Desde el comienzo, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de atacar al sistema universitario. Por eso es que las universidades tuvimos que darnos la estrategia de construir de forma conjunta con el Congreso y sintetizando las distintas necesidades de todos los actores universitarios, una ley que tratara de trabar al Poder Ejecutivo para que cumpla sus funciones básicas de sostener y financiar al sistema universitario. Esa Ley de Financiamiento -votada, ratificada luego de un veto y acompañada con movilizaciones de todo el pueblo argentino- fue reglamentada por el Ejecutivo de tal manera que suspendía su vigencia argumentando la falta de fondos.
A partir de esto, que es de dudosa constitucionalidad, comienza un periplo judicial que parte de la base de tratar que el gobierno cumpla su responsabilidad. En ese camino, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presenta un amparo y una cautelar particularmente sobre los artículos 5 y 6, que son los relativos al salario y a las becas. Esta presentación encuentra un primer fallo favorable del juez Cormick, un segundo fallo favorable de la Cámara de la Sala II Contencioso Administrativo Laboral y otro más que la deja firme por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el gobierno sigue incumpliendo tanto la Ley como la cautelar sobre los artículos 5 y 6. Sostiene que todavía hay incidentes judiciales en el medio, pero justamente ayer fue rechazada por Cormick. El juez dejó claro que la cautelar está en vigencia y fijó un plazo de tres días para que el Ejecutivo explique qué está haciendo para avanzar en el cumplimiento de la normativa.
En este marco legal y judicial, fuimos ayer martes a la paritaria. Todas las representaciones sindicales planteamos en forma unívoca una agenda de demandas cuyo corazón es la recomposición salarial del 31,2 por ciento que el gobierno tiene que dar. Esa, además, fue nutrida por otros elementos a futuro y otros que ya se habían asumido en la paritaria anterior en junio, que ya tiene serios incumplimientos, cómo los gastos de funcionamiento, los fondos para hospitales y la situación de los preuniversitarios. Frente a la exigencia de un 31.2, el gobierno propuso un 3 por ciento de aumento. Un silencio recorrió la sala paritaria cuando formularon ese número. El silencio se debía a que estábamos esperando que lo completara porque nos parecía a todas luces insuficiente. Pero además también a qué no se entendía de dónde salía la cifra. Cuando le preguntamos a qué indicador respondía ese 3% los funcionarios respondieron que se trata de lo que el gobierno está dispuesto a destinar a las universidades.
Lo que nos encontramos, en definitiva, fue una gran provocación. Alejandro Álvarez -subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación- intentó a lo largo de toda la reunión que se firmara un acta que hacia el final de la reunión comentó que pretendía llevar al Poder Judicial como punto de avance en el cumplimiento de la Ley. No se firmó ningún acta porque no había oferta alguna a considerar. No solo eso: el Frente Sindical Universitario decidió avanzar con un paro en unidad en todo el sistema universitario. Hoy el acatamiento es al 100 por ciento. Las universidades de todo el país hoy no están funcionando debido a la falta de respuestas del gobierno y a su decisión de asfixiar al sistema universitario.
Fuente Tiempo Argentino
