El lunes, el Gobierno anunció el Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista “para mejorar la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de cuidados de las personas con TEA”. Pero dos puntos trajeron polémica: no tendrá presupuesto extra y encierra el peligro de un sobre diagnóstico y «rotulado» en las infancias. Tres días después, se conoció el suicidio de un trabajador no docente de la UBA. Otro signo de estos tiempos angustiantes.
Para hablar sobre la situación actual de la salud mental en la Argentina, Tiempo dialogó con Gabriela Dueñas, doctora en Psicología y licenciada en Educación, que obtuvo el Premio Konex en Psicología 2026 y que acaba de editar su libro El malestar en la cultura del siglo XXI, presentado esta semana en el Congreso de la Sociedad Argentina de Salud Mental.
-¿Qué pensás del anuncio del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA)?
-Me genera una profunda inquietud. No porque desconfíe de la necesidad de políticas públicas en salud mental, sino porque su lógica de base es profundamente contradictoria con el enfoque de derechos que la misma Argentina ha suscrito en sus leyes. El plan se presenta como una garantía de acceso, pero el mecanismo que propone -un diagnóstico que habilita derechos- no es más que un «peaje» costoso. Para acceder a una educación inclusiva o a un acompañante terapéutico, el sistema exige un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este certificado obliga a las familias a declarar a su hijo, en el papel, como una persona con una discapacidad «grave» o «completa». Se trata entonces de un dispositivo que, bajo la máscara de la protección, condiciona derechos fundamentales a la patologización de la diferencia. No estamos discutiendo si hay que ayudar a las familias: estamos discutiendo cómo. Y el cómo no puede ser a costa de la subjetividad de los chicos. Este es un acto de violencia simbólica. Un dispositivo perverso que convierte un diagnóstico en un pasaporte, pero a un costo altísimo para la subjetividad del niño o adolescente.
-¿Qué hace al autismo un mal de época?
-El autismo, tal como se diagnostica hoy, es un «cajón de sastre» donde depositamos sin tamiz alguno cada problema de retracción, cada síntoma de desafiliación, cada forma de introversión que no encaja en un molde social rígido. El propio concepto de «espectro» autista, acuñado por Uta Frith hace décadas, ha sido estirado hasta el punto del colapso, como ella misma lo ha reconocido recientemente. Lo que convierte al TEA en un «mal de época» no es un aumento real de una condición neurobiológica, sino la crisis de un sistema que no puede alojar la diferencia. En una sociedad que exige rendimiento, productividad y una «felicidad» sistemática, la singularidad se vuelve un obstáculo. Entonces, en lugar de preguntarnos por el contexto -una familia angustiada, una escuela expulsiva, un entorno digital que coloniza la subjetividad-, etiquetamos al niño. En línea con las actuales lógicas neoliberales, se trata de una operación de «privatización» del sufrimiento. Atribuimos al sujeto la causa de su propio malestar, eximiendo al entorno: Estado -familia, escuela, mercado, pantallas- de toda responsabilidad. La proliferación de diagnósticos no es una epidemia de autismo, es una epidemia de diagnósticos. Es el síntoma de un mundo adulto que ha perdido la capacidad de escuchar y ha delegado en la psiquiatría y la industria farmacéutica la tarea de nombrar su propia impotencia.
-¿Cómo apoyar la idea de poder afrontar una política pública contra el autismo sin patologizar?
-La clave está en un cambio de paradigma radical: pasar de un enfoque basado en el «déficit» a uno basado en la «diversidad» y el «diseño universal». En lugar de darle un «horario visual» solo al niño con TEA, se debe implementar un rincón de planificación visible para toda la clase. En lugar de que solo él use auriculares, hay que crear una caja de herramientas sensoriales disponible para cualquiera que lo necesite. Una política pública no medicalizante debe garantizar apoyos universales y ajustes razonables sin exigir un certificado de discapacidad. El objetivo no debe ser «adaptar para el estudiante con TEA», sino «diseñar el aula, la escuela y la comunidad para la diversidad». Esto implica destinar presupuesto a equipos interdisciplinarios en las escuelas, a la formación docente y a espacios comunitarios de contención, en lugar de invertir en psicofármacos y certificaciones que estigmatizan.
–¿Cómo ves la política de salud mental del Gobierno? ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente y cómo ves el tema suicidios?
La política de salud mental del Gobierno actual no solo es cruelmente insuficiente, paupérrima, sino que además es profundamente regresiva. El desfinanciamiento de los programas de salud mental, el abandono del enfoque comunitario que propone la Ley 26.657 y la retórica negacionista que desconoce la dimensión estructural del sufrimiento son extremadamente preocupantes. El ajuste no es un dato frío. Implica recortes en salud/salud mental crueles, de desmantelamiento de políticas de cuidado, acompañados de un mensaje implícito perverso de que quienes sufren «no se esfuerzan lo suficiente». Lo que más me preocupa es el incremento sostenido del suicidio adolescente, que ya es la primera causa de muerte violenta en Argentina. No son números, son hijos, alumnos, sueños rotos. Este fenómeno es el síntoma más brutal de una sociedad que ha roto los hilos que sostienen la vida: la esperanza, el sentido de pertenencia y la posibilidad de un porvenir digno.
Reducir el suicidio a una «enfermedad mental» descontextualizada es una simplificación que nos impide ver el cuadro completo. Es un fenómeno multicausal donde la precariedad, el aislamiento y la falta de adultos disponibles juegan un papel central. Un joven que no encuentra horizontes laborales claros, que ve cómo el esfuerzo no garantiza nada, se enfrenta a una pregunta insoportable: ¿para qué?
–¿Cuál sería la mejor manera de abordar esa problemática?
-La mejor manera de abordar el suicidio adolescente es desde una perspectiva de salud mental comunitaria, que implica una respuesta multisectorial y un compromiso ético de toda la sociedad. Requiere, en primer lugar, dejar de mirar para otro lado y asumir que el problema nos interpela a todos como sociedad. Desde el psicoanálisis sabemos que el deseo se sostiene en el lazo con el otro. Por eso, la prevención más eficaz es fortalecer los lazos comunitarios.
Además, se necesita inversión en salud mental comunitaria (equipos en territorio, centros de escucha y hospitales de día, como lo establece la Ley de Salud Mental); inversión y formación docente: no para que sean psicólogos, sino para que sepan detectar el sufrimiento y ofrecer un oído atento; desmedicalizar el sufrimiento (preguntar «¿qué te pasa?» en lugar de «¿qué tenés?», y evitar la farmacologización como primera respuesta); políticas de empleo joven con sentido (restaurar el lazo social a través del trabajo y el reconocimiento); y exigir el cumplimiento de las leyes para garantizar que ningún joven quede sin al menos un vínculo confiable y sostenido. Prevenir el suicidio es, ante todo, tejer redes de vida. Es restaurar el tejido social, ofrecer a las nuevas generaciones un futuro con sentido y ejercer una política de la escucha que no delegue el sufrimiento en el silencio. Como sostengo en mi trabajo, el dolor psíquico no se resuelve con etiquetas, se teje en el encuentro. «
La ética del cuidado colectivo
Dueñas se refiere a su flamante libro El malestar en la Cultura del Siglo XXI: «Es un intento de cartografiar el sufrimiento psíquico que define nuestra época. Frente a la narrativa hegemónica que individualiza y medicaliza el malestar, propongo una lectura radicalmente distinta: las ‘patologías epocales’ -psicopatías, depresión, pánico, autolesiones, consumos problemáticos y proliferación de diagnósticos en infancias- no son anomalías aisladas, sino síntomas de un orden social enfermo, producto del neoliberalismo. Frente a la maquinaria que nos enferma, una ‘ética del cuidado colectivo’ como antídoto contra la crueldad».
Fuente Tiempo Argentino
