Las integraciones de la Corte Suprema desde el retorno de la democracia hasta hoy tuvieron distintas configuraciones de acuerdo a las coyunturas históricas y los objetivos de
los líderes políticos que las conformaron.
Apenas recuperada la democracia, el presidente Raúl Alfonsín acometió una renovación total de la Corte procesista, en medio de una fuerte pugna interna en el radicalismo entre quienes sostenían que el máximo tribunal debía entender que el pasado era políticamente “irrevisable” y quienes, por el contrario, señalaban a la dictadura como un régimen aberrante que debía ser juzgado.
La elección de juristas que hizo Alfonsín matizó estas diferencias y terminaron como ministros Genaro Carrió, José Caballero, Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, todos juristas reputados que representaban distintas corrientes del Derecho, la política y la tramitación de ese pasado ignominioso.
Esta concepción del radicalismo de diseño de una Corte heterogénea y plural que no obstante atendiera la coyuntura, cambio con el triunfo del candidato peronista Carlos Menem en 1989 y la ampliación del máximo tribunal de cinco miembros a nueve en 1990.
Menem eligió sus candidatos bajo un principio de fidelidad en las decisiones al proyecto de Gobierno y fue así como se fue acuñando el concepto de “mayoría automática” que encarnaron por sus votos los ministros Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano.
Muestra de esa connivencia entre el Ejecutivo y la Corte fue la presidencia durante nueve años de Nazareno, socio en el estudio jurídico del hermano del presidente, Eduardo, y con muy pocos pergaminos como jurista.
Si bien no integraba la mayoría automática -aunque a menudo votaba con ella-, el socialista Fayt acudía a los “superiores intereses de la Nación” como respuesta última cuando se le cuestionaban fallos polémicos como el Plan Bonex (canje compulsivo de depósitos por títulos públicos) o la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Entre las muchas decisiones que tomó la Corte menemista se recuerdan el aval a la privatización de Aerolíneas Argentinas, la absolución de Mauricio y Franco Macri en un caso de contrabando de autopartes, la criminalización de la tenencia de droga para consumo personal, la denegatoria de personería jurídica para la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y hasta el cuestionamiento al cómico Tato Bores por la emisión de una sátira a la jueza María Servini.
La gestión corta de la Alianza, signada por una progresiva degradación política y económica, no generó cambios ni de composición ni de estilo en la Corte, ni tampoco el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, a excepción del nombramiento del actual miembro del tribunal, Juan Carlos Maqueda, en 2002.
El cambio llegaría con el gobierno de Néstor Kirchner y su decisión fundante de renovar la Corte para que la “mayoría automática” no condicionara su gestión y para que el sistema institucional argentino recuperara uno de sus instrumentos fundamentales.
Solo diez días después de asumir, y ante unas declaraciones de Nazareno en las que amenazaba con redolarizar los depósitos pesificados, por cadena nacional Kirchner pidió al Congreso que acelerara el procedimiento de juicio político a los miembros de la Corte menemista.
“Es el pasado que no entiende lo nuevo, que se resiste a encarar cambios, no entiende que no estamos dispuestos a negociar el resultado de cuestiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver y que largamente exceden las cuestiones económicas que se explicitan para confundir a los ciudadanos”, zanjó el entonces Presidente en su primera medida de alto impacto.
El ciclo estaba cumplido y los jueces de la Corte “adicta” fueron renunciando y en su lugar fueron llegando Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen M. Argibay y Ricardo Lorenzetti, para devolver al tribunal el prestigio perdido.
Con dos vacantes a cubrir por la renuncia de Zaffaroni al cumplir 75 años y el fallecimiento de Argibay, el flamante presidente Mauricio Macri sorprendió cuando designó por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti sin elevar las candidaturas al Congreso, aunque poco después fueron validados por el Senado.
La Corte ahora parece estar finalizando un nuevo ciclo, acelerado por la reforma judicial del gobierno, y la constatación de estar atravesando una situación interna que le impide tomar decisiones relevantes hace ya mucho.
El presidente Alberto Fernández adelantó ya que “la Corte Suprema está funcionando mal” pero delegó un diagnóstico más completo en el consejo de notables que en poco tiempo más deberá ofrecer un análisis y tal vez una propuesta superadora para su mejor desempeño.
