La enfermera Raquel Noemí Boccardo es una de las 15 personas detenidas -de 7 varones y 8 mujeres- por las torturas y abusos sexuales con acceso carnal ocurridos el pasado 3 de junio, en perjuicio de las detenidas en la Unidad Penal 51 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Recientemente, declaró ante la Justicia de La Plata.
Interviene el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción UFI N° 11 y Juzgado de Garantías 4, a cargo de Juan Pablo Masi, quien ordenó las detenciones de 15 penitenciarios. Entre estos está Boccardo y es representada legalmente por el abogado Cristian González.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino como organismo de prevención local de la tortura, visitó el penal cuando sucedieron los terribles hechos y relevó los testimonios de las denunciantes. Además, la CPM documentó «lesiones y otros elementos vinculados a las torturas y abusos sexuales».
Sobre la declaración de la enfermera Boccardo
Durante su declaración, Boccardo dijo que ese día ingresó para cumplir -como lo hace habitualmente- su horario de trabajo. Y que luego la llamaron desde la planta alta del penal «porque había ocurrido una pelea entre presas».
La enfermera aseguró que ella hizo «los controles psicofísicos» y que dejó asentadas solo las lesiones «que se podían observar». Además, argumentó que las tareas de seguridad y custodia dentro del sector del conflicto estaban bajo control del «personal penitenciario encargado de cumplir esas funciones».
Boccardo dijo que uno de los casos por los que fue consultada estuvo relacionado a una detenida. Aseguró que fue convocada «para atenderla después de un incendio que se originó en ese lugar». También explicó que encontró a la mujer consciente, «acostada sobre un colchón y con temblores; entonces empecé a asistirla».
Según la declaración de la enfermera, ayudó a que la detenida se calmara y pudiera controlar la respiración. La enfermera afirmó que por las características que observó durante esa atención, consideró que el cuadro «no correspondía a una convulsión generalizada». Y negó haber dejado lesiones fuera de «los registros realizados durante esa guardia».
Boccardo sostuvo que ella no confeccionó «certificados falsos» durante su trabajo en la Unidad Penal N° 51. Su declaración se produjo mientras avanzan las presentaciones de las defensas de todos los imputados por los hechos denunciados dentro del penal, sobre torturas y abusos sexuales contra mujeres detenidas.
Terribles delitos cometidos por penitenciarios
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, esa noche un grupo de agentes penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta y cinco mujeres denunciaron haber sufrido abusos sexuales, golpes, torturas, submarino húmedo, gas pimienta en sus rostros, esposamientos de muñecas, desnudez forzada, amenazas, negación de alimentos y de agua para beber.
En estos terribles hechos también participaron agentes penitenciarios masculinos, autoridades del penal, miembros del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal del área de sanidad, entre ellos, Boccardo.
Además, la escena se repitió al día siguiente, cuando una de las detenidas víctimas que no fue trasladada intentó suicidarse porque no recibió atención psicológica. Por eso, el 5 de junio sus compañeras de pabellón realizaron una protesta para denunciar lo ocurrido y también fueron reprimidas.
Y la Comisión Provincial por la Memoria -en su rol de mecanismo local de prevención de la tortura- registró que había nuevas mujeres víctimas y cuestionó «algunos de los informes médicos que fueron confeccionados después de los terribles episodios que sufrieron las detenidas».
Los 15 penitenciarios detenidos
En el marco de esta causa fueron detenidos: Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Florencia Anahí Ortiz, Agustina Ailén Orona, Gisela Mailin Iguarán, Juan Manuel Villena, Carlos Miguel Tocci, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Carlos Alberto Salice, Lucas Germán Dama, Juan Antonio Juanena y la enfermera Boccardo.
Las imputaciones son por delitos de tortura en concurso real con «abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones, como autores o partícipes necesarios».
Anteriormente declararon las penitenciarias que estaban a cargo del penal, quienes negaron todos los delitos que les imputan. Entonces, la CPM pidió formalmente a la Justicia de La Plata que todas las declaraciones de las víctimas e inspecciones médicas se realicen bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, entre otras normas internacionales sobre violencia sexual en instituciones de encierro.
El Protocolo es el manual oficial de las Naciones Unidas, sirve como guía internacional para investigar y documentar -de forma efectiva- la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la dignidad humana.
Fuente Tiempo Argentino
