Durante décadas, la Argentina construyó una política de inmunizaciones que fue motivo de orgullo sanitario. Porque el país asumió una idea elemental: frente a enfermedades prevenibles, la protección no puede depender del ingreso, del lugar de residencia ni de la capacidad individual para conseguir un turno. Vacunarse es un derecho y una responsabilidad colectiva. Por eso requiere un Estado presente que compre, distribuya, informe, convoque y llegue antes que la enfermedad.
Hoy, ese pacto está en riesgo. Las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF ubican a la Argentina en una situación crítica: alrededor de 101 mil niñas y niños no recibieron una dosis de vacuna en su vida. La cifra constituye una alarma sanitaria y social. Al retroceso se suma la opacidad: faltan vacunas en brazos y datos públicos oportunos para conducir una política nacional.
No estamos frente a un fenómeno espontáneo ni ante una supuesta decisión libre de miles de familias que, de manera simultánea, resolvieron abandonar el calendario. La caída lleva años, se profundizó con la pandemia y exigía una intervención sostenida para recuperar esquemas atrasados. Sin embargo, en lugar de fortalecer el Programa Nacional de Inmunizaciones, ampliar la llegada territorial y reconstruir confianza, el Gobierno nacional eligió el ajuste, el debilitamiento de las capacidades públicas y una comunicación sanitaria contradictoria.
Noemí Alemany, secretaria general de Fesprosa y fundadora de Siprosapune-Neuquén, lo plantea con claridad: “La baja cobertura en inmunizaciones que hoy registra la Argentina, según documentos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, tiene responsables directos en las carteras sanitarias. En cuanto a Nación, la desarticulación de la Comisión de Inmunizaciones, el no comprar en tiempo y forma las vacunas y tener una fuerte corriente anticiencia y antivacunas dentro del propio ministerio hacen que tengamos esta catástrofe hoy en la Argentina”.
La Comisión Nacional de Inmunizaciones no fue formalmente eliminada, pero sí sufrió una reestructuración que redujo su autonomía, su pluralidad y su carácter federal. Mediante la Resolución 3344/2025, el Ministerio de Salud dispuso que su presidencia quede en manos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y modificó su integración. Esta medida implica que la Comisión solo podrá intervenir a requerimiento de dicha Dirección, lo que limita su capacidad de asesoramiento autónomo y elimina su independencia técnica y su capacidad de control experto. Cuando Alemany habla de desarticulación, señala ese vaciamiento del espacio independiente que debía discutir evidencia y construir consensos por encima de las necesidades políticas del gobierno de turno.
Esta degradación ocurre en el peor momento. El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires alertó sobre un “colapso absoluto” de las tasas de vacunación y sobre el riesgo de brotes de consecuencias catastróficas. Las coberturas difundidas muestran que la segunda dosis de la triple viral -contra sarampión, rubéola y paperas- ronda apenas el 46%, muy lejos del 95% necesario para evitar la circulación sostenida del sarampión. La triple bacteriana, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se ubica alrededor del 75%. Cada punto que falta representa niñas y niños expuestos, posibles cadenas de transmisión y enfermedades que el país sabía prevenir.
El infectólogo Eduardo López recordó que desde 2018 las estimaciones argentinas vienen descendiendo y que, aunque hubo alguna mejora el año pasado, el país permanece muy por debajo de los estándares regionales. También señaló barreras concretas: vacunatorios que cierran al mediodía o a primera hora de la tarde, ausencia de atención durante los fines de semana, familias que concurren y no encuentran la dosis indicada y una estrategia pasiva que espera que la población llegue por sus propios medios. En un país donde más del 80% de la vacunación pediátrica se realiza en el sector público, esas barreras no son detalles administrativos. Son decisiones que producen exclusión.
Alemany insiste en que la responsabilidad no termina en la Casa Rosada: “No solamente las responsabilidades son a nivel nacional, sino también municipales y provinciales. Sabemos que el 80% de las vacunas se colocan en el ámbito público. Por lo tanto, tener una ampliación horaria en los vacunatorios, hacer fuertes campañas en los ingresos y egresos escolares y dar oportunidad en el consultorio pediátrico del menor de seis años son oportunidades que se van perdiendo”.
La organización federal del sistema sanitario obliga a todos los niveles del Estado, pero no diluye la responsabilidad de la Nación. El Ministerio nacional debe garantizar la compra en tiempo y forma, la provisión equitativa, la vigilancia epidemiológica, información confiable y una estrategia común. Las provincias deben organizar equipos y detectar zonas de baja cobertura; los municipios, acercar la vacunación a escuelas, clubes y centros comunitarios. Cuando un eslabón falla, el resultado no es una demora burocrática: es una persona desprotegida.
También debemos hablar de desigualdad. La llamada vacunación “pasiva” traslada a cada familia la carga de averiguar, insistir, trasladarse, faltar al trabajo y volver otro día si la dosis no está disponible. Quien cuenta con tiempo, dinero y acceso al sector privado puede sortear parte de esos obstáculos. Quien vive lejos de un centro de salud, tiene empleos precarios, cuida a otras personas o depende de un transporte costoso queda expuesto. El retiro estatal transforma una política universal en una carrera de obstáculos y convierte las desigualdades sociales en desigualdades inmunológicas.
A esa deserción material se suma una ofensiva cultural. Los grupos antivacunas siguen siendo minoritarios, pero tienen gran capacidad para difundir falsedades en redes sociales. El problema se agrava cuando el Estado reduce las campañas o coloca en pie de igualdad la evidencia y la pseudociencia. No alcanza con tener dosis almacenadas. Una política de inmunización necesita confianza, cercanía y una voz pública coherente. Cuando el Estado calla, la desinformación ocupa su lugar.
La paradoja de las vacunas
Las vacunas son víctimas de su propio éxito: cuando evitan durante años una enfermedad, las nuevas generaciones dejan de percibir el peligro. Pero el sarampión no desapareció del mundo, la tos convulsa continúa circulando y las bacterias que provocan neumonías y meningitis no esperan debates ideológicos. La OPS reclama coberturas de al menos el 95% y advirtió sobre el resurgimiento regional del sarampión y la tosferina. Sin inmunidad colectiva suficiente, un caso importado puede convertirse en un brote y golpear primero a bebés, personas inmunocomprometidas y quienes no pueden vacunarse por razones médicas.
Recuperar las coberturas exige mucho más que una campaña publicitaria aislada. Hace falta declarar la inmunización una prioridad federal; garantizar compras y distribución sin interrupciones; publicar datos actualizados por provincia, municipio, edad y vacuna; extender los horarios y abrir los fines de semana; realizar operativos en escuelas y jardines; aprovechar cada consulta pediátrica para revisar el calendario; buscar activamente a quienes abandonaron los esquemas; sostener equipos de salud con salarios dignos y estabilidad laboral; y devolver a la Comisión Nacional de Inmunizaciones su independencia técnica, pluralidad científica y representación federal.
La experiencia territorial demuestra que la cercanía funciona. Una enfermera que revisa una libreta, una promotora que llama a una familia, una escuela que abre sus puertas, un centro de salud que atiende después del horario laboral o un pediatra que verifica las dosis pueden cambiar una historia. Pero esas acciones no pueden depender del voluntarismo de trabajadores exhaustos ni de iniciativas aisladas. Requieren presupuesto, planificación, personal y conducción política.
“Una vacuna que se vence dentro de un refrigerador o que no llegó en tiempo y forma es una oportunidad que se pierde para salvar una vida”, advierte Alemany. Y agrega: “Hay que volver a hacer campañas amigables a las vacunas. Salvan vidas, son eficaces y son seguras”. Esa afirmación debería ser el punto de partida de una reconstrucción sanitaria urgente.
Desde Fesprosa sostenemos que defender la vacunación es defender la salud pública. No aceptamos que el ajuste sea presentado como eficiencia ni que la ausencia del Estado sea disfrazada de libertad individual. La libertad real necesita condiciones materiales: vacunas disponibles, centros abiertos, información confiable y equipos suficientes para llegar a cada barrio. Vacunar es gobernar, cuidar y prevenir. No hacerlo también es una decisión política, y sus consecuencias se miden en enfermedades, discapacidades y muertes evitables. La Argentina todavía está a tiempo de revertir esta caída. La próxima epidemia no será una fatalidad imprevisible: será el resultado de advertencias desoídas y oportunidades deliberadamente perdidas.
Fuente Tiempo Argentino
