El fenómeno climático de “El Niño”, que en el hemisferio sur implica mayor frecuencia de precipitaciones fuertes, por efecto del cambio climático está alcanzando características inéditas, al igual que su contracara fría: “La Niña”, que provocó extrema sequía en la Argentina desde 2020 a 2023, y poco antes entre 2017 y 2018.
Ahora el país atraviesa una fase “El Niño” fuerte, de acuerdo con los datos de los meteorólogos, pero según 17 modelos de simulación climática existe un 82% de probabilidades de que desde octubre pase a la categoría de muy fuerte o “Súper Niño”.
¿Qué implica un «Super Niño»?
Esto implica una mayor frecuencia de tormentas fuertes, altos niveles de precipitaciones en cortos períodos, granizo, tornados, desborde de ríos y, en consecuencia, imposibilidad de absorción del exceso hídrico (escorrentía) e inundaciones prolongadas en las zonas bajas y costeras urbanas y rurales.
El fenómeno recargado afectará principalmente a la región del Litoral argentino, el noreste del país, parte de Córdoba, Santa Fe (cuenca del Salado), Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, además de países vecinos como Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. En los países vecinos, los gobiernos vienen realizando obras y tomando medidas en conjunto, preparándose para lo que consideran un evento excepcional y con consecuencias de gran magnitud.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipan una fase cálida fuerte o muy fuerte que asegura una gran disponibilidad de agua en las principales regiones productivas, lo que augura buenos rindes para cultivos de invierno, como trigo y cebada, y luego soja y maíz de la presente campaña.
El desafío pasa por cómo manejar los riesgos de “El Niño”, como las ventanas de trabajo reducidas en los lotes, la aparición de hongos y patógenos, y el ingreso de maquinarias a los campos; y cómo minimizar los daños en las zonas de mayor impacto del “Súper Niño”, que presentarán exceso hídrico, tormentas reiteradas, tornados y granizo, y grandes extensiones inundadas por mucho tiempo, fatales para la ganadería, cítricos, frutales y cultivos hortícolas.
No hay antecedentes de este grave escenario en el último siglo, pero el avance tecnológico en meteorología permite preverlo y, como no puede evitarse, el asunto es qué se puede hacer para morigerar sus daños. Tanto para la población en generalcomo para los productores agropecuarios en particular, más allá de unas pocas acciones individuales de manejo y precaución, se impone la acción cooperativa y, sobre todo, la asistencia de los gobiernos municipales, provinciales y del Estado nacional.
Prepararse para lo inevitable
Ya no se trata de una especulación, hay una certeza sobre la ocurrencia y solo habrá que esperar que la magnitud estimada no se cumpla. Pero, llegado el caso, se tienen que tomar previsiones para que sus efectos no sean tan devastadores. Las obras públicas que no se hicieron o no se continuaron, ahora ante la inminencia tampoco podrían llegar a tiempo. Solo queda organizar la contingencia, las medidas paliativas, el control de daños ante un embate inminente.
El peor escenario se puede prever, aunque no se puede evitar. No hacer nada es el peor camino. Como siempre, primero la información, el análisis y la organización. No es momento para discriminación ideológica ni mezquindad política, nunca lo es. Sin duda, hay que actuar rápido y en forma coordinada, algo que no abunda por estos días. Como los presupuestos, porque se necesita mucho dinero para llevar a cabo todo el plan de contingencia y la gestión de riesgo.
Ante la inacción del gobierno nacional, que mantiene suspendidas o no ha realizado obras de infraestructura fundamentales para enfrentar las consecuencias del cambio climático, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus ministros presentaron el 28 de agosto un fuerte plan de contingencia de $2,3 billones para mitigar las inundaciones.
En la oportunidad, el mandatario provincial acusó al Ejecutivo nacional de «robarse» y retener $293.000 millones del Fondo Hídrico, asignados a la prevención de emergencias y obras hidráulicas. Ante la inminente amenaza del fenómeno climático, el presidente Milei se limitó a activar un plan de prevención centrado en la salud y la respuesta tecnológica ante las proyecciones de lluvias extremas e inundaciones, pero no habló de asignar un presupuesto a esta tarea ni proyecta reactivar obras públicas.
Estas medidas, apenas de emergencia sanitaria, muy precarias e improvisadas, van en línea con el accionar general de la gestión nacional, que continúa con su objetivo de minimizar el Estado, desfinanciar a las provincias y desproteger a la población. Por eso es objeto de severos cuestionamientos por parte de algunos legisladores y gobernadores, más allá del bonaerense.
Desde ese ámbito alertan que, en plena antesala de un evento climático de magnitud histórica, el área nacional de Ambiente lleva meses sin una autoridad designada al frente. Además, denuncian una reducción del 80% en políticas ambientales en comparación con el año pasado y más de 400 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que limita la capacidad de emitir alertas tempranas.
Por su lado, otras provincias, como La Pampa, reclaman la falta de transferencia de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (que se financia con una tasa del 5% sobre el impuesto a los combustibles líquidos que pagan quienes cargan combustible en todo el país) y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sumado a la parálisis total de la obra pública troncal para la mitigación de inundaciones.
Por eso, y ante la ausencia de coordinación por parte de la Nación, distritos como la Provincia de Buenos Aires yla Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) avanzaron de forma autónoma, financiando e implementando sus propios comités de emergencia, limpiezas de cuencas y centros de monitoreo local para mitigar el impacto en el centro y noreste del país.
Fuente Tiempo Argentino