Los voceros dijeron que Casación “hizo
lugar a una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que denegó un recurso de casación por considerarlo improcedente contra las sentencias citadas por las cámaras de apelaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal Federal”.
La discusión, señalaron las fuentes, “se centraba en si correspondía o no la intervención de la Cámara de Casación como revisor de la sentencia de Cámara de Apelaciones a partir de la implementación” de ese artículo.
El nuevo Código Procesal entró en vigencia en junio de 2019 sólo para la jurisdicción federal de Salta y Jujuy, pero fue puesto parcialmente en vigencia para todo el país por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código únicamente en lo que respecta a 10 artículos, dentro de los cuales está el 54″, explicaron los portavoces.
La resolución firmada ahora por Borinsky y Carbajo “fue dictada en línea con la doctrina que surge del fallo ‘Di Nunzio’ (Fallos 328:1108), en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la Cámara Federal del Casación Penal, en su carácter de tribunal intermedio, constituye el tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del artículo 14 de la ley 48”, de 1863, que regula la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.
Esa norma dispone, entre otras medidas, que “sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia” en determinados casos.
En la causa en cuestión se analiza el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico mediante la que confirmó el sobreseimiento de personas acusadas de evasión tributaria.
