Licenciado en Ciencia Política, docente y con Raúl Alfonsín como referente, Franco Bartolacci conoce desde adentro lo que es ocupar distintos cargos en la vida universitaria, desde presidente del Centro de Estudiantes hasta decano durante dos períodos. En 2019 fue electo rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y a partir de marzo de este año preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano máximo que nuclea a las instituciones públicas de educación superior del país. Cuando asumió, llamó a reclamar, reformar y resguardar. “En esos tres ejes de trabajo se juega el presente y el futuro de la universidad pública argentina”, anticipaba. Hoy lo encuentra al frente de la lucha por lo más básico: que el gobierno cumpla una ley de financiamiento universitario validada por el Congreso y por la Justicia. Mientras los límites del funcionamiento democrático se van borrando, el inicio del ciclo 2027 se vuelve una incógnita.
–¿Qué conclusión sacás de lo ocurrido el jueves?
–Lo más importante es valorar la convocatoria masiva en todo el país. Más de un millón de personas, otra vez, movilizándose por quinta vez en defensa de la universidad pública. Es extraordinario, no hay mucho antecedente en la historia política argentina de un proceso de movilización en defensa de algo tan importante para el país como el que la comunidad universitaria realizó estos últimos años.
–Qué tremenda la imagen del acto en el escenario, el himno y detrás los gases volando. ¿Cómo lo vivieron?
–Tremendo, absolutamente repudiable. Es asombroso además que ya tuvimos cuatro movilizaciones nacionales multitudinarias que no fueron custodiadas por las fuerzas de seguridad y no pasó absolutamente nada. Y el mismo jueves hubo más de 50 marchas en todo el país y en ningún lugar pasó absolutamente nada. Cruzó un límite lamentablemente el gobierno con lo que pasó el jueves.
–¿Cuál es hoy la situación judicial?
–Cuando hay una controversia en torno a una ley, la que dispone es la Justicia, porque si no está subvertido el estado de derecho, no solo que no se cumple una ley del congreso, no solo que no se respetan los fallos judiciales, sino que además no puede ser materia opinable. El argumento del Ejecutivo de que nadie le dice de dónde salen los recursos, lo planteó en todas las oportunidades en el ámbito judicial y todas las decisiones de la Justicia le indicaron que tiene que redireccionar partidas para cumplir. Ahora resta la cuestión de fondo. La Cámara tiene que resolver un fallo en primera instancia del juez. Nosotros vamos a llevar la causa hasta las últimas consecuencias porque además nos asiste la razón como ha venido demostrando todo el proceso. Respecto de la cautelar, ya no hay nada que hacer más que cumplirla o desobedecerla, que es lo que está haciendo el gobierno nacional. El antecedente es tremendamente peligroso en términos institucionales. No sé si le estamos dando la dimensión respecto de la gravedad que esto tiene para el país. Incluso saquémoslo de la discusión universitaria, porque hoy puede estar el área de financiamiento universitario, mañana puede ser cualquier otra. No funciona así un país.
–¿Y qué tiene que pasar para que no esté esa impunidad? Porque parece que la acción del gobierno no tiene costo.
–Yo no creo que sea tan así, por supuesto debería resolverse de otra manera, pero confío en lo que hagamos. Es todo junto al mismo tiempo. En el ámbito público, todas las veces que haga falta. En el ámbito legislativo es muy importante la discusión del Presupuesto 2027, yo creo que ahí hay una oportunidad para que podamos incidir de manera tal de que lo proyectado incorpore lo que contiene la Ley de Financiamiento; y en el ámbito judicial, por supuesto, llevando la causa hasta las últimas consecuencias. Siempre uno quisiera más celeridad, pero hemos sido muy respetuosos de los tiempos institucionales de la justicia. Es la necesidad de defender la universidad y también custodiar la institucionalidad democrática.
–¿Cuántos son los fondos que necesitan las universidades?
–Para ponerlo en números, el gobierno proyectó para el año que viene 7,2 billones de pesos. Si cumpliera con la ley de financiamiento universitario, tendría que llegar a 9,8 billones. En términos de PBI es el 0,2 por ciento. Es un porcentaje ínfimo de partidas que además están contenidas en el presupuesto 2027 de libre disponibilidad. No es que no hay recursos en el presupuesto, con las mismas metas que plantea el gobierno nacional se pueden redistribuir recursos de otras áreas y aplicarlo para cumplir con la ley. No es un problema de si existen o no los recursos, es un problema de decisión política.
–En poquito más de un mes terminan las cursadas, va a haber menos gente en las facultades. ¿Cómo se sigue de cara al 2027?
–El tema es serio y exige responsabilidad, porque hay una comunidad con mucha preocupación. Pero tengo que decir que si no logramos modificar razonablemente el Presupuesto 2027 en la discusión en el Congreso, vamos a tener dificultades tremenda para funcionar el año que viene, eso es objetivamente así. Entonces le pido a los legisladores y a los miembros del poder judicial, sobre todo a quienes se formaron en la universidad pública, que cuando tengan que tomar una decisión piensen en los jóvenes que ellos fueron y en garantizarles a las futuras generaciones las mismas oportunidades que ellos tuvieron.
–¿Corre riesgo el inicio en 2027?
–Vamos a tener muchas dificultades. Si no hay respuestas de acá a fin de año vamos a tener muchas dificultades. «
Fuente Tiempo Argentino
