.
Fuente Tiempo Argentino
