El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires separó preventivamente a diez penitenciarios acusados de torturar a cinco mujeres detenidas y abusar sexualmente a dos de ellas. Fue apartado -entre la decena de uniformados- el personal jerárquico de la Unidad Penal 51 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los hechos de características dictatoriales ocurrieron el pasado 3 de junio, en principio contra cuatro detenidas y al día siguiente contra la quinta detenida a quien le lastimaron un ojo. Justo ese día, las mujeres y diversidades se movilizaron en todo el país contra la violencia de género; la jornada fue impulsada por el Movimiento “Ni una menos”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a las víctimas y se presentó como particular damnificada institucional ante el Juzgado de Garantías en lo Penal N° 4 de La Plata, titulado por Juan Pablo Masi. Este juez dio curso a la denuncia pero se opuso y rechazó la intervención del organismo de control provincial por considerar su presentación como «prematura».
Resolución de la Justicia de La Plata
Entonces el organismo apeló a la oposición del magistrado Masi y finalmente la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata revocó -con dos votos contra uno- la decisión de primera instancia. Ahora la Comisión Provincial por la Memoria es particular damnificada institucional, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Porque así lo establece la Ley Nacional 26.827, que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
La Sala III entendió que no hubo un exceso en el uso de la fuerza durante un operativo penitenciario: «Comprobó que ejecutaron un esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento por parte de las autoridades penitenciarias«, explicó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Cipriano contó que mientras la causa penal -que transita en la justicia platense- acumula pruebas, durante los últimos días hubo avances en el expediente administrativo que se iniciaron por estos terribles hechos en la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Órgano político responsable
El letrado detalló que, por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, como órgano político responsable, ante la gravedad de los delitos protagonizados por los penitenciarios, pasó a disponibilidad preventiva de 10 miembros de esa fuerza de seguridad.
Se trata de los inspectores mayores Carlos Miguel Tocci, quien estaba como subdirector del Área de Seguridad de la Unidad Penal 51. Juan Manuel Villena, que era el subdirector de régimen abierto; Daiana Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento, quien obligaba a las detenidas a que le besen las botas.
También fue apartada la alcaide mayor María Belén Toledo, que era la subjefa de vigilancia. También la alcaide Daiana Villafañe, coordinadora del régimen abierto. Y varios integrantes del Grupo de Intervención en Emergencias (GIE); estos fueron quienes torturaron y abusaron sexualmente de las detenidas.
Sobre las torturas y el abuso sexual
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio en la Unidad Penal 51, cuando se desató una pelea entre dos mujeres. Ese día un grupo de penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las mujeres en las celdas. Después les hicieron requisa de cuerpo, las desnudaron frente al personal masculino del Grupo de Intervención ante Emergencias.
Pero las detenidas se negaron y les arrojaron gas pimienta directamente en la cara. Las sacaron a golpes y las llevaron a distintos sectores del penal, donde comenzaron con el ritual de las torturas, abusos sexuales macabros y dictatoriales con submarino húmedo e intento de estrangulamiento. Las penitenciarias obligaban a las detenidas a que les besen las botas y cuando se resistían las golpeaban.
Enfermera desplazada
A pesar de las brutales golpizas que sufrieron, el informe médico salió impecable. Está firmado por la enfermera Raquel Noemí Boccardo. Esta funcionaria también fue pasada a disponibilidad preventiva por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque según ella, las detenidas se encontraban en perfecto estado.
Un día después de los terribles hechos ocurridos, se hizo presente en el penal otra enfermera, que atendió a una de las cuatros detenidas -porque tres de ellas sufrieron el famoso traslado capeo- dejó constancia como corresponde de las lesiones que tenía.
El 4 de junio, cuando las trasladaron a distintas unidades de la órbita bonaerense, les rompieron todas sus pertenencias y le cortaron las prendas de vestir con un cuchillo. La detenida que no fue trasladada, no recibió asistencia psicológica y por eso intentó suicidarse por las tortura y tormentos que padeció.
Además, ese mismo día, un grupo de detenidas realizó un reclamo por sus compañeras que resultaron víctimas de torturas y abusos sexuales. Los penitenciarios también las reprimieron y una de ellas resultó víctima de torturas; convirtiéndose así en la quinta víctima.
Clausuraron calabozos en comisarías
La CPM también informó que durante los últimos días el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Moreno, a cargo de Jorge Fernando Mariano, ordenó la clausura de los calabozos de la Comisaría 6ta de Moreno y la DDI Drogas Ilícitas de Paso del Rey.
El magistrado prohibió el alojamiento de personas en ambas dependencias policiales hasta que cuenten con condiciones edilicias apropiadas y habitables para la vida humana. Sucedió tras las inspecciones que el organismo realizó en ambas dependencias.
García detalló que en la Comisaría 6ta, «había nueve personas y que su capacidad es para tres, lo que implica una sobrepoblación del 200%. A pesar de que nosotros presentamos un habeas corpus denunciando esto, posteriormente llegaron a meter en ese habitáculo a once detenidas«.
Precariedad institucional
«Las detenidas dormían en el piso, en colchones muy finos, sucios y rotos, expuestos a la humedad y filtraciones, sin ventilación alguna y en penumbra permanente, ya que la celda no contaba con ventanas«, denunció el secretario ejecutivo.
Y completó. «El lugar se iluminaba con focos conectados de manera muy precaria y sin ninguna medida de seguridad. Permanecían allí en riesgo permanente frente a cualquier siniestro. Además, les habían prohibido usar sus teléfonos celulares para mantenerlas incomunicadas«.
También aseguró que las detenidas sufrían aislamiento extremo las 24 horas, sin acceso a ningún espacio o patio con luz o ventilación natural. «El aire era irrespirable y los olores nauseabundos«, resumió. «Les habían recortado los horarios y días de visitas con sus familiares«, apuntó.
Comisaría de Paso del Rey
También está el caso de la DDI de Paso del Rey, «el lugar ni siquiera estaba habilitado para alojar personas detenidas, habían improvisado calabozos en oficinas donde permanecían durante un tiempo prolongado con todos sus derechos vulnerados«, denunció el letrado.
Tenía una puerta de rejas, no tenía privacidad y del sanitario salía un olor nauseabundo, a materia fecal, por lo cual era muy difícil permanecer en el lugar. Las mujeres, al igual que en la seccional sexta -señaló el secretario ejecutivo- quedaban sometidas a un aislamiento permanente con escasa luz natural, en condiciones inhabitables y muy precarias.
Tras la denuncia del organismo provincial de Derechos Humanos, la Justicia constató que no se cumplía ningún protocolo de alojamiento para mujeres y que permanecían en esos lugares con todos sus derechos vulnerados. Había precariedad de infraestructura, insalubridad y hacinamiento.
La Justicia, en su resolución dispuso el inmediato traslado de las mujeres allí cautivas en un plazo de 72 horas. Además, prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas y clausuró el sector de calabozos de ambas dependencias policiales.
Cipriano concluyó: «Nosotros venimos advirtiendo sobre el incremento pronunciado y constante del encarcelamiento de mujeres en el territorio bonaerense en los últimos 10 años. La población de mujeres en comisarías pasó del 6% al 11% del total de las personas detenidas».
Fuente Tiempo Argentino
