Ocurrió en la plaza José Hernández de La Colina, en el municipio bonaerense de General La Madrid, pero la repercusión fue nacional: durante la tradicional “Fiesta del Chorizo a la Pomarola”, uno de los cocineros arrojó los embutidos al paellero desde un balde de glifosato. La imagen, que se viralizó enseguida y obligó al intendente a pedir “sinceras disculpas” a los vecinos, funciona como símbolo de una época de regresión en materia ambiental. En Misiones se dio marcha atrás con la decisión política de prohibir el uso del glifosato en toda la provincia mientras que, en la vecina Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto una sentencia que había reconocido una distancia de resguardo de 1095 metros para las
aplicaciones terrestres y 3000 en áreas. En paralelo, la reputada investigadora del INTA y CONICET, Virginia Aparicio, está al borde de la exoneración –la máxima sanción disciplinaria del empleo público nacional– luego de coordinar una investigación internacional que logró documentar la presencia de más de 200 plaguicidas en el ambiente, en los alimentos, en los animales y en las personas.
“Creemos que hay que mirar estos hechos en conjunto, no porque exista necesariamente una conexión directa entre ellos, sino porque todos muestran una arena sobre la que hoy se presenta la discusión ambiental y es quién tiene realmente capacidad para producir información, imponer condiciones, discutir riesgos y obtener protección cuando enfrente existen intereses económicos de enorme magnitud”, reflexiona Aldana Sasia, abogada especialista y magíster en Derecho Ambiental e integrante del Foro Ecologista de Paraná.
“En Entre Ríos sucede que una niña presenta un estudio que evidencia aumento de daño genotóxico, una familia lleva a juicio su historia clínica, estudios médicos, testimonios, información ambiental y evidencia científica, obtiene en primera instancia una distancia preventiva y luego el Superior Tribunal considera insuficiente la prueba para mantener esa protección. Ahí es donde vemos una enorme asimetría”, justifica Sasia y enseguida formula una pregunta incómoda: “¿qué posibilidad real tiene hoy un ciudadano común de proteger preventivamente su salud?”.
Su colega, el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro, ensaya una reflexión que quizás sirva como respuesta (alerta de spoiler: las probabilidades son desalentadoras): “Estamos ante una inversión preocupante de la lógica basada en la precaución y estado de la ciencia con la que se construyó el derecho ambiental durante dos décadas en Argentina. Hoy se avanza en retrocesos que se apartan de esa lógica, y eso viola el principio de no regresión, que es importante aclararlo, no es solo un principio del derecho ambiental sino constitucional y convencional”, define, y agrega: “Lo grave y más preocupante es el no funcionamiento de los resortes del sistema republicano, que en esta materia los tiene el poder judicial, el que hoy, como es evidente, está descabezado con la actual composición ilegitima de la Corte Suprema. Lamentablemente los resquicios de justicia ambiental son muy pocos y los encontrás en algunos jueces o juezas, cámaras o tribunales superiores como la Suprema Corte Bonaerense. Pero son la excepción, no la regla”.
Desigualdad
En punto final de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos que prohibió en Misiones el uso del glifosato se estampó el pasado 3 de septiembre, cuando la Cámara de Representantes la derogó, con voto unánime, y estableció que “se podrá utilizar bioinsumos en el territorio provincial, en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y los que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen local lo autoricen”.
Para Marta Ferreira, exministra de Agricultura Familiar de Misiones y una de las impulsoras de la ley derogada “el debate no debería quedar reducido a si se autoriza o se prohíbe determinado producto. La discusión que tenemos por delante es mucho más profunda: comprender que nuestro tiempo nos demanda producir de otra manera”.
“Tenemos –insiste– que ser capaces de producir alimentos, sostener económicamente a quienes producen y, al mismo tiempo, cuidar el suelo, el agua, la biodiversidad y la salud. Y hacerlo pensando no solamente en nosotros, sino también en las generaciones que vienen”.
Sasia acuerda en la falta de discusión pública: “Vivimos rodeados de sustancias cuya presencia ha sido estudiada en agua, suelo, aire, alimentos y organismos humanos. Sin embargo, buena parte de esa información permanece fuera de la conversación cotidiana. La gente sigue viviendo, trabajando, llevando sus hijos a la escuela, andando en bicicleta por caminos rurales, sin conocer necesariamente qué moléculas circulan alrededor suyo ni qué sabemos científicamente acerca de la exposición crónica y combinada”.
Es entonces cuando asoma una paradoja difícil de ignorar. “Reclamamos evidencia científica para adoptar medidas precautorias, pero cuando la ciencia independiente, como en el caso de Aparicio, produce información incómoda sobre la presencia de plaguicidas en nuestros cuerpos y en el ambiente, esa información encuentra enormes dificultades para circular y quienes la producen pueden terminar sometidos a conflictos institucionales de gran magnitud”.
En última instancia, todo se trata de una “extraordinaria desigualdad”. De un lado, corporaciones globales capaces de sostener investigaciones, estructuras regulatorias, equipos jurídicos y litigios durante décadas. Del otro, una familia que vive al lado de un campo y que escucha al avión o “mosquito” que empieza a fumigar sin siquiera saber qué producto o combinación está aplicando.
“Si la ciencia –concluye Sasia– que estudia plaguicidas tiene dificultades para divulgar sus resultados; si una provincia que había decidido abandonar progresivamente el glifosato retrocede en esa decisión; si frente a una niña con un biomarcador objetivo de daño se exige todavía mayor demostración para sostener una protección precautoria; y si enfrente existen industrias globales con una capacidad económica, científica y jurídica incomparable, la desigualdad resulta evidente”. «
Justicia tóxica
Activistas sociales, políticos y ambientales realizaron una protesta en la explanada de los Tribunales de Paraná. Fue en rechazo de la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que revocó un amparo ambiental colectivo que establecía distancias de protección para las pulverizaciones con agroquímicos no menores a los 1.095 metros con dispositivos terrestres y 3.000 metros con medios aéreos.
Aparicio: ni PRO ni libertarios
La investigadora Virginia Aparicio, quien enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración después de más de 20 años de trabajo en la Estación Experimental Balcarce del INTA, mantuvo un encuentro informal con concejales de bloques opositores como Fuerza Patria, luego de que el oficialismo (UCR – Juntos por el Cambio) y La Libertad Avanza rechazaran su convocatoria en la Comisión de Salud. Aparicio logró exponer detalles sobre el proyecto SPRINT que evaluó la exposición simultánea a más de 200 sustancias químicas y plaguicidas en muestras de personas, alimentos, agua y suelo y remarcó que el objetivo de la investigación es anticiparse y aportar datos para mejorar los controles y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de salud ambiental. Tras la reunión, los ediles evaluaron avanzar con un pedido institucional para solicitar los datos y resultados del proyecto.
Desde APINTA denunciaron que la científica sufre persecución y censura tras discontinuarse la presentación de los resultados.
Fuente Tiempo Argentino
