En la Provincia aprobaron una ley para que los documentos públicos se hagan “con lenguaje claro”

formales con “lenguaje claro”. El objetivo, según explicaron los responsables de proponer la iniciativa es “busca garantizar el derecho de los ciudadanos a entender la información pública“. 

Tras la aprobación en Diputados, el Senado provincial convirtió en ley la medida que apunta a “simplificar la comprensión de los textos oficiales”. Se trata de una propuesta que se aprueba mientras en otras oficinas públicas -tanto de ámbitos nacionales como provinciales y municipales- se propone la utilización de “lenguaje inclusivo“.

“Se entiende por lenguaje claro, el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano”, explica la norma.

El alcance de la ley incluye a los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, entes públicos no estatales y empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Además, el Ejecutivo de la Provincia queda facultado a “elaborar un instructivo para su aplicación y es obligación para los poderes y entidades alcanzadas incorporar esta iniciativa dentro de sus planes de comunicación“.

“Me parece necesario tener una ley de lenguaje claro principalmente porque tenemos la obligación como funcionarios de garantizar la comprensión de todos los derechos y obligaciones que tienen los vecinos. Es clave la comunicación y que las decisiones que se tomen se puedan transmitir de una forma clara y efectiva, para eso es necesario usar un lenguaje claro y transparente”, explicó la diputada Laura Aprile (Juntos para el Cambio), impulsora del proyecto.

La diputada destacó que el uso del lenguaje claro “promueve el derecho al acceso a la información pública, da previsibilidad y seguridad con respecto a las decisiones”.

Por último, se destacó que por esta medida se apunta a “evitar que las entidades tengan que destinar tiempo y recursos para aclararle al ciudadano la información que los mismos perciben como poco precisa. Va a permitir que los ciudadanos ejerzan un control democrático sobre los actos públicos y esto va a reducir la discrecionalidad y fomentar la rendición de cuentas”.

FCR