Pese a que la concesión de prisiones domiciliarias quedó suspendida en la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Justicia -del que depende el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)- aún tiene un frente que resolver: se
otorgaron al menos 599 domiciliarias en el último mes sin monitoreo electrónico de los detenidos. Ahora, a través del ministerio de Justicia, el gobierno nacional envió 150 tobilleras a su par en territorio bonaerense.
De las 57 cárceles bonaerenses 1.607 presos salieron desde el 17 de marzo, algunos de ellos bajo la figura del arresto domiciliario. Si se divide por la cantidad de días, la cuenta da que salieron en ese lapso 50 presos por día, uno cada media hora en promedio.
De ese universo de internos, 150 consiguieron la morigeración de su detención después de la resolución del Tribunal de Casación que llevó la firma del juez Víctor Violini, recomendado que aquellos detenidos con delitos leves y penas próximas a cumplir, puedan cumplir sus condenas en sus casas.
Además de la polémica por las excarcelaciones masivas, la dificultad se plantea al momento de ejercer el control electrónico sobre quienes van obteniendo los arrestos domiciliarios. Según las cifras oficiales, el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 1.950 tobilleras en uso, y una “lista de espera” de 250 personas para obtener uno de esos aparatos que les permite dejar la celda y dormir en el domicilio. La Provincia analiza licitar la compra de 2.000 tobilleras más.
Pero el proceso debería realizarse a través de un concurso público que demandaría mucho tiempo para el problema inmediato que se debe resolver.
Si bien por una decisión de la Corte Suprema de Justicia bonaerense quedaron suspendidas las morigeraciones que se concedían con el habeas corpus firmado por Violini, aquellas que fueron otorgadas por ahora no se retrotraen.
La cantidad de tobilleras entregadas por Nación es insuficiente al lado de las domiciliarias que fueron otorgadas, sin embargo esperan un auxilio más. El Servicio Penitenciario Federal, que depende de Marcela Losardo, por primera vez no tiene sobrepoblación en sus cárceles.
Desde que comenzó la cuarentena total y con 1.280 presos de riesgo ante el coronavirus, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los jueces que procedan con el otorgamiento de prisiones domiciliarias a esos detenidos, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves. Se otorgaron 321 morigeraciones, término con el que la justicia describe el cumplimiento de una sentencia fuera de una celda. Esa medida disminuyó la población carcelaria, a punto tal que las prisiones federales tienen plazas disponibles.
Las cosas son muy distintas en la Provincia, donde la sobrepoblación carcelaria es casi del 50%: cuenta más de 40.000 detenidos, y sólo tiene espacio físico para 25.000. A este cuadro se suma un agravante: hay 2.468 presos “con patologías de alto riesgo” ante el coronavirus.
Por ello, el ministerio de Justicia bonaerense analiza diversas alternativas para la obtención de tobilleras electrónicas. Ahora, las 150 recibidas por la Nación serán colocadas a aquellos internos que cometieron delitos graves y que se encuentran en sus casas.
Los dispositivos electrónicas funcionan en una especie de comodato. Es una licitación por el servicio, ya que se desactualizan y el Estado no tiene capacidad técnica hoy de gestionar el sistema. El año pasado, se pagaban por mes 30 millones de pesos por la colocación y el monitoreo de 2.200 a 3.000 tobilleras.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
