¿Por qué el acuerdo con el gobierno resulta controversial?
Se trata de un acuerdo firmado sin la necesaria puesta en consideración por parte de los trabajadores, trabajadoras y estudiantes de las universidades; tramado a sus espaldas y firmado de manera acelerada, al punto de dejar a la comunidad universitaria sin oportunidades reales de debate. Las federaciones gremiales que promovieron consultas lo hicieron, en general, mal y pronto, incluso incumpliendo el estatuto que las rige.
Otras, en cambio, ni siquiera se molestaron en preguntar, por lo que firmaron sin la potestad de representar a sus trabajadores. Esta forma de proceder deja en evidencia el sesgo antidemocrático de un acuerdo que se firma en el marco del incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27295), que el gobierno evita aplicar desde hace ya 233 días, hecho gravísimo al que el acuerdo ni siquiera alude.
Queda claro que esta decisión, trascendental para la causa universitaria, no es producto del consenso amplio que requería sino de la negociación y la claudicación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) integrado por los rectorados y de la mayoría de las conducciones sindicales (excepto la CONADUH, que luego de realizar hoy un Congreso con las delegaciones de todas las asociaciones gremiales lo rechazó por amplia mayoría). Tan poca es la confianza del CIN en el acuerdo que firmó, que bloqueó los comentarios en sus redes sociales.
Lo mismo hizo la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y demás gremios firmantes, prueba de que la decisión que tomaron fue de espaldas al reclamo genuino. Dicho de otro modo, este acto no puede ser calificado como un triunfo. Sin embargo, tampoco puede ser leído solamente como entrega de la lucha. Es también una forma de silenciar la voz de quienes sostuvieron y sostienen dicha lucha en aulas, laboratorios, hospitales, oficinas y pasillos de las Universidades Nacionales, reclamando que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad y no en cuentagotas.
El alcance del acuerdo
En comunicaciones oficiales, universidades y sindicatos firmantes replican una consigna que oscila entre la ingenuidad y el cinismo, al presentar este acuerdo como el “inicio del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”. Habría que hacerles notar a los firmantes que el acta no incluye una sola vez la palabra “ley”. Dicen defender, entonces, una ley que ni siquiera lograron dejar mencionada por escrito. Pero sí se remarca en el acta que tendremos que rendir debida cuenta de los fondos recibidos, una cláusula redundante (porque así ya lo manda la ley) que solo sirve de concesión a la chicana permanente del gobierno nacional hacia las universidades.
Por supuesto, el aumento pactado supondrá un alivio para los castigados bolsillos de los trabajadores de las universidades. “Alivio”, eso sí, entre comillas, pues bien puede ser pan para hoy y hambre para mañana. En el marco de un acuerdo forzado por la necesidad, arma que el gobierno usa sin escrúpulos, las y los trabajadores universitarios debemos conformarnos con un aumento magro e insuficiente. El precio que se paga, sin embargo, no es nada magro, y por eso somos miles los que lo creemos inadmisible.
Con este acuerdo, el gobierno se apunta una victoria que ya milita en todos los medios de comunicación. Anuncia, además, el fin del conflicto, frase que se replica en redes y canales de televisión. Con el acuerdo firmado, se le quita presión a la Corte Suprema para que se expida sobre la medida cautelar que ya se nos había otorgado en dos instancias judiciales.
Algunos abogados, incluso, advierten que este acuerdo salarial pone en riesgo la propia medida cautelar por difuminar el supuesto de peligro en la demora. Otros no dudan en afirmar que se estaba a las puertas de una salida afirmativa a favor del reclamo universitario y en contra de la posición del Gobierno Nacional de incumplir una Ley votada, vetada e insistida por el Congreso.
Este acuerdo, que no resuelve el problema de fondo, coarta la lucha de las universidades y desoye el mandato de las calles: ningún cartel rezó jamás “¡Por favor, negocien!”. Lo que pedimos, una y otra vez, es el cumplimiento sin condiciones de una ley votada seis veces en el Congreso Nacional.
La ley se cumple o no se cumple
En una carta a un amigo, el brillante Carl Gauss le dijo “yo no tomo la palabra prueba como hacen los abogados, que de media prueba y media prueba hacen una entera… yo la tomo como los matemáticos, para los que media prueba equivale a ninguna prueba y en la que no debe haber lugar a dudas”. Lo mismo aplica para la ley de financiamiento universitario. Media ley equivale a ninguna ley. Ese es el parecer de un gran número de trabajadores y estudiantes, y la razón por la que hoy nos adentramos en un terreno difícil.
Hasta ayer, el movimiento universitario había mantenido un consenso (casi) unánime. Al decidir acordar con el gobierno, el CIN y las dirigencias sindicales sabían que la decisión sería un parteaguas, máxime, considerando los tiempos y los modos en que socializaron esta decisión. Aun así, siguieron adelante.
El gobierno, al parecer, consigue lo que quiere, y logra debilitar al movimiento universitario. Este último se debate entre quienes con argumentos diversos y basándose fundamentalmente en la necesidad defienden el acuerdo, y la desazón de una amplia mayoría que lo rechaza no solamente por insuficiente, sino por advertir el peligro para la democracia que supone firmar acuerdos con quienes no cumplen la ley.
Esa desazón y descontento se organiza a lo largo y a lo ancho del país en las asociaciones gremiales de base y grupos de trabajadores y estudiantes autoconvocados, que insisten con la consigna de la última marcha federal universitaria: «¡Milei, cumplí la ley!». Es la postal que, por ejemplo, se vio esta tarde-noche en la esquina de Callao y Corrientes con ruidazo y protesta callejera, para visibilizar que el conflicto está lejos de estar resuelto. Y que el acuerdo está lejos de ser aceptado por la comunidad educativa.
Pese a las falacias vertidas por el gobierno, no somos quienes hemos sostenido las universidades y hospitales universitarios abiertos, cobrando miserias, las personas responsables de garantizar el derecho a la educación. Es el Estado y cada gobierno a quien le toca administrarlo.
Fuente Tiempo Argentino
