Ahora el Gobierno también quiere que excarcelen al hijo de Lázaro Báez

Martín Báez se lo excarcele, ya que ni siquiera correspondía su prisión preventiva. El mayor de los hijos varones de Lázaro Báez está preso por lavado de dinero.

Al igual que la presentación a favor del ex secretario de Transporte kirchnerista, la semana pasada el Gobierno a través de la Secretaría de Derechos humanos que depende de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, realizó un pedido de similares características a favor de Martín Báez.

En este caso pidió directamente la excarcelación, avalando un pedido de la defensa presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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El hijo de Báez está acusado de haber tomado decisiones financieras respecto a las empresas de la familia pese a que todas están intervenidas por la justicia, y esas operaciones están expresamente prohibidas. Los manejos del joven Báez fueron interpretados como una obstrucción al accionar judicial, y justificaron su detención con prisión preventiva.

La UIF de la gestión macrista presentó un informe en agosto del 2018 sobre la existencia de efectivo y valores por 3 millones de euros en una cuenta del Banco CBH LTD de Bahamas, de la firma Eastern Shoreline Limited, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina, y “cuyos montos provendrían de la firma Kinski SA”. Esa otra empresa completaba la supuesta triangulación de fondos que estaban vigilados por la justicia.

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Esos movimientos prohibidos, acreditados por el fiscal Abel Córdoba llevaron al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -que juzga a la familia Báez por haber lavado 60 millones de dólares en “la ruta del dinero K”- a ordenar la detención de Martín, en febrero de 2019.

Ahora, ante la Casación, el secretario Pietragalla solicitó la libertad del hijo del empresario K.

En la misma sintonía que el escrito a favor de Jaime -condenado por la Tragedia de Once y acusado de dádivas-, Pietragalla sostuvo que la decisión de que el hijo de Lázaro siga preso “podría acarrear una responsabilidad internacional para el Estado argentino”, porque es arbitraria y está “reñida con el Estado de Derecho” y con la jurisprudencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El funcionario sostiene que, por eso, su intención es “evitar que la continuidad de la prisión preventiva del imputado Martín Báez repercuta en responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

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Hace una semana, el TOF 4 había rechazado concederle el arresto domiciliario a Martín Báez, sosteniendo que “los hechos que se le imputan no presentan una escasa lesividad, en tanto no sólo es grave en relación con la pena en expectativa del delito que se le atribuye, sino también por las características e implicancias del hecho”.

Además, los jueces remarcaron que Martín Báez representa “riesgos procesales significativos y que su detención cautelar no superó los plazos establecidos”.

Al respecto y ante la queja de la defensa, el Gobierno se dirigió ante el Máximo Tribunal Penal señalando que en este caso ni siquiera corresponden un arresto domiciliario, sino “su libertad ya que no fue condenado y es un ejemplo del abuso de las prisiones preventivas”.

Pese a que, como contó Clarín, en la Casa Rosada sostienen que la decisión del secretario Derechos Humanos fue inconsulta con la ministra de Justicia y que hasta el propio Presidente se enteró cuando el “hecho estaba consumado”, Pietragalla actuó como funcionario del Gobierno bajo la figura de amicus curiae, algo “improcedente porque no tiene porqué presentarse en casos de corrupción “, señalaron em Comodoro Py.