La salud pública argentina se encuentra ante una encrucijada que determinará el bloqueo del acceso a medicamentos en las próximas décadas. El debate parlamentario sobre la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), suscrito de forma bilateral entre Argentina y Estados Unidos, ha sido presentado bajo la narrativa de atracción de inversiones. Sin embargo, detrás de los tecnicismos comerciales se esconde una reforma estructural profunda que amenaza con desmantelar los resortes con los que nuestro país protegió el acceso a los medicamentos, la producción nacional y la sustentabilidad del sistema sanitario.
Desde la Fundación GEP trabajamos activamente para mejorar el acceso a la salud de toda la población y contribuir con la provisión universal de medicamentos esenciales. Ante esta amenaza latente, decidimos pasar a la acción directa con el lanzamiento de la Campaña Nacional “Un Escudo para la Salud”, mediante la cual entregamos a cada diputado un kit de emergencia institucional junto con la insignia física de este «escudo» protector. El objetivo es directo: advertir que el ARTI no es un tratado comercial convencional, sino un acuerdo diseñado para imponer estándares de propiedad intelectual «ADPIC-Plus» que blindan los privilegios corporativos transnacionales por encima del derecho fundamental a la salud.
Para analizar la gravedad del escenario, es necesario comprender cómo funciona el sistema de patentes que define quién tiene la propiedad de un medicamento, quién puede producirlo, quién puede comercializarlo y a qué precio. Es decir, es un sistema que protege la propiedad intelectual de las grandes empresas -en general extranjeras-, y que funciona en los hechos como un «derecho negativo», ya que otorga a su titular la facultad legal de impedir que cualquier otra persona, empresa farmacéutica o Estado produzca, comercialice, distribuya o importe la invención por un lapso de veinte años.
El problema radica en que, bajo el amparo del ARTI, este mecanismo vulnera y perfora las barreras regulatorias que la Argentina sostenía a modo de escudo para resguardarse de los abusos comerciales al sistema de patentes (evergreening).
Como parte del desmantelamiento de las salvaguardas locales de salud pública y como si el ARTI fuera más que nada una hoja de ruta, el gobierno nacional ya avanzó con la derogación de las históricas Guías de Patentabilidad del 2012 mediante la Resolución Conjunta N.º 1/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, lo que representa una flagrante regresión normativa.
Esta medida avanzó de manera alarmante a contramano del Poder Judicial, ya que, en octubre de 2025, el Poder Judicial había ratificado la plena validez de las Guías tras 14 años de litigio de la cámara de empresas multinacionales (CAEMe) contra el Estado Nacional, confirmando su total sintonía con los compromisos asumidos por Argentina en los Tratados internacionales.
Las Guías funcionaban como un filtro técnico para rechazar patentes extranjeras abusivas cuando no presentaban una verdadera innovación científica. Su eliminación fue el paso necesario para relajar los estándares de patentabilidad y allanar el camino hacia la inminente ratificación del PCT (Tratado de Cooperación de Patentes) cuyo dictamen de mayoría avanzó en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en mayo de 2026.
El PCT actúa como un verdadero embudo procesal internacional que desbordará la capacidad de control del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), bloqueando la producción de genéricos nacionales. Todo este andamiaje normativo tiene un impacto matemático directo en los presupuestos públicos de provisión gratuita de medicamentos y vacunas como así mismo en las economías de las familias: según auditorías internacionales de compras públicas y reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la libre competencia es el único factor capaz de democratizar el acceso frente a la voracidad corporativa.
Así mismo el ARTI prevé la incorporación de Argentina al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) que reduce al mínimo los requisitos y formalidades burocráticas para facilitar el desembarco masivo de solicitudes de corporaciones farmacéuticas. Estos instrumentos diseñados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) tienden a favorecer a las compañías multinacionales, facilitando la proliferación de monopolios sobre medicamentos a través de la presentación de solicitudes de patentes en simultáneo en varios países y la imposición de estándares de patentabilidad muy flexibles. Sin guías de patentabilidad (criterios rigurosos) y con la vigencia de estos Tratados la capacidad de definir políticas anti evergreening consistentes con el Acuerdo ADPIC (OMC) es nula, y lo que primará serán los estándares impuestos por los países desarrollados.
Medidas complementarias aseguran el éxito de los negocios con la Salud
Otra de las disposiciones es la extensión del plazo de las patentes en caso de demoras en los procesos de concesión, lo que prolonga aún más los períodos de exclusividad (monopolio). A esto se suma la exigencia de reducir los tiempos de tramitación, lo que puede debilitar la capacidad del Estado para examinar adecuadamente las solicitudes.
También se establece la adopción de un régimen de exclusividad de datos de prueba. Este mecanismo otorga protección a la información utilizada para aprobar la comercialización de un medicamento, generando otro monopolio que opera de manera paralela a la patente impidiendo el registro sanitario de versiones genéricas. En la práctica, este mecanismo bloquea la entrada de genéricos al mercado, aun cuando la patente haya vencido o no exista.
En otro ámbito también vinculado con la Salud y la actuación de nuestra Autoridad Regulatoria, uno de los núcleos más alarmantes que el Acuerdo exige que nuestro país ceda sus capacidades de control soberano al obligarlo a convalidar de manera automática las autorizaciones de comercialización de medicamentos y vacunas emitidas por la FDA (Food and Drug Administration) estadounidense, relegando por completo el rol técnico que ejerce nuestra ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Esta subordinación automatizada —donde una oficina extranjera decide qué se consume en nuestro territorio— delega la soberanía argentina de decidir qué tecnologías sanitarias necesitamos como pueblo conforme nuestra realidad local, convirtiendo a la Salud en un terreno de pura especulación financiera.
Las grandes corporaciones ya no dirigen sus esfuerzos en desarrollar curas revolucionarias, sino a diseñar estrategias para perpetuar sus monopolios mediante maniobras especulativas como el evergreening, que consiste en introducir modificaciones insignificantes en fármacos existentes para pedir nuevas patentes y así perpetuar los monopolios.
Las cifras oficiales muestran con crudeza este abismo reflejándose en los precios
El tratamiento para el VIH: Dolutegravir + Lamivudina que el Ministerio de Salud de la Nación compra a US$360 anuales por persona en su versión genérica nacional -con las reglas que impone el Acuerdo con EE. UU.- pasaría a US$14.360, que es el precio de monopolio al que se comercializa en la Comunidad Europea donde el tratamiento está patentado.
En sintonía, mientras que el Sofosbuvir que es el tratamiento que cura la Hepatitis C se compra a US$199 en la versión genérica argentina, la empresa estadounidense Gilead lo lanzó a US$84.000 en Estados Unidos donde la droga está patentada, a pesar de que su costo estimado de producción es de apenas 62 dólares.
Estas brechas definen vidas, tal como lo demuestran los casos testigo documentados por las organizaciones de salud. Ciudadanos y ciudadanas argentinas que se atienden en los hospitales públicos habrían sido condenados a una muerte evitable si el sistema público no hubiera podido adquirir versiones genéricas a una fracción del precio de las versiones patentadas.
Oposiciones a Patentes, una herramienta que salva vidas
Una Salvaguarda de Salud que resulta clave en el trabajo de la sociedad civil es la posibilidad de tomar intervención y colaborar en el proceso de examen de una solicitud de patente. En el artículo 28 de la ley de patentes, se permite a cualquier persona física o jurídica presentar argumentos y evidencia referidos a una solicitud de patente, con el objetivo de demostrar que no cumple los requisitos legales. Las oposiciones ayudan al examinador, ya que ponen a su disposición no sólo los elementos específicos técnicos a tener en cuenta para el análisis, sino que “alertan” acerca de su importancia en términos de Salud Pública.
La Fundación GEP realiza oposiciones a solicitudes de patentes que no cumplen con los requisitos legales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Desde 2013, Fundación GEP presentó 33 oposiciones vinculadas a solicitudes de patentes de antirretrovirales, antivirales de acción directa, antivirales para el tratamiento de la COVID-19, medicamentos para la tuberculosis y medicamentos oncológicos. El rechazo de las solicitudes de patentes pone en dominio público la tecnología que se pretendía patentar bloqueando la proliferación de monopolios. Ello permite la producción local de medicamentos genéricos que al competir en el mercado local generan precios asequibles.
Gracias al rechazo de patentes abusivas bajo el marco regulatorio histórico, el Estado argentino logró un ahorro consolidado de 630 millones de dólares entre los años 2017 y 2025 en el presupuesto de la Dirección de VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis, y perder esta facultad obligará a Argentina a transferir masivamente presupuestos públicos al sector privado de las corporaciones transnacionales.
El avasallamiento sobre nuestra soberanía sanitaria no es un hecho consumado y su llave maestra está en el Congreso de la Nación.
Los legisladores tienen hoy en sus bancas la oportunidad, la obligación institucional y el emblema físico de «Un Escudo para la Salud» entregado por nuestro equipo para recordarles qué intereses deben proteger.
Votar en rechazo al ARTI no es bloquear el comercio, sino erigir un muro de contención en defensa de la industria nacional, la sostenibilidad de los subsistemas de salud: público, las obras sociales y prepagas y el derecho inalienable de los argentinos a acceder a sus medicamentos y vacunas, entendiendo que el futuro de la Salud Pública depende hoy de su voto soberano.
Fuente Tiempo Argentino
