En el Salón Malvinas Argentinas, ubicado en el subsuelo del Palacio Municipal de San Martín, este martes por la tarde se realizó un debate sobre el trabajo carcelario y post-carcelario: hubo fuertes críticas a un funcionario exdetenido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Participaron distintos sectores de personas privadas de libertad y liberadas. Estuvo Gustavo López, referente de la Región 9 del Patronato de Liberados Bonaerense. Y otros actores centrales en la discusión política sobre la problemática en ese distrito.
El funcionario bonaerense acusado de corrupción
Señalaron al exdetenido Waldemar Cubilla -que en la actualidad es funcionario bonaerense- tras haber estado en la cárcel y posteriormente recibirse de sociólogo en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El espacio estuvo custodiado por los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quienes trasladaron a un grupo de estudiantes detenidos.
La mayoría de los presos, liberados y el consenso universitario de esa zona reclamaron: «Queremos que después de tantos años, por primera vez por favor nos escuchen, porque tenemos el pecho inflado de tanto que tenemos para decir«.
Y completó. «Es una mentira garrafal que nosotros -estado presos o en libertad- recibamos ayuda de la organización social que Cubilla tiene en la villa la Cárcova. Sabemos en forma clara y precisa, que eso es un armado institucional«.
La referencia vecinal sobre el funcionario exdetenido es que «no lo quiere nadie». Aseguran que fue un pibe que recibió un poco de poder político-adquisitivo y «se olvidó de su propia gente». Piden que las máximas autoridades provinciales «se fijen bien a donde destinan los fondos porque nosotros nunca recibimos nada».
Después, vino la parte más dura de la reunión, cuando tomó la voz una estudiante exdetenida quien reclamó por «las grandes injusticias que venimos sufriendo». Señaló que «siempre terminan excluyendo a la mayoría; solo arman con quienes les son funcionales».
Graves hechos de corrupción
Este diario también hizo un recorrido por la Carcova -así, sin tilde, como los vecinos llaman a su barrio-. Allí, encontró -en el fondo de la villa- a una mujer sola con cinco criaturas que denunció «necesito ayuda para que no me pase nada», mientras exhibía partes de un expediente judicial.
Y denunció: «Cubilla intentó meter presa a mi hija -cuando aún era menor de edad- y estaba embarazada, para sacarme libre a mí en una causa por drogas y armas. Siento mucha impotencia por todo lo que pasó, siempre hace lo que quiere porque goza de una protección institucional».
En este sentido, desde el consenso universitario del contexto de encierro y liberado: «Pedimos a las máximas autoridades provinciales a las que Cubilla reporta: que a esa mujer y sus hijos no les ocurra nada malo. También solicitamos que les brinden toda la protección y contención que ella y sus hijos necesiten, porque durante los últimos días dejó de contestarnos«.
«Si no me das la guita, te mando a poner en tu casa», amenazó Cubilla a varios de las personas a las que les consiguió trabajo en instituciones de encierro bonaerenses. «Nos decían que nos iban a echar si no les dábamos todo el dinero que nos exigía, así le sacaron plata a muchos trabajadores», denunció el exdetenido universitario.
El exdetenido aseguró que lo hacía junto a Florencia Brescia, una mujer que milita con él, que además ya fue denunciada durante la pandemia, por dinero faltante en un proyecto de «defensorías comunitarias» en el partido bonaerense de Florencio Varela. La denuncia penal -que este diario tuvo acceso a la descarga de Brescia- la hizo el abogado José Luís Calegari, con quién este diario tiene fluida comunicación.
Presentaciones realizadas
Además, el exdetenido y universitario contó que cuando le pasó esto, avisó a varios funcionarios con el fin de que se haga justicia, entre ellos, con Germán Urman, Diego Ginestra y Eva Asprella. Además, dos notas firmadas por una abogada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) La Plata, una ante el Organismo de Niñez y Adolescencia (OPNyA) y otra ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Sin embargo, todos juntos desoyeron los reclamos y no tomaron medidas contra Cubilla, el exdetenido recibió asesoramiento de uno de los mejores abogados laboralistas del país. Si las autoridades desean pueden analizar dos o tres líneas de teléfonos celulares y con eso basta para chequear estos datos.
Cubilla usa todos los poderes provinciales que le dieron para ajustar a los vecinos, a sus propios compañeros; es decir, con ayuda de los penitenciarios, los policías y otros funcionarios de las fuerzas de seguridad que tratan con él. Además, al haber estado en los distintos ministerios, es el jefe de esos funcionarios públicos que allanan las casas de los vecinos en las villa de San Martín.
«Una vez me atreví a cuestionar este entramado de corrupción permanente y me espiaron por internet, me quemaron dos computadoras y un celular«, aseguró un exdetenido que es parte de la organización. Y apuntó. «Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la utilización de las herramientas legítimas del Estado para espiar y perseguir a compañeros y compañeras«.
Sobre el consenso político
En este consenso político es mayoritario y participan: La organización política Cusam Línea Fundadora; el Centro de Estudiantes «Azucena Villaflor», ubicado en la sede universitaria sita en la Unidad Penal 48 de José León Suárez.
Emiliano Covas Secretario de Derechos Humanos regional San Martín. Erica Echaniqe Presidenta de la asociación civil en políticas de Derechos Humanos y Violencia Institucional FADELI Familiares-Detenides-Liberades, que ya había denunciado a Cubilla y Brescia en un entramado con agentes penitenciarios.
Marcelo Prado, a cargo del programa de formación, capacitación y investigación del Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la CTA Autónoma. Gustavo Segovia Director de Política Carcelarias y Post-carcelarias Municipalidad de San Martín, a cargo de la agencia federal Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura Secretaria Nacional de Derechos Humanos de la central sindical CTA Autónoma.
Fuente Tiempo Argentino