Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que llevan adelante la causa por el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner, le pidieron al juez Juan Pablo Augé que
procese a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el titular y la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. También pidieron procesar al ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste. Y ya estaba previamente procesado el ex jefe de Operaciones Especiales de Contrainteligencia del organismo oficial, Alan Ruiz, que era quien coordinaba los operativos.
El juez Augé tiene hasta el 4 de agosto para resolver la situación procesal de Arribas, Majdalani y Coste, quienesestán imputados por actividades de espionaje ilegal. Si acepta el pedido de Incardona y Eyherabide podría haber un giro en la causa, que se había centrado previamente en los agentes que estaban a cargo de Alan Ruiz, pero no había seguido las pistas hacia los funcionarios que condujeron el aparato de inteligencia oficial entre 2015 y 2019. Esta orientación judicial podría incluso conducir la investigación hacia el ex presidente Mauricio Macri.
Es que los fiscales sostuvieron que quienes espiaron a Cristina Kirchner “habrían ejecutado órdenes recibidas por parte de Silvia Majdalani”; y luego ella, junto con Arribas, intentaron ocultar esas tareas de espionaje ilegal, con la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.
En el expediente judicial, el juez Augé aseguró que los agentes de la AFI “tenían que observar y vigilar en los lugares señalados por Alan Ruiz, con fin de detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”.
“Es decir que tales tareas nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificada, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados G 20 y los Juegos Olímpicos para la Juventud”, dijo Augé, en el expediente. Y agregó que la función de protección de una ex presidente no le compete a la AFI, ya que es una “tarea policial” que debía articularse con los “agentes que la custodiaban”.
La causa por la que se pidió el procesamiento de Arribas, Majdalani y Coste se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante el juez Federico Villena, en Lomas de Zamora. Pero luego se derivó al juez Augé, porque justamente había sido Villena quien había autorizado tareas de espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de la actual vicepresidenta.
La Cámara Federal de La Plata separó al juez Villena de la causa por el espionaje ilegal a políticos, gremialistas y periodistas, donde hay 23 imputados, derivándosela al juez Augé, que ya tenía la del espionaje al Instituto Patria. Ambas causas las tiene ahora el Augé, quien delegó la investigación en los fiscales Incardona y Eyherabide.
Según aseguran dirigentes que participaron en la gestión de Cambiemos en el área de Justicia, quien impulsó la llegada de Villena al juzgado de Lomas de Zamora fue la propia Majdalani. Por eso, Villena prefería dejarla fuera de este expediente, pese a que varios ex espías declararon que Ruiz y Coste reportaba directamente a Majdalani.
En caso que el juez Augé acepte el pedido de los fiscales y procese a Arribas y Majdalani, la causa podría potenciarse, ya que hasta ahora los ex jefes de la AFI macrista no habían sido involucrados por la Justicia como sospechosos del espionaje ilegal.
El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista sostuvo que las tareas “de observación” eran actividades de prevención legales, ante posibles “actividades anti sistémicas”. Y planteó que el área que organizó esas actividades era la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Alan Ruiz y Martín Coste, quienes dependían de Majdalani.
Los abogados de Arribas consideran que estos hechos ya fueron juzgados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el año 2018, quien resolvió su sobreseimiento -y el de Majdalani- por inexistencia de delito. Por eso pidieron que la causa se tramite en Comodoro Py, ya que los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Federal sorteó esa causa y quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien dispuso certificarla, tal como pidió el fiscal Carlos Stornelli. Esto significa que la jueza va a analizar si corresponde pedir que la causa vuelva a Comodoro Py o se siga sustanciando en Lomas de Zamora.
Mientras se dilucida eso, el juez Augé le imprime máxima velocidad a la causa, con el objetivo de resolver la situación procesal de los ex jefes de la AFI macrista y de Martín Coste, tal como ya hizo con el ex director de Operaciones, Alan Ruiz.
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