Más de 60 organizaciones de ambientalistas y animalistas de todo el país están en alerta al advertir las intenciones del gobierno nacional de Javier Milei de eliminar una serie de leyes que protegen a la fauna autóctona, habilitando de esta manera la caza indiscriminada y la exportación de “piezas de trofeos”.
Las instituciones tuvieron acceso a un Proyecto de Disposición de la subsecretaria de Ambiente y rápidamente salieron a cruzar el texto. El documento, fechado el 20 de enero, deroga varias normas para “evitar la duplicidad” y para “ordenar” la normativa. Sin embargo, “lo cierto es que pretende dejar sin efecto resoluciones clave como la 133/22 que prohíbe la exportación, importación y tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza (restos de animales muertos por la caza) y los criaderos de animales autóctonos para cotos de caza”, manifestaron.
El proyecto de la subsecretaria, que está bajo la tutela del ministro de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, lleva la firma del asesor legal de la Dirección Nacional de Recursos Naturales, Federico Iribarren, y tiene la denominación IF-2025-06728204-APN-DNR#JGM.
De acuerdo al Observatorio de lo Silvestre, una coalición de diferentes ONGs del sector, la iniciativa del oficialismo pretende derogar o modificar cuatro resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (24/1986, 63/1986, 793/1987 y 53/1991); una de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (351/1995); dos de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (208/1998 y 460/1999); una de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (437/2006); y una del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (133/2022).
Desde el Observatorio analizaron de manera pormenorizada junto a especialistas jurídicos y ambientalistas, el conjunto de disposiciones que se intentan cambiar o eliminar. Llegaron a la conclusión que «varias de estas normas resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad».
“Tal circunstancia -añadieron- se sumaría a la evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.
Por su parte, para Franco Peruggiono, referente de la ONG Mundo Aparte de Rosario, destacó que “el proyecto es nefasto para la fauna silvestre ya que implicaría un retroceso de 3 ó 4 décadas en materia de protección y conservación de la fauna”. Los cambios en la normativa, afectarían la protección de especies como el yaguareté, puma, ñandú y pecarí.
En una carta de principios de esta semana, el Observatorio de lo Silvestre calificó al proyecto como “desatinado” y manifestó su “más profunda preocupación”. Además, solicitaron una audiencia con Scioli con el objetivo de “trabajar en la no derogación de las normativas que regulan y limitan la actividad cinegética, así como, en la creación del Registro Nacional de Cazadores (exigido por el Decreto Reglamentario Nº 666/97 de la Ley Nacional Nº 22421)”.
“Sostenemos que debe respetarse -continuaron en la misiva- y primar el principio de progresividad que lleva ínsito el de no regresión, como el de sustentabilidad previsto en nuestra legislación ambiental N°25.675(LGA) y que Resoluciones: 62/83, 24/86, 63/86, 793/87, 53/91, 351/95, 133/98, 208/98 y 133/22 resultan un instrumento central para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona conforme los art. 1 y 2 de la Ley Nacional de Conservación de Fauna N°22.421”.
Fuente Tiempo Argentino
