El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pretende aplicarle a Virginia Aparicio –ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet– la máxima sanción disciplinaria del empleo público nacional: la exoneración. De prosperar el sumario administrativo abierto en su contra, Aparicio, con más de veinte años de trabajo ininterrumpido en la Estación Experimental Balcarce, quedará inhabilitada de por vida a volver a prestar servicios en el Estado. El castigo, que es más grave que muchas sanciones del derecho penal, es efecto residual del Proyecto SPRINT, un trabajo internacional que detectó, en comparación con Europa, mayor concentración de agrotóxicos en personas, animales y ambiente de pueblos y establecimientos agropecuarios de la Argentina.
“Yo soy un producto de la ciencia pública. Es lo que hice toda mi vida y lo que me gustaría seguir haciendo. Con la exoneración no me quitan una vía laboral, me quitan mi identidad”, le dice Aparicio a Tiempo en una jornada en que los fuertes vientos atentan contra la señal del celular.
“Sigo siendo curiosa, sigo tratando de entender, ese espíritu que tengo se conecta con mi trabajo. Me da mucha pena no poder hacerlo más”.
Censura y persecución
Durante el 2021, más de 70 voluntarios argentinos participaron en el extenso muestreo biológico humano del proyecto SPRINT aportando muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales.
El 21 de junio de 2023 estaba agendada una reunión virtual para difundir los resultados del relevamiento a cargo de Aparicio, pero una semana antes el encuentro fue suspendido por orden del entonces director nacional del INTA Carlos Parera.
El 27 de septiembre del mismo año, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78), se presentaron a través de una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de la investigación. El total de participantes argentinos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y de cero a 18 sustancias en materia fecal.
El 7 de diciembre, tres días antes de la asunción de Javier Milei, el por entonces presidente del INTA, ingeniero Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 poniendo fin a la participación argentina en el SPRINT. Según pudo reconstruir este medio, la decisión respondió a una fuerte presión de la Mesa de Enlace.
No conforme con haber desaprovechado una herramienta de salud global para la evaluación de riesgos derivados del uso de plaguicidas, en febrero de 2025, las autoridades del INTA le informaron a Aparicio que tenía un sumario abierto con al menos ocho imputaciones.
“Se la acusa de, por ejemplo, ocultamiento de información a jerarquías superiores, lo que es mentira porque Virginia le comunicó cada acción del proyecto al jefe directo de la Estación Experimental; otra cosa que se le imputa es que causó perjuicio económico y material al Estado nacional, lo que también es totalmente falso. El INTA no puso un sol peso en SPRINT, todas las partidas llegaron desde Europa y fueron debidamente rendidas”, argumenta Mario Bolla, abogado de la investigadora.
“Desde el 2021, que en Argentina rige el Acuerdo de Escazú, por el cual el Estado está obligado a ser garante de la democracia ambiental. El proyecto SPRINT arrojó resultados preocupantes sobre la cantidad de plaguicidas en los cuerpos, pero en vez de dar a conocer los datos y tomar medidas, el Estado los ocultó. La amenaza de sanción a Virginia es otro incumplimiento del Acuerdo porque sin dudas se trata de la persecución a un agente ambiental”, destaca Bolla.
«Letargo oscurantista bochornoso»
APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, difundió un comunicado en defensa de Aparicio expresando que “la investigación científica debe desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional”. También recuerda la suspensión de la presentación pública de los resultados de SPRINT y la decisión del Consejo Directivo de finalizar la participación argentina en el proyecto. “No hay INTA fuerte si se silencia a quienes producen conocimiento”.
En paralelo, instituciones, organizaciones y referentes de la Ciencia y el Ambiente mostraron su preocupación ante la decisión de avanzar con la exoneración de la investigadora de la Administración Pública Nacional e invitaron a firmar un pronunciamiento público en solidaridad.
«La persecución contra la Doctora Aparicio es parte de una serie de acciones promovida por el gobierno de Milei contra las investigaciones científicas comprometida con la salud de los pueblos y libre de conflictos de intereses”, reflexiona Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
“El gobierno libertario –insiste Colombo– en alianza con empresas y corporaciones, está fundiendo, llevando a la ruina y desprestigiando el sistema científico público mientras destruye carreras y trayectorias profesionales de personas comprometidas y que gozan de la más elevada consideración a nivel nacional e internacional. Es también una afrenta contra la libertad de expresión, que coloca a nuestro país en un letargo oscurantista bochornoso».
Aparicio, en tanto, sigue yendo todos los días a su trabajo, aunque la relación con los colegas es cada vez más distante.
“No quieren quedar pegados a una persona que va a ser sancionada. Eso causa como un escalofrío. Soy una suerte de leprosa que anda por los pasillos del INTA”, dice Aparicio antes de reírse por la, cuanto menos, polémica analogía. Después, más seria, agrega: “Trabajar voy a trabajar seguro, de jardinera, de pintar casas. Ya recibí propuestas del exterior, pero acá me formaron, ¿se lo vamos a regalar a otro?”.
Fuente Tiempo Argentino